En el Consejo de Estado se desarrolló este lunes la audiencia de pérdida de investidura contra el senador y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien no participó en 21 votaciones en el Congreso, entre el 2016 y 2017.
El alto tribunal tiene un plazo de 20 días para decidir si Uribe mantiene o no su curul, aunque se espera que continúe su labor como parlamentario puesto que su caso es el mismo que el del exsenador Iván Duque, a quien la Sala Quinta Especial del Consejo decidió mantenerle su investidura, tras escuchar argumentos similares a los que ahora cuestionan a Uribe en su colectividad.
La delegada de la Procuraduría General de la Nación, Diana María Vélez, explicó que una vez analizados los argumentos de la defensa del congresista, se consideró que Uribe no incurrió en 'ausentismo' puesto que justificó que en las ocasiones que no acudió al Capitolio Nacional tenía excusas médicas o tuvo problemas en las conexiones aéreas, además, en las ocasiones que estuvo presente participó de las plenarias donde se discutieron varios de los actos legislativos necesarios para realizar la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.
Entre tanto, la abogada Claudia María González, quien representa a Uribe, manifestó que el senador actuó en concordancia de los estatutos del Centro Democrático que estipulan que los congresistas deben cumplir con las decisiones de la bancada.
En el partido se había decidido no apoyar la implementación de los acuerdos de La Habana porque consideraron que no se respetó la voluntad popular con el resultado del plebiscito, en donde ganó el 'NO' con una cerrada votación.
"La conducta del demandado de no votar los proyectos de acto legislativo y proyectos de ley que desarrollaron para el acuerdo del fin del conflicto correspondió a una decisión de bancada del partido Centro Democrático, decisión que está amparada por decisiones constitucionales", dijo la abogada.
Por su parte, Nixon Torres, quien presentó la demanda contra Uribe, manifestó que la objeción de consciencia que invocó el expresidente de la República no puede ser causal para boicotear la normatividad del Congreso de cara a la aprobación de actos legislativos y proyectos de ley.
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