Colombia


¿Hacia dónde se debe dirigir la reforma tributaria?

Analistas hablan sobre cuál debería ser la orientación de una reforma tributaria para recuperar las finanzas del Estado después de la pandemia del COVID-19.

COLPRENSA

20 de agosto de 2020 10:27 PM

Las exenciones tributarias en Colombia serán el centro de atención de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, instalada por el Gobierno Nacional de cara a lo que será la tercera reforma tributaria que se presentará en la administración de Iván Duque.

Y es que según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las exenciones o tratamientos preferenciales que tienen algunos contribuyentes en el país, llegan a cerca de 92,43 billones de pesos, lo cual representa 8,7 % del total de la economía.

De esos 92,43 billones de pesos, 74,9 billones corresponden a exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales del IVA, mientras que los restantes 17,1 billones provienen de otros alivios al impuesto de renta.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha argumentado que hay actualmente un hueco fiscal de 20 billones de pesos, razón por la cual se requiere un recorte de gastos y un sacudón a la estructura tributaria que rige actualmente.

El jefe de la cartera económica, Alberto Carrasquilla, señaló que “los resultados de la Comisión serán un insumo fundamental para la estrategia fiscal de mediano plazo de la nación, con miras a mejorar la estructura de sus ingresos recurrentes. Los recursos adicionales serán relevantes para la estrategia de reactivación económica de Colombia, en respuesta a los choques enfrentados en 2020 por el Covid-19 y la caída de los precios del petróleo”.

Dijo también que la economía colombiana necesita recursos correspondientes al 2 % del PIB a partir de la normalización de la actividad económica.

Expertos coinciden en que, de cara al proceso de recuperación económica que se avecina con motivo de la pandemia del Covid-19, es más que necesario replantear la existencia de los mencionados privilegios fiscales.

“No entiendo por qué existen esos beneficios tributarios, cuando lo único que significan es una disminución muy grande de los ingresos tributarios sin aparentes beneficios. No lo hemos visto en términos de grandes crecimientos de la economía ni términos de creación de empleo. Tienen que removerse”, señaló el docente de economía de la Universidad Javeriana, César Ferrari.

El director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que la comisión sesionará en 36 oportunidades y que el primer informe de conclusiones preliminares se dará a conocer el 26 de febrero de 2021.

Cabe recordar que la comisión se compone por los economistas internacionales David Rosenbloom, Brian Arnold, Jeffrey Owens, Pascal Saint-Amans y Kent Smetters; y los ministros de Agricultura, Rodolfo Zea; de Comercio, Juan Manuel Restrepo, y su delegada Laura Valdivieso (viceministra de Comercio); de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate y el director de la Dian, José Romero. Además, habrá 15 asesores locales del Ministerio de Hacienda, la Dian y el sector privado.

Cesar Ferrari aseguró que “el gobierno no tiene ni interés ni capacidad política para hacer un cambio significativo en la estructura tributaria del país. Esto no es algo que vaya a ocurrir en este gobierno”.

El consultor social y económico, docente de la Universidad EAN, afirmó que los ciudadanos con mayor capacidad para aportar a la economía nacional terminen quedando por fuera de un aporte necesario, teniendo en cuenta la turbulencia generada por la pandemia.

“Hay que establecer un equilibrio entre el desarrollo empresarial y la parte social. Pero tener tantas excenciones para sectores tan específicos destruye el principio tributario de que el que tiene más debe pagar más y el que menos, menos. Muchas excenciones, que debían ser temporales, se volvieron permanentes sin haber cumplido la misión que tenían”, dijo.

Por su parte, la escritora y economista Clara Inés Chávez afirmó que la reforma debe dirigirse a la inversión social. “Necesitamos reconstruir el flujo económico, para lo que se requiere que no haya evasión de impuestos desde ningún sector, algo muy evidente en el sector público”.