El Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes 3920, que define la política de explotación de datos (Big Data), que habilita el aprovechamiento de esta información para generar desarrollo social y económico en el país.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con la aprobación de este documento, Colombia asume el liderazgo regional al ser el primero en Latinoamérica y octavo en el mundo con una política pública integral para el manejo de esta información.
Asimismo, se espera dar cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación, la promoción del acceso público a la información y el aumento significativo de datos oportunos y de alta calidad en el país.
“La explotación de datos (Big Data) también es una herramienta que aporta al monitoreo de los ODS. Colombia tiene retos para la medición del 46 % de los indicadores globales de ODS. Los principales desafíos ocurren por la baja frecuencia de medición y la poca desagregación”, manifestó Luis Fernando Mejía, director del DNP.
De acuerdo con el funcionario, a medida de que hay mayores datos abiertos hay una menor percepción de corrupción. Además, la explotación de esta información tiene impactos económicos positivos porque genera ingresos adicionales a las empresas que ofrecen bienes y servicios basados en datos y da lugar a empleos especializados en este aspecto.
En ese sentido, el Conpes permite que el país avance en la masificación de la explotación de datos abordando cuatro ejes estructurales, entre los que se encuentra la generación de datos digitales (insumo), cultura de datos (demanda), capital humano para la explotación de datos (oferta) y un marco jurídico, ético e institucional, que busca habilitar la generación de valor y reforzar la protección de esta información.
“Hoy sólo el 4 % de las entidades cuenta con las condiciones para avanzar consistentemente hacia la implementación del Big Data y el aprovechamiento de los datos. El 87,3 % restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos actuales de generación de valor social y económico con la explotación de datos digitales. La ausencia de cultura de datos evidencia el desafío de reconocerlos como un activo estratégico”, comentó Mejía.
Según el DNP, en promedio el 56 % de los activos de información pública son digitales y el 51 % de estos está publicado en la web. Sin embargo, el 46 % de las entidades percibe que existen trámites excesivos para intercambiar datos en el sector público.
De esta forma, el Gobierno espera que a 2022, el país logre pasar del 51 % de promedio de activos públicos digitalizados y publicados en 2017 al 100 %. Además de impulsar la participación de las entidades que tienen al menos un proyecto de aprovechamiento de datos, que en 2017 fue de 9,3 % y alcanzar el 90 % en 2022.
Asimismo, otra de las expectativas es lograr que por lo menos el 50 % de las entidades públicas desarrollen proyectos de aprovechamiento de datos para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.
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