Colombia


JEP ordena nuevas medidas para proteger a excombatientes en el país

Esto ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

COLPRENSA

21 de septiembre de 2021 10:23 AM

Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias.

Entre las medidas adoptadas por la JEP, se ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias.

Asimismo, la Sección ordenó al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que informe las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país.

También le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que informen qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados.

Esto por los constantes homicidios, estigmatizaciones, extorsiones, persecución en motocicletas, atentados contra la vida y su integridad, amenazas constantes y desplazamientos, entre otras conductas que se han acrecentado contra esta población en el país.

Finalmente, la Sección se mostró preocupada por la gran cantidad de familias de excombatientes que han tenido que abandonar los Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) por la violencia, quedando expuestos a una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana, por lo cual exigió una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.

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