“La autoridad indígena y las comunidades continúan haciendo actividades de recorrido y control territorial para evitar la confrontación armada y ga-rantizar los derechos a la vida y al territorio, y superar la crisis humanitaria”, dijo Danilo Secué, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
“No se presentan hostigamientos” por parte de las Farc, comunistas), luego de “la decisión de la comunidad (indígena) de retomar el control del pueblo”, señaló el dirigente en un diálogo telefónico.
Toribío, en la zona montañosa entre Cali y Popayán, es una de las poblaciones de Cauca que en los últimos días ha sido objeto de continuos hosti-gamientos por parte de guerrilleros de las Farc, que según autoridades policiales utilizan a la población civil como escudos humanos para atacar a los uniformados.
Está previsto que el presidente Juan Manuel Santos celebre hoy un consejo de seguridad en el mismo pueblo.
Los hostigamientos obligaron a decenas de habitantes de Toribío a abandonar la zona urbana de la población y ocultarse en el campo.
Los ataques con cilindros de gas cargados con explosivos -a manera de morteros caseros- y disparos de fusil, dejan varios heridos en la población y al-gunas viviendas destruidas o semidestruidas.
Por lo mismo, dijo Secué, el domingo miles de indígenas tomaron el pueblo y un día después la comunidad, apoyada por miembros de la Guardia Indígena, retiraron las trincheras que ejército y policía mantenían en las afueras de la población para resguardarse de los ataques.
Paralelamente cerca de 1.000 aborígenes marcharon hacia las montañas que circundan a Toribío y desde las cuales los rebeldes atacan a los uniformados, para tratar de convencerlos de no seguir con sus hostigamientos, dijo el vocero indígena.
“La misión de ellos es llevar el mensaje del desacuerdo que hay con sus prácticas de violencia y de irrespeto al territorio, con la violación a los dere-chos humanos, y con los ataques indiscriminados a la población civil de Toribío”, precisó Secué en diálogo telefónico.
El dirigente reiteró finalmente que la decisión de la comunidad es que la fuerza pública se retire de la población porque “el gobierno, a través de la fuerza pública, no está garantizando los derechos a la vida y al territorio y ha sido inoperante, desde el punto de vista constitucional, de garantizar la se-guridad de los municipios del norte del Cauca”.
A principios de junio pasado, también en el departamento de Cauca, un grupo de campesinos expulsó del municipio de Miranda al contingente militar que se encontraba en la zona, en un intento similar por cesar los enfrentamientos con la guerrilla.
Se calcula que la población indígena de Colombia es de un millón de personas, que habita las zonas selváticas y rurales donde es más intenso el conflicto armado.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()