Miguel Enrique Franco, prófugo alcalde de Nechí, Antioquia, fue capturado en las últimas horas tras un operativo de la Fiscalía y las Fuerzas Militares. El mandatario fue sentenciado a cinco años por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Señala el expediente que estando en su primer periodo en el primer cargo del municipio, el entonces mandatario modificó el manual específico de funciones y requisitos que regía en el municipio para eliminar el requisito de estudios mínimos exigidos para aquellos candidatos que aspiraran a asumir como secretario de despacho.
La sentencia señala que la modificación se hizo para dar apariencia de legalidad al decreto con el que Everilda Liseth Osorio Martínez fue designada como secretaria de Hacienda y tesorera de Nechí, pese a que no contaba con los registros académicos y de experiencia para ejercer esas funciones.
Ante un juzgado de Caucasia, la Fiscalía le imputó en 2009 el delito de prevaricato y, además, pidió medida de aseguramiento en contra de Franco, pero el despacho negó la solicitud. Tras las audiencias posteriores, el exmandatario no fue hallado culpable, por lo que la Fiscalía apeló las decisiones que fueron dirimidas por el alto tribunal
En su providencia, el magistrado José Luis Barceló recordó que los títulos exigidos para que una persona asuma un cargo de nivel directivo en un municipio de sexta categoría “no pueden ser disminuidos por ningún mandatario municipal al expedir o modificar el manual específico de funciones y requisitos”.
Para el caso de Nechi, catalogado bajo esa categoría, para un cargo de esa naturaleza se exige que la persona tenga un título profesional o tecnólogo afín a sus funciones y que tenga experiencia profesional o como docente. Esa fue la condición que eliminó el mandatario de entonces.
Con esa maniobra administrativa Osorio Martínez se posesionó como secretaria de Hacienda y Tesorera al cargo, ya que en su hoja de vida solo constaba que era bachiller técnica administrativa y que laboró un año como cajera en el granero La Gran Esquina, de Caucasia.
Durante el transcurso de la investigación, la Alcaldía aportó al expediente una hoja de vida con soportes en los que se aseguraba que la funcionaria era tecnóloga en Administración de Empresas y que fue asistente del área financiera en una firma llamada FRM Asesores, pero dicha documentación resultó falsa, por lo que la mujer fue imputada por delitos contra le fe pública.
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