El exministro, en declaraciones a los medios, dijo que “los procesos se venían dando en 2009 y tuve conocimiento en comités antievasión; supe que la Dian interpuso acciones que dieron resultados y la diferencia que existe es una actitud más decidida de la Fiscalía para evidenciar que sí había una estructura mafiosa”.
Explicó, además, que personalmente le pidió a la Fiscalía desde 2007 adelantar esa investigación, en momentos en que el director de la Dian era Óscar Franco: “Siempre cuando ocurren estas cosas la obligación es poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos que generen sospecha”.
A su turno el exdirector de la Dian, Néstor Díaz, reconoció que la Policía Fiscal y Aduanera le entregó un informe en el cual reportaba irregularidades que se venían presentando al interior de la entidad impositiva, por el tema de las devoluciones del IVA a empresas ficticias.
Sostuvo que bajo su orientación un grupo de empleados de la Dian empezaron a trabajar en el tema, pero aclaró que cuando se presenta un hecho criminal se parte de la inocencia de los implicados y desde ahí arrancó la investigación.
Incluso, el exdirector declaró que le reportó sobre estas irregularidades al propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, respetando la confidencialidad.
Hace un año, mediante la resolución interna 1481, la Dian integró una comisión de empleados para que realizara una inspección a los bienes de la firma Consultores y Asesores R&B, de la cual es dueña la señora Blanca Jazmín Becerra Segura, quien de acuerdo a lo denunciado por el gobierno nacional el jueves, sería el cerebro del cartel que desfalcó a la Dian.
El presidente Santos, incluso, reconoció que funcionarios de la Dianfueron extorsionados con $1.400 millones el año anterior, cuando llegaron a la cabeza de la organización delictiva.
Reportes
Según un reporte de Caracol Radio, el cuatro de abril de 2010 Díaz recibió el informe de la Policía Aduanera, en la que se recogía una denuncia instaurada en la Administración Seccional de Impuestos de Medellín en febrero de 2009.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía 40 especializada de la Unidad de Lavado de Activos, por presuntas irregularidades en el manejo que le dieron empresas del sector que exporta y comercializacon chatarra a la solicitud de devoluciones del IVA.
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