En la jornada de este sábado, el Gobierno Nacional anunció que los contratos para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal requeridos para atender casos sospechosos o confirmados de COVID-19, no se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Por ello, expone la cartera de salud, a los mencionados contratos se les aplicarán las normas de derecho privado.
La determinación se tomó en el marco del Decreto 499, teniendo en cuenta las turbulencias económicas y en las dinámicas de los mercados frente a los bienes que permiten mitigar en la población los impactos del COVID-19.
El documento emitido por el Gobierno Nacional el pasado 31 de marzo reposa en los despachos de la Corte Constitucional, que deberá dar aval o tumbar la normativa expuesta en el marco de dicha contingencia.
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