Hace ya casi 15 años, la célebre sentencia T-153 de 1998, por medio de la cual la Corte Constitucional falló una tutela a favor de varios reclusos, señaló la existencia de un “estado de cosas inconstitucional en las prisiones”. Después de ese tiempo y de miles de folios y de litros de tinta utilizados en la impresión de sentencias en el mismo sentido, la jurisprudencia que se ha enriquecido al respecto parece letra muerta.
Eso lo demuestra una nueva sentencia, ahora de la Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, Gloria Guzmán, quien tuteló esta semana los derechos de un recluso de la cárcel Modelo de Bogotá y que prohibió el ingreso, durante tres meses, de internos a ese centro de reclusión. La decisión de la operadora judicial volvió a alborotar el tema, como ha ocurrido en los últimos 15 años, pero con el riesgo de que el “estado de cosas inconstitucional” continúe inalterado.
En su sentencia de 1998, la Corte le solicitó a todo el Estado que actuara frente a la problemática, pues ordenó notificar de lo que pasaba en el sistema carcelario al Presidente de la República, a los presidentes de Senado y Cámara, a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, a los gobernadores y los alcaldes, a los presidentes de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales, y hasta a los personeros municipales.
Pero las cifras actuales de lo que pasa en las cárceles colombianas dejan ver, si no una falta de acción, una paquidérmica actuación de las autoridades competentes que, para el representante Iván Cepeda Castro, podría provocar un “estallido carcelario”. Esos guarismos, aunque son bien conocidos porque el tema del hacinamiento carcelario se ha ubicado en los primeros lugares de la agenda pública, no dejan de sorprender.
Aunque en Colombia hay 142 centros carcelarios que pueden alojar 75.726 internos, en esas instalaciones hay en la actualidad 114.579 presos: 37.974 sindicados y 76.605 condenados. Según el Ministerio de Justicia, a enero de 2013, al hacinamiento en las cárceles de todo el país alcanzó el 51,3 por ciento. “La población carcelaria está creciendo en casi 1.500 internos mensuales, lo que sería 15.000 por año”, dijo el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Gustavo Adolfo Ricaurte.
Solo en la cárcel La Modelo de Bogotá, cuya situación estremeció esta semana al país por la tutela de la juez Guzmán, el hacinamiento puede alcanzar el 279 por ciento, de acuerdo con datos de la Universidad de los Andes y de Dejusticia. Según el general Ricaurte, ese penal recibe entre 30 y 35 internos diarios, es decir, al mes unos 900.
Aparte del hacinamiento, el sistema penitenciario y carcelario del país enfrenta otros problemas como el de la salud: en 31 de las 142 cárceles no se contaba con la red prestadora de servicios de salud. En otros 66 centros de reclusión se reportaron deficiencias en la entrega de medicamentos, y en otros 86 no se suministran insumos médicos de manera oportuna. Hay citas médicas que se asignan a las 7:00 de la mañana, hora que para los reclusos es imposible cumplir.
Para completar el oscuro panorama, la corrupción campea en los penales y entre sus responsables no solo están los mismos internos, sino el cuerpo de guardia y custodia. Una carta aportada en la tutela que falló la Juez 56 narra que todo cuesta en una cárcel, desde el papel higiénico hasta un paseo (salir a tomar el sol) para un recluso. Los costos de productos y servicios de toda índole varían de 2.000 pesos hasta seis millones de pesos.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
Pero, ¿qué es un 'estado de cosas inconstitucional'? El representante Iván Cepeda Castro explicó que es una situación que se diferencia de una mera crisis. Una crisis es un momento pasajero, una situación que tiene un deterioro controlable. Un estado de cosas inconstitucional es una situación de carácter permanente que se profundiza y deteriora.
Para ejemplificar el concepto, Cepeda recordó una de las visitas que ha hecho a más de 40 cárceles en los dos últimos años: en la cárcel de Puerto Triunfo (Antioquia), los estaba esperando un grupo de reclusos, dos de los cuales tenían los labios cosidos y llevaban dos semanas en huelga de hambre. “Una persona que está dispuesta a hacer eso es porque está en el último grado de desesperación”, sostuvo el parlamentario.
“Las condiciones de constante deterioro del sistema carcelario y penitenciario, el hacinamiento exponencial, los brotes de carácter epidémico y los crecientes movimientos pacíficos de desobediencia que realizan reclusos y guardianes producen un 'coctel' bastante explosivo”, aseguró.
Para Cepeda, “en cualquier momento, por alguna circunstancia, puede producirse o bien una tragedia o un movimiento muy fuerte de protesta en las cárceles. Si esto se sigue tratando con paños de agua tibia o sin pensar en abrir realmente un debate profundo, nacional, que incluya a la población de las cárceles, es muy probable que estemos ante hechos que lamentar y situaciones que puedan tener carácter irreversible”.
“Eso no es una ocurrencia ni ningún tipo de especulación. Es un hecho real y cierto”, asegura Cepeda, y agrega que sus afirmaciones no son una manifestación alarmista ni una advertencia para aterrorizar a las autoridades o a la sociedad. “Con lo que digo no estoy incitando a la insubordinación, ni más faltaría. Lo que estoy diciendo son cosas que no se quieren ver con la gravedad que tienen”.
Explica que en muchas cárceles los internos están organizados y se identifican como Movimiento Nacional Carcelario, y que han venido creando sus formas de comunicación. Además, en cada patio existe un comité de derechos humanos, y hay líderes dentro de la población carcelaria.
TODO IGUAL DESDE LA SENTENCIA T-153 DE 1998
La también representante Ángela María Robledo, quien igualmente estuvo en un recorrido por cárceles el año pasado, sostiene que lo que hicieron los parlamentarios en esos recorridos fue confirmar muchos de los diagnósticos que se han venido haciendo a través de los medios de comunicación, de algunas organizaciones como Dejusticia, así como en sentencias de la Corte Constitucional.
“Ratificamos 'in situ' el tema del hacinamiento, los grandes problemas de salud, es decir, violación de los derechos humanos en muchas de estas cárceles, por no decir en todas”, aseguró Robledo. “Hay cárceles en las que literalmente, se están pudriendo las personas, como en una parte de La Picota, porque las instalaciones y los lugares donde viven son realmente dantescos. Y por otro lado, están las cárceles nuevas que dejó como legado Álvaro Uribe, pero algunas, como la de Valledupar, no tienen agua”.
Para Robledo, las circunstancias desde la sentencia T-153 de 1998 permanecen inalteradas. “Yo diría que agravadas, como el tema del hacinamiento en los últimos años, quizás agudizado en algunos casos por la actitud punitiva de resolverlo todo encarcelando a la gente, y muchas veces a personas pobres que no tuvieron condiciones ni abogados para defenderse”.
Recuerda, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad y Convivencia “que movió Germán Vargas Lleras”, pues “trajo una cantidad de encarcelamientos para situaciones de muy distinto orden, pero los grandes criminales no van a parar allá”.
Sobre la situación en las cárceles, la parlamentaria aseguró que hay muchos responsables, empezando por el marco normativo que se ha vuelto totalmente punitivo, y en muchos casos ineficiente. “En la situación claro que hay una responsabilidad del Inpec, de los operadores de justicia y del Gobierno Nacional”, dijo.
Agregó que hay una confluencia de responsabilidades, entre las que destaca la del Inpec, porque “ha llevado un régimen doble o triple de militarización en las cárceles que hace todavía mucho más difícil la vida allí. Algunos están pagando porque cometieron crímenes; ese es el sistema que tenemos y hay que hacerlo; eso es parte de la justicia. Pero no se puede, en aras de eso, violar los derechos como personas dignas, como lo establece la Constitución”.
Finalmente, aseguró que ella, desafortunadamente, tendría para relacionar un “rosario de violaciones de derechos humanos” en las cárceles colombianas, y destacó que hay una intención de la Ministra de Justicia de presentar un nuevo Código Penitenciario. “Digo y reconozco que esta Ministra ha mostrado una especial sensibilidad. Pero ojalá logre mover ese aparato tan lento y tan difícil que es el Estado”.
Colombia
Jurisprudencia sobre cárceles: ¿letra muerta?
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