La Fiscalía General de la Nación nombró a un fiscal especializado para asistir a las reuniones exploratorias con representantes de la organización criminal “los Urabeños”, en aras de negociar un eventual sometimiento a la justicia.
Así lo dio a conocer en la mañana de este jueves el vicefiscal General, Jorge Perdomo, durante una visita a Medellín. “En los últimos meses ha habido conversaciones por parte de algunos abogados de miembros de estas organizaciones recluidos en las cárceles, que han manifestado que habría un deseo de entregarse a la justicia, de un sometimiento masivo”, dijo.
La semana pasada, EL COLOMBIANO reveló en exclusiva las interceptaciones telefónicas que la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (Dfco) le hizo a una supuesta célula financiera de la banda. En una conversación entre los pastores anglicanos Jorge Arce (alias “el Obispo”) y Argemiro Serna, quedó claro que “los Urabeños” estaban realizando contactos de alto nivel con personalidades de la vida pública, en aras de gestionar la supuesta entrega de delincuentes.
Entre las personas visitadas por los delegados estarían funcionarios de la Embajada de E.U. (que no se ha pronunciado sobre el tema); la presidenta del Polo Democrático, Clara López, quien sostuvo una reunión con el pastor Arce el pasado 10 de febrero, pero se negó a interceder por la banda; y con el vicefiscal Perdomo.
“El abogado Diego me dice que él tiene muy adelantado lo de las desmovilizaciones con Bogotá (...). Él ya tiene algo adelantado con Perdomo”, comentó “el Obispo” al pastor Arce, refiriéndose a Diego Álvarez Betancourt, abogado defensor de Blanca Zenobia Madrid Benjumea (esposa de “Otoniel”, el máximo jefe de la banda) y de otros cabecillas ya condenados, como Camilo Manco (“Fritanga”) y Hernán Giraldo (“Cesarín”).
En su declaración, el vicefiscal expresó que “el fiscal General de la Nación ha nombrado un fiscal especializado para que se reúna con estos representantes para explorar cuáles serían las condiciones de ese sometimiento a la justicia. Esto implica que entreguen armas y bienes, que delaten, que cuenten cómo es su accionar delictivo en las regiones, que colaboren en la desarticulación de sus redes económicas y políticas, y que finalice el reclutamiento ilícito de menores”.
Añadió que “esas conversaciones se están dando, pero apenas en una fase exploratoria para un sometimiento, no es una negociación, es un sometimiento sobre la base del derecho penal ordinario”.
Al despacho de Perdomo llegó hace meses un documento con la propuesta inicial de “los Urabeños”. Aunque no han trascendido las condiciones que pide esta facción para autodesmantelarse, hay una anécdota que da indicios del asunto.
El pastor Arce, según las mismas interceptaciones telefónicas, buscó a un agente del CTI de Antioquia y le propuso colaborar en las gestiones para la entrega de Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”. Según el religioso, la petición del capo era no ser extraditado y que su esposa Blanca Zenobia fuera liberada.
Antecedente
El pasado 11 de febrero se realizó en Roldanillo, Valle del Cauca, un acto público de sometimiento de 12 integrantes de la banda “los Urabeños”. A la diligencia asistieron el jefe de la Dfco, Luis Sarmiento, y el director de la Dijín, general Jorge Rodríguez.
El informe policiaco indicó que estas personas entregaron una caleta con siete fusiles, una subametralladora y un lanza granadas. “De acuerdo con uno de los integrantes del grupo sometido, esta entrega constituye un aporte al proceso de paz que vive el país”, rezaba el documento oficial.
Esta docena de “urabeños” fueron procesados por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso ilegal de prendas privativas de las fuerzas militares.
Fuentes judiciales relataron a este diario que esa entrega fue gestionada por el abogado Diego Álvarez Betancourt, quien ha dicho que no hará declaraciones sobre temas relacionados con la banda.
En una entrevista concedida a Colprensa el pasado fin de semana, el fiscal Sarmiento añadió sobre el sometimiento en Roldanillo: “En ese caso se utilizó la figura de terminación anticipada del proceso, que consiste en una aceptación de cargos con rebaja de hasta el 50 % en la pena. Lo que se habló con los que se sometieron, y se acordó con el Inpec, es que ingresen a los procesos normales de resocialización, porque ellos han querido que una vez salgan de prisión puedan tener la posibilidad de trabajar y asegurar un futuro. La mayoría podría salir en seis años y tienen todavía una vida productiva por delante”.
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