El juez 45 de conocimiento de Bogotá luego de condenar este jueves a menos de dos años de prisión a la familia Dávila Fernández de Soto, por Agro Ingreso Seguro, señaló que estos no irán a la cárcel.
Según el togado se hace necesario darle una segunda oportunidad a los procesados para que encaminen su curso como ciudadanos de bien.
“Carecen de antecedentes penales, siendo infractores primarios, teniendo en cuenta además que se sometieron a la justicia, y evitaron su desgaste y devolvieron las sumas apropiadas, razón por la cual considera el suscrito juez innecesario el tratamiento intramural para su rehabilitación social, por lo que se les otorgará una segunda oportunidad para que encamine su conducta”, indicó.
Por lo anterior el administrador de justicia les concedió la suspensión condicional de la pena por una periodo de dos años, para lo cual deberán suscribir diligencia de compromiso.
Además el juez añadió que “con las conductas en las que incurrieron lesionaron sin justa causa los bienes tutelados de la administración y la fe pública, se apropiaron en provecho suyo de dineros del Estado lesionando los intereses públicos”.
LA CONDENA
En el fallo Juan Manuel Dávila Jimeno, el jefe de la familia, fue condenado a 22 meses de prisión, mientras que su esposa María Clara Fernández de Soto y sus hijos Juan Manuel (exnovio de Valerie Domínguez) y Ana María serían fueron sentenciados a 20 meses de detención.
La Fiscalía acusó a Dávila Jimeno de “haberse apropiado de 2.212 millones de pesos, conducta que concursó homogéneamente y heterogéneamente con el concurso de falsedad en documento privado”.
El juez señaló en su determinación que Dávila padre no tiene la calidad de servido público por lo que las sanciones se rebajaron en una cuarta parte, quedando la pena en 72 meses.
“A la anterior cuantía se le incrementaron cuatro meses por el concurso homogéneo de peculado por apropiación y peculado por apropiación en grado de tentativa. Más cuatro meses por el concurso homogéneo en el delito de falsedad en documento privado y otros cuatro meses por el concurso heterogéneo por falsedad en documento privado. Lo que nos da un parcial de 84 meses de prisión”, indicó el juez.
A la pena de 84 meses se le suma una agravante por obrar en coparticipación criminal, lo que le significa cuatro meses más de prisión más, es decir la pena llega a 88 meses.
Pero ante el preacuerdo logrado entre la familia Dávila Fernández de Soto y la aceptación de cargos el togado le hizo notables descuentos.
“Se hace una disminución de la mitad de la sanción de prisión y multa por haber reintegrado la totalidad de la suma de dinero apropiada, para un total parcial de 44 meses de prisión y finalmente se le aplicó la rebaja del 50 por el preacuerdo, para un total de 22 meses de prisión y multa de 901 salarios mínimos legales vigentes”, indicó el juez en su fallo.
EL RESTO DE LA FAMILIA
María Clara Fernández de Soto y sus hijos Ana María y Juan Manuel pagarán dos meses menos de pena que el padre de la familia.
El juez partió de la pena de prisión de 96 meses y se tuvo en cuenta que ninguno de los tres tiene la calidad de servidor público, por lo que se dio una rebaja de la cuarta parte, es decir quedó en 72 meses y se le incrementaron cuatro meses por el concurso heterogéneo y el delito de falsedad en documento privado, para un total parcial de 76 meses de cárcel.
“Se tuvo en cuenta el agravante de obrar en coparticipación criminal por lo que se le suman cuatro meses, para un total de 80 meses de cárcel. Se le disminuyó la mitad de la sanción por haber reintegrado la totalidad de la suma de dinero apropiado, para un total de 40 meses de prisión y con la rebaja del 50 por ciento por el preacuerdo pactado, para un total final de 20 meses de prisión”, señaló el juez.
María Clara Fernández deberá pagar una multa de 180 de salarios mínimos legales vigentes, mientras sus hijos Ana María y Juan Manuel 183. Además todos fueron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión impuesta.
LOS HECHOS
Según la Fiscalía los Dávila Fernández de Soto dividieron las 1.293 hectáreas de su finca Campogrande, ubicada en el municipio de Algarrobo (Magdalena) en cinco partes “para así recibir más subsidios del programa del Ministerio de Agricultura y se arrendaron dichos subpredios entre ellos, beneficiando así a una sola familia”.
Para la Fiscalía, pese a las irregularidades registradas en la solicitud de subsidios ante el Ministerio de Agricultura que fueron repartidos por medio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que señalaban “la superación del límite de los topes del dinero, así como que el mismo predio fuera beneficiado con cinco subsidios y que la misma familia haya recibido esa cantidad de dinero”.
Los miembros de la familia Dávila Fernández de Soto recibieron subsidios por un valor de 2.415 millones de pesos para el programa de riego y drenaje por lo que les fueron imputadas las conductas de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Al final de la audiencia celebrada este jueves, el administrador de justicia ordenó que se le dé el rótulo a este proceso como “cosa juzgada puesto que ninguno de los sujetos procesales presentó recurso de reposición o apelación en contra de la decisión judicial”.
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