La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la decisión de la jueza 10 especializada de Bogotá de absolver a Mario Arangurén y Luis Eduardo Daza, ex directivos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), por las 'chuzadas' del DAS.
La decisión de la jueza absolvía a Aranguren y Daza en el proceso que se les adelantaba por presuntamente entregar información privada de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y políticos de oposición al DAS.
En la decisión judicial, el fiscal que fue nombrado para conocer de este caso, presentó su recurso argumentando además que necesita tiempo extra para presentarlo puesto que no ha tenido conocimiento integral de la prueba de la defensa de los dos procesados.
Por su parte, el abogado defensor de Aranguren, Ricardo Calvete, dijo que la apelación es “sorprendente” y que “no hay derecho” a que la Fiscalía presente la apelación, dos meses después de que en los alegatos de conclusión en audiencia pública la Fiscalía General solicitará la absolución de los acusados.
“Esto es muy grave y yo creo que esto si amerita que el país le ponga atención a esto. No hay derecho a que este tipo de situaciones se presente, no se puede utilizar la estrategia de cambiar un fiscal al momento de la sentencia para pedir el aumento del plazo para presentar los recursos frente a la decisión”, dijo Calvete.
Igualmente calificó la petición como “irresponsable e injustificada” puesto que no se entiende cómo puede decir que no conoce las pruebas en este proceso, solicitud que fue negada por la juez.
En el fallo de la jueza 10 especializada de la Capital se consideró que no existían pruebas que permitieran inferir la participación de los dos exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de función pública.
En este punto aseguró que se pudo demostrar con pruebas documentales que el dicho de algunos testigos no coincidía con la verdad, ya que se pudo evidenciar que las reuniones citadas nunca existieron, así como las llamadas en las que se pedía información para enviársela a la Presidencia sobre las transacciones bancarias que realizaban los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como el periodista Daniel Coronell.
Para la jueza, es claro que Arangurén no incurrió en una actividad irregular puesto que la Uiaf podía recolectar y analizar esta información por solicitud de los diferentes organismos del Estado, entre los cuales se destacaba el DAS.
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