El contralor General de la Nación, Edgardo Maya, expresó su preocupación con respecto a la reparación integral de las víctimas y aseguró que es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento para la correcta aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
"El actual gobierno ha destinado cerca de un billón de pesos anuales para cumplir ese propósito, esos recursos son aún insuficientes para el logro de la satisfacción del derecho ineludible de las víctimas a la reparación integral", manifestó Maya desde Cartagena.
Sostuvo, también, que entre las medidas que resultan necesarias para avanzar en los procesos de reparación integral de víctimas está rediseñar las políticas de generación de ingresos, de otorgamiento de vivienda digna y de fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los que optan por retornar.
El contralor mencionó los principales resultados de la primera encuesta nacional de víctimas realizada por la Contraloría General de la República, donde se ven preocupantes cifras en relación con la situación actual de la población víctima, que evidencia la necesidad de un replanteamiento de fondo en materia fiscal.
Las metas inicialmente establecidas para el financiamiento de la ley estaban basadas en los estudios que reportaban 3,8 millones de personas víctimas, todas titulares del derecho a la reparación integral, pero la encuesta encontró que son al menos 5,6 millones, hoy el propio gobierno reporta en su sistema 6 millones de población desplazada y un millón de personas afectadas por otros hechos.
La encuesta también muestra que el retorno a sus tierras es una de las políticas diseñadas y vigentes que tendría que ser reorientada, dada la respuesta que dieron las víctimas en el sentido de no querer retornar. La medición de la encuesta de verificación arrojó que en 2010 sólo un 10,4% tenía esa disposición, ahora esa medida es solo del 6,8%, dato que sólo se incrementa al 15% cuando se consulta a los que poseían algún predio.
“Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011, y subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados”, afirmó el Contralor, con respecto a los recursos asignados a esta ley que busca medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Dichos resultados preocupan al contralor, porque "esto podría conllevar cuestionamientos y responsabilidad internacional del Estado colombiano en las instancias internacionales de protección a los derechos humanos”
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