En los últimos años, el Cauca se ha movido en una frágil balanza: por un tiempo, los esfuerzos por consolidar la paz, luego de que se firmó el acuerdo con las FARC, hicieron creer a sus habitantes que los peores tiempos de la guerra habían quedado atrás, pero, a medida que fue creciendo la presencia de grupos armados ilegales, los tiempos difíciles volvieron en varias zonas del departamento.
Ahora, con el asesinato de la gobernadora del Resguardo La Laguna-Siberia, Sandra Liliana Peña Chocué, y con los cinco hostigamientos a la fuerza pública registrados de esta semana, se ve que la balanza se ha inclinado de nuevo hacia la guerra.
Los factores que hacen que el departamento se aleje de la anhelada paz incluyen el narcotráfico, el crecimiento de los grupos armados ilegales, la posición de algunos sectores de desconocer esos acuerdos de paz, y claro está, la pandemia.
Esa tendencia hacia la confrontación, a la violencia, es palpable en esta zona del país, como lo muestran los mismos resultados operacionales de la fuerza pública: en menos de dos semanas han sido incautados cuatro cargamentos de armas, municiones y explosivos, los cuales eran movilizados por diferentes tramos de la Panamericana y descubiertos en retenes de la Policía.
En todos los casos, según las autoridades, los armamentos tenían como destino los grupos armados que delinquen en esta zona del país, muestra de que la guerra está en todo su furor.
A esto se ha sumado la captura de 8 presuntos disidentes de las Farc en diferentes puntos del Cauca luego de ataques contra la Policía o el Ejército.
Qué organizaciones ilegales están detrás de ese ambiente de violencia y terror que ahora acorralan a los caucanos. De acuerdo con funcionarios de la Policía y del Ejército, en el departamento delinquen cuatro estructuras de las disidencias de las Farc, dos del Ejército de Liberación Nacional, Eln y otras como la Segunda Marquetalia y grupos armados por identificar
“Los más beligerantes son los grupos armados organizados residuales que ahora están en esta zona del país y que son la Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Rafael Aguilera, estructuras que se integran a lo que ellos llaman comando coordinador de Occidente, al mando de alias Jonnier, quien fue la persona enviada por alias Gentil Duarte al Cauca para organizar a estas facciones armadas en plena pandemia”, explicaron integrantes de la fuerza pública.
Como el propósito de las llamadas disidencias es continuar con la lucha armada contra el Estado, estos grupos se extendieron por diferentes puntos del departamento para cumplir con dicha aspiración militar, buscando controlar las famosas economías de guerra, que no es otra cosa que financiarse con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Así las cosas, la disidencia autodenominada Columna Móvil Dagoberto Ramos, cuyos integrantes están en los municipios del nororiente del Cauca, del occidente del Huila y sur del Tolima envió a las demás facciones hacia otros municipios caucanos.
La facción Jaime Martínez llegó a los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales, Cajibío, Piendamó; mientras que el frente Rafael Aguilera se tomó los municipios de la costa pacífica caucana y la Carlos Patiño se abre paso militarmente en las localidades del suroccidente del Cauca como El Tambo, Balboa, Argelia y El Patía.
Esa expansión de las disidencias empezó a generar conflictos con el otro grupo armado que históricamente ha estado en el Cauca, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la cual tiene dos frentes, José María Becerra y Manuel Vázquez Castaño.
“En Argelia es más evidente esa pugna, porque la Carlos Patiño busca tomar el control del denominado Cañón del Micay, la cual va desde este municipio, pasan por El Tambo y termina en el municipio costero de López de Micay. Y esa área, muy estratégica para el tráfico de drogas y de armas, ha sido controlada por años por la José María Becerra del Eln”, explicaron líderes sociales de este municipio.
Ahora bien, tras la desmovilización del frente 60 de las Farc en esta misma área, dos de los ex comandantes de esta facción armada hicieron un pacto de convivencia con los elenos para organizar, y controlar, todas las ganancias generadas con la producción de base de coca y cocaína en la zona.
“Alias ‘Pocillo’ y alias ‘Caliche’, dos históricos de las entonces Farc, ahora están aliados con Eln para impedir que la disidencia Carlos Patiño controle el Cañón del Micay, eso explicaría la guerra que ahora se vive en Argelia, El Tambo y parte de la costa pacífica y que ha cobrado la vida de por los menos, mal contado, doscientas personas”, agregaron los líderes sociales consultados.
También, y como lo denuncian organizaciones sociales, en límites con el departamento de Nariño están la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, otro de los actores generadores de violencia de la zona.
*En el norte: la guerra que se libra contra la Dagoberto Ramos*
En el norte y el oriente del departamento, la guerra se da en torno al cultivo de la marihuana genéticamente transformada, de algunos cultivos de coca y la minería ilegal.
En esta zona ya existe un control territorial por parte de la Dagoberto Ramos, que fue la primera disidencia de las Farc que se creó en la región, luego que mandos medios del entonces sexto frente de las Farc se apartaran del proceso de paz para continuar enfrentando al Estado.
En esta zona hay otro factor que hace más crítica la situación, las comunidades indígenas, porque en esta región se concentran la gran mayoría de resguardos y cabildos, cuyos integrantes enfrentan al avance de este grupo armado, recurriendo a lo que ellos denominan el control territorial.
Eso fue lo que se vivió el pasado jueves en los sectores de Caimito, zona rural de Caldono, luego que la guardia y los comuneros destruyeran una plantación de coca como respuesta al asesinato de la gobernadora de La Laguna-Siberia, Sandra Liliana Peña.
Precisamente, la lideresa indígena, días antes de su asesinato, dejó en claro que se oponía rotundamente al “dinero destructivo del narcotráfico, el cual tiene en riesgo a nuestra cultura ancestral, el territorio y los saberes de los mayores”, denunciando de paso a un grupo de personas dedicadas a esta actividad ilegal, lo que posiblemente causó el mortal ataque que acabó con su vida.
De ahí que la respuesta de las autoridades ancestrales fue enviar alrededor de 2.000 guardias indígena para expulsar a estos sujetos, generando ese ataque con arma de fuego por los sujetos estaban detrás de estos cultivos de uso ilícito.
Esta escena es recurrente en este municipio como en localidades vecinas como Toribío, Jambaló, Corinto, entre otros; y donde la organización comunera busca expulsar a todo actor armado, incluyendo la fuerza pública. Además, exigen al gobierno adelantar el punto cuatro de los acuerdos de paz, relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito.
“¿Qué acuerdos al respecto vamos a hacer con un gobierno que no ha querido cumplir con la paz? Si hemos tomado la decisión de la armonización territorial, lo hacemos desde el principio de autonomía, porque sabemos que es la única manera de pervivir en el tiempo, aunque continuaremos exigiendo alternativas de sustitución en el marco de nuestros planes de vida, pero eso no se hace en consejos de seguridad sino en espacios civilistas”, planteó Giovanni Yule, vocero político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.
Y este llamado es urgente, porque en un día, como pasó esta semana, se conoce de la incautación de cinco toneladas de marihuana creepy en plena vía Popayán-Cali, avaluadas en 7.500 millones de pesos, por parte de la fuerza pública, cuyos integrantes sostienen que sí están en las vías del departamento a la hora de mostrar esta clase de resultados.
Al anterior escenario se suma el Plan 30 implementado por el gobierno nacional, que básicamente es atacar a las disidencias de las Farc, luego de llegar a los municipios mencionados anteriormente.
El otro lado de esa balanza, la implementación de la paz, sigue sin lograr el peso suficiente. Así lo manifiestan las organizaciones sociales, comunitarias e indígenas que afirman que al Cauca solo llegan tropas, pero no inversión social, como lo evidencia, según dicen, que en los dos últimos años se hayan adelantado ya ocho consejos de seguridad.
Y mientras esto sucede, las autoridades regionales buscan generar propuestas como el pacto por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz, que busca vincular a varios sectores sociales y empresariales del Cauca, pero la iniciativa marcha a paso lento en comparación con los constantes hechos de violencia que suceden en este territorio.
“Buscamos propósitos comunes entre todos los sectores que integran el departamento, desde las diferencias de todos, pero apostándole a la única herramienta que nos puede regresar la paz, que es el diálogo, insistiremos en eso, más que como autoridades regionales, como habitantes de este departamento”, expresó el secretario de gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo.
Mientras las organizaciones sociales piden ayuda para que la balanza se incline de nuevo hacia la paz, se mantiene el ambiente de miedo y terror entre la población civil, que ya está cansada de vivir en los tiempos difíciles.
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