Tras una larga espera, este jueves el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el Proyecto de ‘Ley Solidaridad Sostenible’, con el que se busca finalmente recaudar $23,4 billones, una cifra que es ambiciosa y que es dos veces lo que se buscaba recaudar con la ‘Ley de Crecimiento Económico’.
En línea con la recomendación que ya había hecho la Comisión de Expertos Tributarios, en el articulado el Gobierno planteó pasar algunos de los bienes que estaban exentos de IVA a la categoría de excluidos.
Según lo establecido en el Estatuto Tributario, en total serían más de 30 bienes los que pasarían a la categoría de excluidos de IVA, dentro de los cuales están la carne de cerdo, el pescado, los huevos, el pollo, la leche, el queso, el arroz, entre otros.
Con este cambio, dichos bienes no estarán gravados con IVA y los productores no tendrán el derecho de recibir una compensación por el impuesto pagado en las cadenas de producción, como sucede con los exentos.
Aunque el presidente Iván Duque había anunciado que no se aumentaría la tarifa a alimentos básicos de la canasta familiar, algunos gremios del sector del agro afirman que este cambio podría aumentar los costos para los productores y, por lo tanto, los precios para el consumidor final.
“En el texto se elimina el régimen de exentos para los alimentos y la implicación que esto tiene es que los insumos que hoy pagan IVA van a ser un mayor costo para el productor y obviamente para los consumidores”, explico el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya.
Por ejemplo, Fenavi estima que, con este cambio, los precios de los huevos y del pollo podrían aumentar en 5%. “Eso va a significar un recaudo en el caso del huevo de $0,34 billones y en el caso del pollo de $0,59 billones, es casi $1 billón que la rentabilidad del sector no da para asumir, significa que será un sobrecosto que se le trasladará a los consumidores, (...). 5% es el efecto que tiene directamente sobre el precio, tanto en pollo como en huevo”, dijo Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.
Según el presidente de Asoleche, Juan Sebastián Bargans, de ser aprobada, esta propuesta también traería consecuencias socioeconómicas, por la caída en el consumo de productos como la leche. “Se generaría una disminución en el consumo, desacelerando la alimentación y nutrición de la población colombiana al afectar su seguridad alimentaria”, dijo.
Otro punto importante que incluye el articulado de la reforma es que los servicios públicos de energía, gas y acueducto y alcantarillado pasarán a estar excluidos de IVA solo para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, con lo que estos servicios pueden ser gravados con una tarifa de 5% o de 19% para los estratos 4, 5 y 6.
“En principio no vemos conveniente que un impuesto como el IVA, con tarifa de 19% se extienda a los servicios públicos domiciliarios los cuales, como todo el mundo sabe, forman parte de la canasta básica de los consumidores”, anotó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
Además, a partir del primero de enero de 2022, los servicios postales y de mensajería estarán gravados con una tarifa de 19%.
Con estos cambios en mente, el Gobierno espera lograr un recaudo de $7,3 billones por cuenta del IVA.
Eso sí, esta medida está acompañada de la propuesta de ampliar el esquema de compensación a los hogares más pobres. Con la reforma, la devolución llegaría a 4,7 millones de familias en condición de vulnerabilidad, con una transferencia anticipada de $50.000, que podrá hacerse a partir de octubre de este año.
Según el articulado, este monto se actualizará todos los años de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el grupo poblacional de ingresos bajos y, además, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) será el encargado de determinar el listado de los hogares beneficiarios.
En el capítulo sobre el IVA, el Ministerio de Hacienda también incluyó la propuesta de mantener los días sin IVA que, en total, serían máximo tres al año.
Como ocurrió en 2020, los bienes que no estarían gravados con IVA en estas jornadas son: vestuario y complementos; electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones; elementos deportivos; juguetes y juegos; y útiles escolares.
Otras propuestas del IVA
La propuesta del Gobierno en materia de IVA está en línea con las recomendaciones de varios centros de pensamiento y analistas, sobre todo, teniendo en cuenta que, según cifras de la Dian, los costos fiscales de los beneficios tributarios del IVA fueron de $51,6 billones en 2019, lo que es dos veces el monto que se está buscando recaudar con esta reforma tributaria.
Y es que, además, algunos expertos afirman que los beneficios tributarios de este gravamen benefician a los más ricos.
“Nuestros cálculos indican que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2% del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres”, explicó Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Fedesarrollo.
De hecho, este centro de pensamiento propuso que se eleve de manera gradual la tarifa de los bienes que hoy están exentos, excluidos o que tienen una tarifa de 5%, llegando a una de 8% en 2023.
Mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propuso una transición de tres etapas hacia una tarifa plena de 18% o 19%.
Sin embargo, hay gremios que afirman que, en medio de la coyuntura actual, temas como el IVA no se debieron incluir en la reforma tributaria.
“Lo que nosotros estamos proponiendo es que no entremos en este momento de la historia económica actual, en el tema del IVA”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, a La FM.
Lo cierto es que, con las cartas del Gobierno sobre la mesa, ahora el país está a la espera de conocer si el Congreso aprobará las propuestas.
Otros bienes y servicios que están excluidos de IVA
De acuerdo con el articulado de la reforma, otros bienes que pasarán a la categoría de excluidos de IVA son los antibióticos, medicamentos, fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad, paneles solares, armas de guerra de uso privativo de las fuerzas Militares y la Policía Nacional, entre otros.
En cuanto a servicios, algunos de los que hacen parte del listado de excluidos son los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio; planes obligatorios de salud del Sistema de Seguridad Social en Salud, entre otros.
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