Colombia


Gobierno acepta visita de la CIDH, pero con condiciones

La canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió cartas a la CIDH y a la OEA, en las que indica cuál debe ser la agenda que deben manejar en caso que decidan visitar el país.

COLPRENSA

27 de mayo de 2021 10:16 PM

En la noche de este jueves se conocieron dos cartas que envió la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina de la CIDH y a Luis Almagro, secretario General de la OEA, en las que indica cuál debe ser la agenda que deben manejar esos organismos en caso que decidan hacer una visita para conocer la situación de Derechos Humanos en el marco de las protestas en el último mes. Lea aquí: Vicepresidenta, en Washington, descartó por ahora visita de la CIDH

“Sin prejuicio de lo anterior, tengo a bien recordarle que estamos pendientes de la propuesta de agenda de la visita de trabajo que acordamos, a efectos de coordinar que la misma incluya escuchar a cualquier persona o familiar que se considere víctima de abusos de autoridad o atropello por parte de cualquier funcionario público; así como también que en ese proceso se escuche a los familiares de los policías muertos y a quienes aún se encuentran hospitalizados como consecuencia de las heridas”, dice la carta dirigida a María Claudia Pulido.

Además, sostiene que “es importante que tengan presente para complementar la agenda que se consideren reuniones con los representantes del sector empresarial colombiano, entre ellos pequeños empresarios a quienes les han destruido sus negocios, así como las instalaciones de la Policía destruidas; los gremios médicos, quienes podrán darles a conocer el impacto de los bloqueos sobre ambulancias, equipos médicos e insumos indispensables para la atención hospitalaria para las víctimas del COVID y otras enfermedades graves. Por último, dicha agenda también se puede complementar con las personas y los familiares afectados, al igual que con la visita a los sitios incendiados y vandalizados, entre ellos los sistemas de transporte público de varias ciudades”.

En la carta, la vicepresidente reitera que el Gobierno recibirá la comisión de la CIDH luego de enviar la información de los organismos internos colombianos y la realización de la audiencia pública programada para el próximo 29 de junio. “Entendemos que la información que solicitaron para asegurar que los órganos de control del Estado adelanten las investigaciones necesarias se está preparando y será entregada en breve por la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo”.

Y agrega que si la CIDH adelanta la audiencia “el Gobierno estará atento al formato de visita y a la agenda antes referida y en la mejor disposición de acatar con ustedes la fecha y demás detalles de esta visita de trabajo”.

Llama la atención que al final de la primera misiva, la canciller reclama a la CIDH que “acordamos que ustedes harían alguna expresión en su comunicado dirigida a solicitar que cesen cuanto antes los bloqueos que ocasionan la grave perturbación que viene afectando a millones de colombianos”.

De hecho, en el comunicado de la CIDH sobre la grave situación de Colombia en materia de Derechos Humanos, la entidad indica que “el Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar”.

CARTA A LA OEA

En la comunicación dirigida a Luis Almagro, secretario General de la OEA, la vicepresidenta pide a ese organismo “que visite Colombia tan pronto como le sea posible para exponerle in situ la situación generada por el vandalismo y la destrucción, y tenga la oportunidad de conversar con todos aquellos que de primera mano pueden darle a conocer el impacto de los bloqueos sobre ambulancias, equipos médicos e insumos para la atención hospitalaria para las víctimas del COVID”.

Según la canciller, “quedo pendiente de su agenda de visita para que pueda escuchar a cualquier persona o familiar que se considere víctima de abusos de autoridad o de atropello por parte de cualquier funcionario público; así como también a los familiares de los policías fallecidos y a quienes aún se encuentran hospitalizados como consecuencia de las heridas. Así mismo, médicos, pequeños empresarios cuyos negocios que han sido destruidos y demás personas afectadas en el acceso a los derechos a la vida la salud y el trabajo”.

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