Fiscal denuncia dilaciones en procesos a militares

La fiscal Viviane Morales denunció que militares vinculados a investigaciones por violación a derechos humanos entorpecen y dilatan los procesos que se adelantan en su contra, en una práctica que, según dijo, constituye un acto de “deslealtad procesal”.
En una carta enviada a Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Morales aseguró que “miembros de la fuerza pública vinculados a procesos penales acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento”. 
La sustitución de abogados, agregó Morales, es una “práctica (que) se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (DEMIL), con sede en Bogotá, lo cual ha venido entorpeciendo y dilatando el juzgamiento de los casos conocidos como 'falsos positivos' “, o las llamadas ejecución extrajudicial de civiles a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. 
La Fiscal puso como ejemplo el caso de un subteniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares, quien está sindicado de haber asesinado a tres hermanos de 14, nueve y seis años, en octubre de 2010, en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
“Según informa el fiscal (del) caso, el procesado (Muñoz Linares) ha designado siete abogados defensores diferentes”, agregó Morales en su carta, divulgada por la Fiscalía en su página de Internet, al explicar que con el cambio de abogados los jueces se ven obligados a aplazar audiencias para asegurarse de que cada nuevo defensor tenga tiempo para estudiar el caso. 
Luego de conocer la carta de la Fiscal General, la dirección de la DEMIL aseguró que realiza su labor con “transparencia y eficiencia” y exigió a Morales precisar con nombres y fechas sus “generalizados señalamientos” sobre retrasos en casos de militares. 
“Rechazamos tajantemente el manejo mediático y la falta de oportunidad previa (de la Fiscal) para garantizar nuestro derecho a la réplica y, de contera, los derechos fundamentales de todos nuestros abogados y abogadas”, dijo la DEMIL en un comunicado divulgado en un correo electrónico. 
Además “preocupa...que se esté instaurando en Colombia una nueva visión del derecho penal del enemigo implicando en la práctica casi la imposibilidad de ejercer una defensa técnica frente a los soldados de la patria”. 
La fiscal Morales también denunció como irregulares las actuaciones procesales que ha habido en la investigación por el asesinato en 2008 de 11 hombres de Soacha --una barriada al sur de Bogotá-- que falsamente fueron presentados por militares como delincuentes abatidos en combate. 
Aunque libres, más de 50 uniformados están procesados por estos hechos. 
“En este caso no solamente no se ha podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, sino que los militares implicados adquirieron su libertad por causa de dilaciones que a la fecha no han permitido iniciar el juicio oral”, observó la Fiscal. 
Con su carta, según explicó, Morales aspira a que el Consejo Superior de la Judicatura tome las medidas que “sean necesarias y suficientes para instruir a los jueces penales del país acerca de la importancia de imprimir celeridad a los procesos que se adelantan por violación de derechos humanos”. 
El Consejo Superior de la Judicatura es el máximo juez disciplinario de jueces y fiscales de Colombia. 
De acuerdo con la Fiscalía, hasta noviembre del año pasado --datos más recientes-- al menos 1.100 militares eran investigados y otros 276 habían sido condenados por el asesinato de al menos 2.600 civiles en los últimos años.