Por medio de una carta dirigida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucia Olano, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le solicitó se considere la posibilidad de designar un juez y un magistrado para que “se dedique exclusivamente” a llevar el proceso judicial del caso ‘Interbolsa’ que ya completa cuatro años sin tener avisoramiento de ser culminado.
“Me veo en la obligación de renovar nuestras solicitudes del 23 de diciembre del 2016 y el 13 de enero de 2017, en el sentido que considere la posibilidad de designar un juez y magistrado con dedicación exclusiva para atender este proceso o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de esa Corporación, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no culminen con fallos absolutorios”, se lee en el documento.
Sumado a esto, el fiscal mostró su preocupación e hizo una radiografía del proceso luego de percibir que en la etapa de juzgamiento no se han tenido avances.
“Me dirijo a su Despacho con el propósito de expresarle la preocupación de la Fiscalía General de la Nación en relación con el curso del juzgamiento del caso conocido públicamente como ‘Interbolsa’ cuyos hechos se contraen al mes de noviembre del año 2012 y donde se radicó escrito de acusación desde marzo del año 2014 es decir hace ya tres años”.
Por lo que añade en su documento que pese a este tiempo “aún no es posible hacer un pronóstico claro respecto de la época que culminará ese juicio, ya que cuatro años después de haberse formulado la imputación, continuamos en audiencia preparatoria sin que se avizore la iniciación del juicio oral”.
En la misiva, el fiscal asegura que la dilación del proceso obedece no solo a la complejidad del caso, sino también a la carga laboral que tiene el despacho, pues el jefe del ente acusador ha conocido que en muchas ocasiones, las audiencias han sido reprogramadas por cuenta de inasistencias entre otras causas, lo que permite favorecer la estrategia de la defensa.
En el mismo documento, el fiscal dejó en evidencia “algunas particularidades” del proceso donde argumentó que la judicialización se adelanta en contra de nueve personas.
Indicó además que, el paro judicial registrado a finales del año 2014 dificultó aún más la situación, ya que en aquella oportunidad no pudo realizarse el reconocimiento de las víctimas, lo que implicó una demora de tres meses más.
Sumado a eso, aseguró que la defensa de los implicados han pedido la conexidad procesal en dos ocasiones, por lo que se han suspendido las audiencias de acusación y declaratorias por al menos seis meses.
Igualmente, afirmó que pese a que la Fiscalía expuso el material probatorio del caso en el mes de junio del 2015, la defensa un año después argumentaba que aún no tenía tiempo suficiente para recaudar los elementos probatorios y de esta manera continuar con su labor.
El fiscal, encontró además que por un error de un juez penal del circuito de Bogotá, quien en función de Control de Garantías, negó “el ejercicio del derecho de defensa a uno de los investigados”. El proceso fue suspendido por 10 meses más hasta que surtió el trámite de nulidad sugerido por la Corte Suprema de Justicia.
Sobre la audiencia preparatoria que está en curso desde hace un año el fiscal reveló que la defensa de los procesados ha solicitado incorporar al juicio 1347 elementos probatorios y la declaración de 625 testigos en juicio.
En cuanto a estas peticiones, el juez debió tomar decisión el pasado 17 de enero, sin embargo, la diligencia fue aplazada para el próximo 29 de enero.
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