Colombia


“Fiscalía avanza a dos velocidades”: Iván Cepeda sobre el caso Uribe

COLPRENSA

07 de febrero de 2021 01:16 PM

No se ha proferido ninguna decisión de fondo sobre el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos

Aunque hasta el momento no ha proferido ninguna decisión de fondo sobre el caso, la desconfianza sobre la imparcialidad del fiscal delegado Gabriel Jaimes, en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, ha ido aumentando en su contraparte, el senador Iván Cepeda.

En noviembre del año pasado, un juez de conocimiento estableció que el llamado a indagatoria que había hecho la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario y que justificó su detención, equivalía a una imputación de cargos y por ende, el paso siguiente era que la Fiscalía lo acusara formalmente ante la justicia o precluyera la investigación.

Esa determinación no se ha producido, y, aunque, de acuerdo con la ley, Jaimes tiene aún algunas semanas para proferirla, Cepeda considera que es evidente que el fiscal delegado está buscando dilatar la investigación o dejar sin piso las pruebas que había practicado la Corte, para justificar una preclusión de la investigación.

“Estamos en ese proceso de entender lo que está haciendo la Fiscalía”, le dijo el senador a COLPRENSA.

Esta semana, Cepeda y su equipo de abogados le pidieron a Jaimes que explique si es cierto que ordenó la práctica de 100 pruebas en el caso, pese a qué la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, antes de ordenar la detención de Uribe, había recopilado ya miles de horas de grabación y escuchado a decenas de testigos, durante varios años de investigación.

“Lo que no se nos ha dicho es por qué esas pruebas están siendo practicadas de nuevo. Lo que no se pudo conseguir ante un juez se intenta hacer de esta nueva manera”, señaló el senador. Y agregó: “Hemos visto la intención de Jaimes que ahora se manifiesta de otra manera. Evidenciamos que el fiscal busca que las pruebas que trabajó la Corte, en su momento, no queden en pie”.

Desde que el caso fue puesto a cargo de Jaimes, Cepeda y sus abogados buscaron que se declarara impedido o fuera apartado de la investigación, según ellos, porque no daba garantías de imparcialidad. Su petición, sin embargo, fue desestimada.

LAS COINCIDENCIAS DEL FISCAL Y LA DEFENSA

Después de la renuncia de Uribe a su cargo de Senador y de que el caso pasó a manos de un juez, la Fiscalía ha coincidido con frecuencia con las posiciones de la defensa de Uribe.

En las audiencias preliminares que se adelantaron finalizando el 2020 y en las cuales la defensa de Uribe pidió su libertad, el fiscal Jaimes respaldó esa petición, aunque aclaró que esa postura no era un “abrebocas” de lo que vendría en la investigación. En ese momento aseguró que abordaría el expediente de manera imparcial.

Posteriormente, estuvo de acuerdo también con los argumentos de la defensa, en el sentido de la indagatoria que hizo la Corte Suprema contra el expresidente no equivalía a la imputación de cargos. Esa tesis, que acogió la juez de primera instancia, pero que finalmente fue revocada por el de segunda, habría significado que el caso tuviera que retomarse prácticamente de cero.

El mismo argumento le sirvió al fiscal Jaimes para respaldar a la defensa de Uribe en la tutela que Jaime Granados, abogado de Uribe, presentó para tumbar la condición de imputado. Pese al apoyo de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá negó la acción, que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Para Cepeda, todas estas actuaciones demuestran la falta de imparcialidad del fiscal Jaimes en el caso, a lo que suma una preocupación por las dos “velocidades” en las que trabaja la Fiscalía.

“En la Fiscalía existen dos velocidades. Las solicitudes de la defensa de Uribe son atendidas inmediatamente, pero los recursos y peticiones que hemos puesto desde nuestro lado parece moverse a velocidad de tortuga”, dijo el militante del Polo Democrático aduciendo que el ente acusador se movió de manera diligente cuando declararon la extinción de dominio sobre uno los bienes del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pero no actuaron de la misma manera cuando solicitaron la extinción sobre el avión del abogado Diego Cadena, uno de los apoderados de Uribe y procesado por los mismos hechos.

LO QUE VIENE

Hasta el momento para Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, todos declarados como víctimas en el proceso, no son claras las intenciones de la Fiscalía sobre el expediente. Sin embargo, tienen presente que el ente acusador aún tiene un mes para establecer el futuro judicial del expresidente.

Para el penalista Iván Durango es decisión de la Fiscalía si sigue adelante o no con el expediente y la investigación. “La Fiscalía tiene el deber constitucional de investigar las conductas que supone ha cometido algún ciudadano en calidad de autor o participe. Es entonces ese momento procesal en que la Fiscalía con los elementos de prueba tendrá que tomar esa decisión”.

En este caso, como Uribe está en calidad de imputado, el penalista señaló que el fiscal tiene un plazo de 120 días para presentar el escrito de acusación o en su defecto precluir la investigación, no obstante, la Fiscalía no ha dado indicios sobre cuál puede ser el próximo movimiento.

Sin embargo, el senador Cepeda señaló que “estamos estudiando qué clase de acción viene. Lo hemos dicho el fiscal Jaimes no garantiza que podamos actuar de una manera satisfactoria en este proceso porque no actúa de manera imparcial. Tiene un intención que es buscar que se precluya la investigación del exsenador”.

Las partes además de esperar la notificación de lo que sigue en el expediente, se encuentran expectantes por la decisión que tome la Corte Suprema en la impugnación de la tutela que presentó Granados. Lo paradójico es que Uribe renunció a su cargo como Senador para que su proceso no estuviera en manos de la Corte y ahora tiene que esperar de nuevo una determinación de ese alto tribunal.

EL PROCESO

Cabe mencionar que la Corte abrió el proceso en contra de Uribe en julio de 2018, al archivar una investigación en contra de Cepeda por los mismos hechos por los que es investigado el expresidente en este momento.

La puja judicial en este caso se da por cuenta de manipulación de testigos, más exactamente, porque Diego Cadena uno de los abogados del expresidente habría ofrecido dinero y favores judiciales a exparamilitares recluidos en diferentes cárceles del país para entregar a la Corte un concepto favorable sobre su cliente.

El alto tribunal avanzó con la investigación que contó no solo con pruebas testimoniales, documentales, sino también el llamado a indagatoria del exsenador, y culminó con la detención en su lugar de residencia.

En su momento, los cinco magistrados que estuvieron a cargo de la decisión expresaron que las pruebas indiciarias en contra de Uribe Vélez frente a su participación en la manipulación de testigos eran tan “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”, que una medida diferente a la detención domiciliaria no podía ser viable en un proceso de esta magnitud.

Aunque el expediente prometía seguir su curso en el alto tribunal la renuncia inminente al Senado dejó al expresidente sin fuero, por lo que fue procesado por la justicia ordinaria. Desde ese entonces, el senador Cepeda luchó para que no ocurriera, pues tenía la certeza que el proceso no se movería de la misma manera como lo hizo mientras estuvo en la Corte Suprema.

Cepeda en ese entonces recusó al fiscal general Francisco Barbosa y a Jaimes, por supuesta parcialidad.

En el caso del jefe del búnker, el senador expuso que su cercanía con el expresidente podría generar un manto de duda sobre las decisiones, y en el caso de Jaimes, dejó claro que la enemistad por un proceso diferente que aún se mueve en estrados judiciales le podría generar un manto de imparcialidad por la enemistad generada.

No obstante, ni el fiscal general, ni Jaimes coincidieron en un posible impedimento de su parte por lo que avanzaron con sus funciones, incluso la Corte Suprema de Justicia en ese caso no le dio la razón a Cepeda. No obstante, el militante del Polo Democrático no descarta adelantar nuevas acciones en su contra, una vez se conozca las intenciones del ente acusador en el proceso.