Los jueces del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá rechazaron este jueves el pronunciamiento que hizo el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuestionando decisiones que han tomado en el caso de las personas que han sido detenidas en los últimos meses como presuntas responsables de los atentados con explosivos en la Capital.
“Invitamos a la Fiscalía, a los medios e Instituciones del Estado y al Consejo Superior a obrar con prudencia, responsabilidad y sensatez cuando no estén de acuerdo con una decisión judicial. La ley les ofrece a las partes los mecanismos para discutir la inconformidad de los procesos", aseguraron en un comunicado.
El documento leído en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao señala que “usar los medios de comunicación para cuestionar la decisión judicial afecta la dignidad de Administración de Justicia, a los jueces y la autonomía judicial. Más cuando se pretende intimidar a los funcionarios judiciales con investigaciones penales y disciplinarias si no se resuelve conforme a los intereses de uno".
Por otro lado, la presidenta de Asonal S.I, María del Pilar Arango, aseguró que cuando no se comparte una decisión judicial se debe acudir a los recursos que existen y no usar los medios de comunicación ni amenazar con aperturas de investigaciones.
El pasado 24 de junio, cuando fueron detenidas ocho personas señaladas de presuntamente pertenecer al 'Movimiento Revolucionario del Pueblo' y de ejecutar el atentado en el Centro Comercial Andino en Bogotá, el Fiscal aseguró que dos de ellos habían sido liberados el 16 de marzo tras ser capturados con elementos explosivos que al parecer se iban a usar en un atentado terrorista en la Ciudadela Colsubsidio en el occidente de la ciudad.
El Fiscal agregó que el pasado 16 de junio, un día antes del atentado de Andino, se solicitó medida de aseguramiento intramural en contra del presunto explosivista del MRP, que fue negada nuevamente por parte de un juez.
“Insistiremos con una legislación especial para poder confrontar organizaciones criminales, dado que el régimen ordinario que hoy tiene la legislación penal colombiana resulta insuficiente”, precisó Martínez en esa oportunidad.
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