‘IPS de fachada’, nuevo capítulo de desfalco a la salud

Hace dos semanas empezaron las pesquisas de autoridades colombianas para esclarecer la situación de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS, registradas como centros de atención a los colombianos, pero que en realidad pueden ser entidades de ‘papel’, por medio de las cuáles se habría defraudado al sistema de salud y al Estado.
Se trata de un capítulo más en el escándalo de irregularidades en el sistema nacional de salud, dentro del cual ya fue decidida la intervención de la EPS SaludCoop y hay, por lo menos, quince más investigadas.
Aparte de encontrar que las direcciones en donde decían funcionar dichas IPS eran casas viejas y hasta talleres de motos, en vez de centros de salud, hospitales o clínicas, las autoridades siguen la pista de un posible robo de bases de datos de instituciones, que personas inescrupulosas habrían hecho para utilizar esos datos en los recobros de servicios de salud de supuestos pacientes, que nunca recibían la atención descrita.
La investigación es muy compleja. La Costa Caribe es el centro de estos nuevos acápites del escándalo de un desfalco al sistema de salud que, según el presidente Juan Manuel Santos por ahora es de 30 mil millones de pesos, pero que podría tratarse de billones.
“La mayoría de las IPS de fachada están en la Costa Caribe”, confirmó a Colprensa una autoridad. Pero el trabajo de identificarlas no es sencillo. Cuando un paciente necesita ser atendido en una IPS por un servicio de salud no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, generalmente interpone una tutela para recibirlo. El costo de la atención luego es recobrado por esa IPS, a través de la EPS de la que depende, al Fosyga, en donde aprueban o no el pago.
Para este caso, los investigadores judiciales tienen que analizar cada recobro que esas Instituciones envían y verificar la existencia de la IPS buscando su registro. En ese momento es cuando se halla si la IPS existe de verdad o sólo en el papel. Pero no basta con un video que muestre que se trata en realidad de una casa abandonada, las autoridades tienen que ir a catastro y pedir una serie de certificados para completar el proceso.
Colprensa conoció que las autoridades constataron que sólo bastaba con tener la documentación debidamente reglamentada (membretes, sellos) para que recobros fueran aprobados en el Fosyga. Es decir, que no se hacía una correcta verificación de la existencia de la IPS.
De esta forma, en Barranquilla principalmente, pero también en Cartagena y Bogotá, las autoridades buscan las IPS fachadas.
El caso requiere de un trabajo tan minucioso que dentro de la investigación que desató el escándalo, denunciado por el mismo Gobierno, para el tema de las IPS fue designado por la Fiscalía General de la Nación un fiscal especializado. Con ese esquema las autoridades buscan revisar no cada recobro -dada la cantidad- sino que buscan una muestra representativa que sirva para judicializar y conseguir la expedición de órdenes de captura.
Robo de bases de datos
Tal vez sea otro elemento nuevo el que más preocupa a las autoridades. Se trata de la evidencia de compra de bases de datos a varias instituciones del país –de cualquier tipo- para utilizar los datos allí consignados y crear falsos pacientes, falsos recobros y obtener una ganancia muy real de entre un 8 y 6 por ciento de comisión del dinero que recibía la EPS por el recobro aprobado en el Fosyga.
“Se comprobó  la compra de una base de datos por valor de 250 millones de pesos”, reveló a Colprensa una autoridad que se mostró consternada por el peligro que esto representa. “Bases de datos de todo tipo, que tienen miles de personas”, agregó.
En este caso la actividad ilegal consiste en seleccionar al azar a varias personas de regiones apartadas y ‘cuadrarles’ un recobro falso a sus nombres, procedimiento que era aprobado en el Fosyga. En estos hechos todo apunta a la ya capturada Claudia Patricia Rojas, quien se desempeñaba como Coordinadora de Cobros y Reclamaciones del Ministerio de Protección Social.
Las autoridades estiman que Rojas, junto con los también capturados y asegurados Luis Andrés Ruiz Martínez, Édgar Isaías Medina Millán, John Carlos Lamus Rodríguez y Héctor Mauricio Durán, coordinaba con las EPS los recobros “de más” que se presentaban y que luego eran aprobados.
“¿Quién va al Fosyga a preguntar si hay un recobro a su nombre? Nadie”, explica la fuente. Esa es la razón principal por la que las autoridades temen que, por ejemplo, bases de datos de integrantes de la Fuerza Pública hayan sido robadas y usadas de forma inescrupulosa e ilegal en este desfalco “sistemático” del sistema de salud.
Se menciona ese caso, dada la particularidad de que los integrantes de la Fuerza Pública tienen un sistema de salud propio, que abarca múltiples servicios y no acuden a EPS.
“Está el sujeto Pedro Pérez, por ejemplo, un patrullero en Chocó. En su nombre hacen un recobro y se paga. Nadie va a verificar”, apuntó una fuente que trabaja en la investigación.
Así como la Fuerza Pública podría ser víctima, también lo podrían ser algunas EPS a la que en su nombre podrían aparecer recobros en el Fosyga que nunca interpusieron.
Once muertos
Las autoridades también hicieron un ejercicio de cruce de datos para verificar quiénes de los supuestos pacientes de los recobros están muertos y cuándo perecieron. Hasta el momento han encontrado datos de once personas que estando muertos aparecían como beneficiarios de servicios de salud que eran recobrados.
“Pero no de hace un año o de quienes fallecieron poco después de recibir el servicio de salud, sino de fallecimientos de 5 ó 6 años atrás”.
Por eso, esos datos representan otra modalidad de defraudación en estudio.
Dato
Autoridades confirmaron que SaludCoop, CafeSalud y Cruz Blanca son las EPS con mayor implicación en este multimillonario desfalco al sistema de salud.