Una larga cadena de errores es el principal motivo que argumentó la Contraloría General de la República, para adoptar el fallo de responsabilidad fiscal en primera instancia por el caso de Hidroituango, cuya decisión involucra al precandidato presidencial Sergio Fajardo.
A título de culpa grave la Contraloría emitió fallo de responsabilidad fiscal, este lunes, por 4,3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas, como consecuencia del daño al patrimonio del Estado, por las presuntas fallas que afectaron la operación del proyecto. Lea: Contraloría pidió hacer efectiva póliza de U$102 millones por Hidroituango
Las fallas fueron encontradas por la entidad en la etapa de investigación, donde se analizó el proyecto desde su concepción, planeación y desarrollo, incluso desde los años noventa, hasta su ejecución.
Por esta razón, y como antesala a esta decisión, en diciembre de 2020, la Contraloría anunció la imputación de 28 funcionarios, de los cuales dos fueron exentos de responsabilidad en este fallo: Aníbal Gaviria, suspendido gobernador de Antioquia, y Jorge Mario Pérez Gallón.
Pero reafirmó la responsabilidad en contra del precandidato presidencial Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquía Luis Alfredo Ramos; el ex alcalde de Medellín Alonso Salazar; y 11 miembros de la Junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes, un exgerente de EPM y las empresas Integral S.A. Nit Diseñadores Asesores, Integral Ingeniería De Supervisión S.A.S., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A, Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A. Constructores De Los Túneles De Desviación, Sainc Ingenieros Constructores S.A., Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A Ingetec Interventores y Sedic S.A.
El vicecontralor general, Julián Mauricio Ruiz, señaló que “Hidroituango no puede ser catalogado como un hecho de corrupción, porque los actos no se ejecutaron con el fin de hacerle daño al proyecto o a los recursos públicos, pero si sin la falta de diligencia adecuada”.
Agregó que esta no es una decisión política, porque este tipo de afirmaciones “además de ser ligeras son irrespetuosas con los servidores de la Contraloría” y añadió que este fallo tiene su génesis en una veeduría ciudadana.
“La Contraloría no impone sanciones de inhabilidad, porque esta entidad lleva procesos con fines netamente resarcitorios de los daños al patrimonio público”, indicó.
NUBLADO PANORAMA PARA FAJARDO
Para Jorge Iván Cuervo, investigador de la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, si la Contraloría confirma esta decisión, esto no inhabilita a Sergio Fajardo para seguir en campaña, pero sí lo obligaría a retirarse debido a dos consecuencias directas.
“En primer lugar, esto se lo van a sacar en el debate, porque le van a decir usted fue negligente en el manejo de recursos públicos, y eso claramente afecta su imagen como candidato, haciendo la campaña no viable, pero adicionalmente para posesionarse tendría que ponerse al día económicamente, lo que es impagable para alguien como Fajardo, pues no solo tendría que endeudarse en los gastos de campaña, sino en pagar esto”, agrega Cuervo.
Agrega que si esto sucede le abriría más campo a Alejandro Gaviria.
Por su parte, el analista político Carlos Andrés Arias dijo que hasta que no se confirme la decisión, “en términos legales, no habría ningún tipo de sanción disciplinaria en lo penal, porque tienen derecho de réplica o de impugnar la decisión”.
Sin embargo, agregó que los efectos políticos para Fajardo “son devastadores, porque la imagen pública en construcción de la narrativa de transparencia y anticorrupción se caería por completo y no le permitiría avanzar en el voto de opinión y lo dejaría muy débil para hacer alianzas y coaliciones”.
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