En la tarde de este lunes la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, entregó a la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP) el segundo informe que detalla las conductas cometidas durante el conflicto armado en Colombia.
La delegada de la Fiscalía señaló que los temas enviados al alto tribunal tienen que ver con la vinculación y utilización de niños y adolescentes por parte de las desmovilizadas Farc y sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por Agentes del Estado.
“Con esta segunda entrega, son cinco los informes que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia”, se lee en el documento.
De acuerdo con la vicefiscal, el primer informe entregado al alto Tribunal consistía en el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; el segundo correspondía a las investigaciones que se adelantan por las retenciones ilegales por parte de las Farc, y el tercero corresponde a la victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.
En relación al informe entregado, el ente acusador indicó que la utilización de menores de edad en el marco del conflicto armado, “se convirtió en una estrategia funcional a sus objetivos políticos-militares, que continuamente requerían el engrosamiento de las filas”.
De acuerdo con las investigaciones, las desmovilizadas Farc usaron las amenazas hacía los menores de edad y sus familiares. “En otros casos, también se aprovecharon de la inmadurez de los menores y de las difíciles condiciones socioeconómicas y familiares que atravesaban, haciendo uso de estrategias persuasivas y de engaños para lograr su incorporación”.
Pese a ello, a Fiscalía consideró que en cualquiera de los casos, el grupo guerrillero vinculó de manera irregular a menores de edad y eso se convierte en un delito.
“La Fiscalía General de la Nación cuenta con 4.219 investigaciones atribuibles a las Farc en todo el país, por delitos relacionados con la vinculación y utilización” de 5.252 Niñas, Niños y Adolescentes, por los cuales hay 5.043 procesados”, dijo el ente acusador.
En cuanto al sexo de las víctimas, el ente investigador estableció que 3.350 son hombres y 1.790 mujeres. Pese a que el género femenino tuvo un porcentaje menor de victimización, estas sufrieron delitos graves contra la libertad y formación sexual.
El informe también evidenció que los lugares donde más se registró este flagelo fueron los departamentos de Meta con un 23 %, seguido de Antioquia con 11 %, Guaviare (11 %), Putumayo (9 %) y Caquetá (7 %).
En relación a las muertes presentadas en el marco de los combates que se registraron, la Fiscalía resaltó que el primer caso registrado data de finales de década de los 80. Sin embargo, el flagelo aumentó durante los años 2002, 2006 y 2008 siendo estos últimos como los más críticos de la época.
“Con los elementos materiales probatorios, la Fiscalía General ha identificado un total de 2.248 víctimas que se presentaron entre 1988 y 2014, siendo el periodo con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59,3 % de los casos”, reseña el informe.
De acuerdo con el documento, por estos hechos se han judicializado 5.626 personas de los cuales 3.826, es decir más del 50 %, eran soldados en el momento en que ocurrieron estos delitos.
El informe también evidenció que por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado fueron vinculados a 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. Los registros también muestran que este fenómeno se presentó en por lo menos 27 departamentos y que la mayoría de los casos se concentraron en Antioquia, Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira.
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