Colombia


HRW denuncia abusos policiales durante las protestas del paro nacional

La entidad internacional afirma que realizó la investigación con entrevistas a afectados y a entidades de control.

COLPRENSA

10 de marzo de 2020 03:31 PM

La Policía Nacional fue responsable de abusos y uso excesivo de la fuerza durante jornadas de paro nacional en el país, señaló Human Rights Watch, organización internacional que agregó que los avances en las investigaciones contra estos funcionarios han sido pocos.

“Si bien en general las protestas se desarrollaron de manera pacífica, algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali. En varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas “menos letales” durante operaciones antidisturbios”, señala el reporte de la entidad que defiende los derechos humanos en el mundo.

“Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”, agregó.

El reporte de HRW se hizo con base en entrevistas a 26 personas que supuestamente fueron víctimas de abusos, así como a familiares de víctimas, abogados de derechos humanos y funcionarios gubernamentales. Informó que corroboró videos difundidos en redes sociales; revisó informes médicos y denuncias penales; y solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación. Human Rights Watch también se reunió en Bogotá con funcionarios gubernamentales, incluidos el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el director de la Policía Nacional Oscar Atehortúa Duque y el entonces fiscal general, Fabio Espitia.

“El 22 de enero, el fiscal Espitia señaló a Human Rights Watch que su institución estaba investigando 72 casos de posibles abusos perpetrados por policías durante las protestas. Sin embargo, nadie había sido imputado. El Ministerio de Defensa indicó que el sistema de justicia penal militar estaba investigando 32 casos de posibles abusos relacionados con las protestas. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia penal ordinaria, no por la justicia penal militar”, denunció la organización al referirse a denuncias que no están siendo investigadas.

Uno de estos casos al que hace referencia Human Rights Watch es el del homicidio de Dilan Cruz, de 17 años ocurrido el 23 de noviembre por el disparo de un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Human Rights Watch reseñó que el 14 de enero de 2020, la Procuraduría General pidió a la Policía Nacional que suspendiera el uso de escopetas calibre 12 que se emplearon cuando murió Cruz. “La Procuraduría indicó a Human Rights Watch que los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla. Atehortúa indicó a Human Rights Watch que cada agente debe estimar aproximadamente cuál es la distancia en la que está disparando. También señaló, a fines de enero, que la policía sigue usando las escopetas a pesar de la solicitud formulada por la Procuraduría”.

Human Rights Watch documentó seis casos en los cuales policías “golpearon de forma brutal” a manifestantes y transeúntes. Uno de ellos es Carlos Steylei Obregón Ramírez, de 24 años, que fue atacado por policías al pasar junto a manifestantes cuando volvía de trabajar.

También hay evidencias de que la policía ha detenido arbitrariamente a manifestantes pacíficos y transeúntes, así como a periodistas que daban cobertura a las protestas. 213 personas fueron detenidas y otras 1.662 fueron “trasladadas” a centros de detención administrativa, en relación con el paro nacional en 2019, según indicó el Director de la Policía Nacional a Human Rights Watch el 27 de enero.

En algunos casos, los policías emplearon indebidamente una disposición del derecho colombiano que autoriza a la Policía a “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros. La ley únicamente permite ese “traslado” cuando sea el “único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o la integridad” y exige que primero se contacte a los familiares de la persona o que esta sea llevada a un establecimiento de salud. En varios de los casos documentados por Human Rights Watch, no existía ningún riesgo para la vida o la integridad de una persona.

En un caso ocurrido el 7 de diciembre, un agente de la policía detuvo a una periodista y, cuando esta se negó a entregar su teléfono, la arrastró jalándole el cabello y la llevó a una unidad de detención administrativa. La Policía indicó que la detenían para su “protección”.

Desde el 23 de noviembre, las autoridades colombianas han expulsado a 61 extranjeros, incluidos 60 venezolanos y un peruano, a quienes acusaron de participar en actividades que comprometen el orden público y la seguridad nacional, según Migración Colombia. Las autoridades colombianas han acusado reiteradamente a ciudadanos venezolanos y al gobierno de Nicolás Maduro de instigar las protestas, sin aportar ninguna evidencia al respecto. Algunas de estas expulsiones parecen haber sido arbitrarias.

Si bien gran parte de las protestas han sido pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos graves de violencia. Según la policía, 76 estaciones y 69 autobuses del sistema de transporte público en Bogotá y Cali fueron vandalizados, al igual que 12 cajeros automáticos, cuatro bancos, cinco instalaciones públicas y siete estaciones de policía. El 3 de marzo, el Ministro de Defensa indicó a Human Rights Watch que 377 policías habían sido heridos en relación con las protestas.