El Consejo Superior de la Judicatura hizo un llamado de atención a las entidades encargadas de prestar atención médica a los internos con enfermedades terminales, por las condiciones en las que se encuentran 16 reclusos infectados con VIH en el Centro Penitenciario y Carcelario San Isidro de la ciudad de Popayán.
La Sala tuteló los derechos fundamentales de los 16 internos, reclamados por el Defensor del Pueblo Regional del Cauca, Luis Sanjuan Martínez, quien argumentó que los pacientes no contaban con el servicio de salud ni el suministro de medicamentos, lo cual ha generado un deterioro notable en su salud.
“Evidencia la Sala que dicha patología –VIH- ha sido catalogada como una enfermedad ruinosa y catastrófica, por lo cual la Ley 975 de 2005 declaró de interés y prioridad nacional la atención integral estatal a la lucha contra el VIH, debiendo el Estado garantizar en su Sistema General de Seguridad Social en Salud el suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosa o catastróficas, de conformidad con la legislación creada para ello”, precisó la decisión.
En la tutela la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), prestar los servicios médicos en términos de integralidad, continuidad y eficacia a los internos afectados con el VIH del Establecimiento Penitenciario y Carcelario San Isidro de Popayán.
Igualmente, deberán suministrar los medicamentos que formule el médico tratante de forma oportuna, en las dosis, cantidades y periodicidades que se le establezca.
En su decisión, la judicatura ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que ejerza la correspondiente inspección y vigilancia para que no vuelvan a incurrir en dichas conductas.
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