Cuando comenzó la pandemia del covid-19, quedó en suspenso la oleada de movilizaciones que vivía el país desde noviembre de 2019 y parece que se puso en pausa la indignación y los reclamos que se vivían en las calles por esos meses. Pero desde septiembre esa chispa se volvió a encender y se reactivó la agenda de movilización de los educadores, los sindicatos, los universitarios, entre otros grupos de la sociedad civil.
El próximo 21 de octubre será la próxima gran jornada de paro nacional convocada por el Comité Nacional de Paro, conformado por la CUT, Fecode, organizaciones estudiantiles, plataformas sociales y sindicales, entre muchos otros.
Según Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), detrás de la jornada del 21 de octubre, hay dos grandes bloques. El primero, en contra de la política económica del gobierno Duque, “la intención de hacer reformas laborales y pensionales, de limitar derechos a los trabajadores, de no solucionar con empleo el tema de la informalidad”.
El segundo gran paquete es en defensa de la vida y la paz: el rechazo a las masacres, la agresión al acuerdo de paz, el lenguaje del gobierno y la represión a la protesta social, afirmó Orjuela.
“A eso hoy le agregamos un nuevo tema que es el de la democracia: es la exigencia a este gobierno del respeto al estado social de derecho, el respeto de la independencia del poder judicial, el desconocimiento de las sentencias, y en términos autoritarios, la expedición de gran cantidad de decretos en los que las cortes no pueden intervenir rápidamente”, afirmó el presidente de la CUT.
A grandes rasgos buscan exigir que se garantice y que funcione el estado social de derecho, tal y como está pactado desde la constitución del 91.
Pero lo cierto es que detrás de estas jornadas hay también unos reclamos históricos de las organizaciones sindicales y la clase trabajadora del país contra el estado, que han motivado sus movilizaciones desde hace años.
Según Alejandro Parra, director académico de la Escuela Nacional Sindical, organización dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores en el país, detrás de esta jornada de paro hay una gran confluencia de agendas, es decir, que las motivaciones de la protesta tienen que ver no sólo con la agenda tradicional y con las exigencias postergadas e invisibilizadas del movimiento sindical y de trabajadores, sino que se une ahora a un conjunto de nuevas agendas que surgieron en medio de la pandemia.
La primera de esas grandes deudas postergadas es la deuda política con el sindicalismo y los trabajadores. Según Parra, los trabajadores han sido objeto de medidas por parte del estado para evitar que se integren de forma profunda a la democracia política.
“Se genera en el ámbito de no permitir que el sindicalismo se integre como un sujeto que no solamente negocia beneficios laborales, sino que es una voz en el proyecto democrático, que incluso, expresa agendas de transformación social y se convierte en grupos de presión política, con proyectos políticos propios”, afirmó Parra.
Para él, la falta de asociaciones reconocidas, legítimas e incluidas hacen que la democracia sea deficitaria y que la sociedad tenga una deuda grande con la clase trabajadora. Según Parra, cuando los sindicatos del país trataron de integrarse de manera activa en la democracia para presentar su visión de sociedad fueron exterminados en el contexto del conflicto armado.
Diógenes Orjuela afirmó que el estado le debe a la fuerza laboral el “permitir que pueda haber plena aplicación del derecho de asociación sindical, con sindicatos fuertes y centralizados, y con una fuerte negociación colectiva”.
Hoy en día, Colombia sólo tiene una tasa de sindicalización del 5.2% durante la pandemia, un leve aumento desde el 4.7% reportado antes del covid, pero es una de las tasas de sindicalización más bajas en el mundo, según explicó Parra.
Y es que el movimiento de trabajadores y sindicatos sería un gran proyecto político si no hubiese decrecido en los últimos 40 años. Según los datos de 1980, en ese momento había una tasa de sindicalización del 17%, es decir, 17 de cada 100 trabajadores hacían parte de los sindicatos. Esa cifra decreció a cerca del 4% para los años de 2009 o 2010.
“Si no hubieran sido objeto de exterminio sistemático en el contexto de la guerra, de la inacción del estado para vigilar y controlar que se respetaran los derechos laborales, de políticas de persecución por parte de los empleadores e incluso de políticas macroeconómicas que terminaron afectando sus derechos, hoy en Colombia habría afiliados a sindicatos casi 4.500.000 trabajadores y trabajadoras”, enfatizó Parra, quien explicó que ese número le permitiría a los trabajadores incluso elegir una bancada entera en el Congreso de la República.
“Haberle arrebatado más de 3 millones de afiliados y afiliadas a los sindicatos durante estos 40 años le ha quitado al sindicalismo la posibilidad de incidir en la democracia”, aseguró.
Otro segundo gran reclamo de la clase trabajadora obedece al ámbito económico, pues, para Parra, en los últimos 40 años la clase laboral ha perdido una masa de beneficios por la que luchó durante décadas, algo que impacta en la equidad y la desigualdad y que los llevó a perder volumen de participación en la riqueza del país.
En tercer lugar, el estado colombiano tiene un vacío en la protección de los derechos humanos de los trabajadores. Según los datos de la Escuela Nacional Sindical, desde 1973 hasta la fecha han sido asesinados 3.270 líderes sindicales y se han presentado 15.243 violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados.
“Han cortado muchas veces por la cabeza la capacidad del sindicalismo para incidir en la sociedad y eso lo debilita porque la violencia sindical tiene una vocación disuasiva. El mensaje es: no se sindicalice porque le puede pasar lo mismo que le pasó a quien asesinaron”, explicó Parra.
Parra afirmó que también existe una deuda para permitir la organización del sindicalismo, pues quien es parte de un sindicato es entendido como un enemigo de las empresas o es calificado como vago o como sospechoso de querer subvertir el orden, lo que funciona como un disuasivo para la organización de la clase trabajadora en el país.
Sumado a esto, existen déficits en la construcción de políticas públicas que beneficien a la clase laboral, como por ejemplo la ausencia de una política nacional de trabajo decente o la falta de actualización del estatuto del trabajo para que obedezca a las necesidades actuales de los trabajadores colombianos.
¿Qué ha pasado durante la pandemia?
Según Parra, está claro que antes de la pandemia el mundo del trabajo ya era deficitario, había alta tasa de informalidad laboral, empleos de baja calidad, salarios promedio muy inferiores, entre otras fallas. Y aún así, la pandemia agravó el panorama y agregó más temas pendientes para con la clase laboral.
“¿Qué es lo nuevo que llega? Lo más protuberante es que durante la pandemia se generó una deuda nueva en el terreno de las políticas. Lo que hizo el gobierno no estuvo centrado en los ciudadanos ni en el tejido empresarial y productivo más vulnerable”, enfatizó.
Para él, no hubo una política robusta centrada en darle condiciones a los ciudadanos para atravesar con dignidad el periodo de aislamiento. “El dinero llegó a quienes no tenía que llegar”, resumió.
Además, surgió otro problema en términos de inclusión y participación ciudadana. “Las ya de por sí precarias políticas que se diseñaron no fueron construidas a muchas voces, fueron consensuadas con las expresiones del gran empresariado y el gobierno. Los sindicatos y los trabajadores no estuvieron en una mesa negociando el diseño de las políticas para salir de la crisis, y no lo han estado hasta ahora”, afirmó.
En ese mismo sentido, el presidente de la CUT explicó que el pliego de emergencia fue presentado en julio e incluyó los puntos más graves que necesitaban una solución en la pandemia, como por ejemplo la renta básica, el salvamento a las mipymes, la protección a sectores vulnerables, y sin embargo, no ha habido una respuesta.
“Todo eso ha tenido oídos sordos por parte del gobierno, que como hemos denunciado se ha dedicado es en forma autoritaria a legislar sin consultar con nadie y solamente trabajando con el consejo gremial y los banqueros”, dijo Orjuela.
Y el último de los grandes problemas, explican, es el de la regresividad jurídica por la expedición de decretos durante la pandemia, como en el caso del decreto 1174 del piso de protección social que, según Parra, son normas que disminuyen el estándar de garantía de derechos laborales, que no tienen vocación de emergencia y que contribuyen a terminar de precarizar el trabajo en el país.
Para la Escuela Nacional Sindical, los nuevos paros son la consecuencia de haber frenado el ciclo movilizador a raíz de la pandemia y por una agenda que no se negoció. Ahora, con la pandemia, que llegó a agudizar las problemáticas, la agenda regresó.
“Vuelve la movilización a la calle, con más motivos para movilizarse, con más desesperación, con más hambre, con menos ingresos, lo que hace explosiva las posibilidades de impacto de esta ola de movilización”, enfatizó Parra.
¿Cómo tratar la nueva ola de protesta ciudadana?
La solución a toda esta gran problemática, según afirma el presidente de la CUT, es en primer lugar, garantizar el derecho a la protesta como una forma de expresión de la ciudadanía ante las fallas del gobierno y el estado.
La segunda medida, exigen, es que el gobierno se reúna con el Comité Nacional de Paro para discutir y avanzar en la negociación de las necesidades más sentidas en el debate nacional.
Pero sobre todo piden que el gobierno entienda que hay una Colombia muy grande, que es la que está protestando, y que tiene una opinión distinta de la versión de país que hay que construir.
“Hay una Colombia distinta a ellos que merece bienestar, que merece salarios, que merece derechos, que merece educación, que merece salud y que debe ser tenida en cuenta”, pide Orjuela a nombre de los trabajadores del país.
La propuesta de la Escuela Nacional Sindical es también que se establezca un plan de transición integral a esta crisis, uno que integre un importante esfuerzo fiscal y un fortalecimiento de las discusiones con la sociedad para que se gobierne bajo el mandato de la inclusión de todas las fuerzas sociales.
“Si no hay un diálogo social verdaderamente incluyente y eficaz con los sectores sociales y trabajadores, las salidas a la crisis van a ser difíciles e imposibles. Sin los trabajadores esta crisis es insoluble”, afirmó Parra, para quien sin diálogo sólo habrá regresividad y despojo en materia de derechos humanos y laborales.
Lo cierto es que parece que la movilización no se detendrá, aún cuando el gobierno decida poner sus ojos en estas problemáticas. Además del 21 de octubre, el Comité Nacional de Paro convocará nuevas jornadas para el mes de noviembre y afirma que seguirá manifestándose hasta que su voz sea escuchada.
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