Gobierno pidió al Consejo de Estado definir quién se encarga de investigar aforados

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dio aseguró que el Gobierno Nacional está a la espera de una decisión del Consejo de Estado para que se determine quién tiene la competencia para investigar aforados, tras el polémico fallo de los conjuences del Consejo Superior de la Judicatura que asegura que debe ser la Comisión de Acusación quien lo haga y no la Contraloría General. 
Esguerra explicó que se le pidió al Consejo de Estado que se pronuncie sobre ese caso y determine quién es el juez fiscal de los aforados. "Eso que diga el Consejo de Estado al resolver ese conflicto de competencias no va a ser un concepto, sino una verdadera decisión con la fuerza que corresponde a las decisiones judiciales propiamente", dijo.
El jefe de la cartera de justicia agregó que "habrá que ver cuáles de las competencias que están siendo materia de duda son competencias judiciales, cuáles son competencias de naturaleza administrativa, qué le corresponde a la Contraloría y qué a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes".
El choque entre la Judicatura y la Contraloría por definir quién es competente para adelantar los procesos fiscales por el escándalo del ‘carrusel de las pensiones’ llevó a Sandra Morelli, titular del organismo de control, a suspender todas las investigaciones que adelantaba su despacho en materia fiscal contra aforados, hasta tanto no se definan las competencias tal y como se lo pidió el Gobierno al Consejo de Estado.
En la carta enviada por el Ministerio de Justicia al presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil Consejo de Estado, magistrado Augusto Hernández, Esguerra dice: "Me permito solicitarle, por su digno conducto, a la Sala que usted preside ejercer la facultad de resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos de orden nacional..., prevista en el numeral 10 de artículo 112 del Código Contensioso Administrativo".
“El dinero público no lo vigilará nadie”
Entre tanto, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, dejó ver su malestar por fallo proferido por los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura. Dijo que "ya no habrá control fiscal en el país. Ministros y aforados no tendrán control fiscal ¿De cuándo acá se toman determinaciones entre los poderes públicos? El Congreso de la República tienen que ponerle la atención a este tema importante".
Corzo agregó que es "delicadísimo lo que acaba de ocurrir" ya que a su concepto eso significa que en "el dinero público no lo vigilará nadie".
Para el abogado y exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, la situación resulta a todas luces preocupante ya que según él "la decisión del Consejo Superior Judicatura deja sin dientes a la Contralora para investigar a los altos funcionarios y en la reforma a la justicia no se presenta una solución para esta problemática, por el contrario, la hace más compleja".
A esto se le suma las modificaciones implementadas en la reforma a la justicia que está haciendo trámite en el Congreso, según la cual, los parlamentarios sólo serían objeto de detención hasta que se dicte condena en primera instancia.
Es un hecho que contra los aforados que son investigados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es decir, Presidente de la República, magistrados de altas cortes y Fiscal General, no ha prosperado un solo proceso.
Como si fuera poco, en la reforma a la justicia se estaría planteando un cambio en el artículo 277 de la Constitución que reformaría las facultades del procurador para que investigaciones contra legisladores aplique el reglamento del Congreso y no el Código Único Disciplinario con el cual han sido sancionados 18 parlamentarios en la era de Alejandro Ordóñez.
Otro polémico artículo de la enmienda constitucional contempla que en el caso de procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado pruebe si hay dolo o culpa en la violación al conflicto de intereses o cualquier otra falta y, dependiendo de lo que la ley establezca, entraría a aplicar la pérdida de investidura.