Danelly Martínez Ribará arrastra sus pies por entre un charco de agua a orillas de una carretera que pareciera no tener fin. Es la Autopista Internacional que de Cúcuta conduce al municipio venezolano de San Antonio del Táchira, a pocos kilómetros de llegar al puente internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, límite entre Colombia y Venezuela.
Mientras sus pies reposan, se limpian y descansan en el pavimento humedecido por el líquido tibio, que en pocos minutos se evaporará por los inclementes 34 grados centígrados de la frontera, sus hijas Estefanny y Milaidy, de 8 y 14 años de edad, imitan la acción, pero no la disfrutan: ampollas en sus pies arden en carne viva.
Yosmary García, una colombo-venezolana, residente en San Antonio, acompaña la odisea de las migrantes por una módica suma de dinero. Ella sabe cómo funciona el tráfico por una de las 150 trochas manejadas por grupos armados ilegales, porque el paso formal está cerrado por la pandemia del coronavirus. A las mujeres les espera el peligroso camino ilegal, el mismo que sin Dios ni ley atraviesan miles de migrantes diariamente en busca de satisfacer sus necesidades.
“Tenemos miedo. De llegada a Cúcuta pagamos 15 mil pesos por la trocha. Hemos tenido que refugiarnos en la calle con la fe en Dios de que no nos va a pasar nada, pero no estamos exentas a miradas, a ofrecimientos, a dinero a cambio de sexo y a ayudas malintencionadas. Esa es la diferencia de ser mujer migrante con relación a los hombres”, comenta Danelly, quien dice que aunque no ha llegado a ejercer la prostitución, sí ha vivido la experiencia de sentirse vulnerada sexualmente por la precariedad de su condición.
Casos como el de Danelly fueron tema en los tres días del encuentro virtual que sostuvieron nueve mujeres, panelistas nacionales e internacionales en la segunda temporada de las VI Jornadas de Innovación Investigativa: Género, Fronteras y COVID-19, encuentro académico organizado por la Universidad Simón Bolívar y la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales con Enfoque de Género (RED-HILA).
Para la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Martha Cecilia Ruiz, las fronteras son lugares hostiles para los migrantes. Generalmente se ven como un espacio de flujo o de restricción; como un lugar de paso o como un muro. Incluso, el Estado históricamente ha dado una connotación a la frontera como la porción de control territorial, cuyas políticas son defensa de la soberanía y control social; son lugares con altas estadísticas de pobreza y violencia, entre otros fenómenos. Y en ese ambiente están las personas en condición de movilidad.
De acuerdo con Dhayana Fernández, investigadora de la Unisimón, las mujeres migrantes, a diferencia de los hombres, tienen lo que se denomina la doble carga, que es aquella carga productiva y reproductiva. Muchas de ellas, jefas de hogar, son quienes trabajan, se encargan económicamente del hogar, pero a la vez están obligadas a ver de sus hijos¬, “cosas como éstas hacen que se deba estudiar la migración con enfoque de género.”
Y es que de hecho son escasas las investigaciones encaminadas a estudiar cuál es la condición de las mujeres en estado de movilidad.
Hoy en día, en la pandemia, los migrantes sufren rechazos a niveles no esperados. Incluso, en su país natal son vistos como amenaza, como lo hizo saber públicamente a la prensa el secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, quien tildó a sus compatriotas en retorno de ser potenciales armas biológicas, resaltó la panelista Masaya Llavaneras.
Según la profesora del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Unisimón, Neida Albornoz Arias, algunos estudios de migraciones con enfoque de género son recientes y han permitido entender que la mujer es protagonista en aquellos movimientos poblacionales, envueltos en un mundo de desigualdades sociales y en todo el proceso migratorio, que generan discriminación, explotación y violencia, entre otros.
La frontera transciende los espacios del límite por ser una zona de integración, donde se conjugan diferentes factores, dinámicas, acuerdos, legales o ilegales. “Los estudios demuestran experiencias de las migrantes y sus familias con relación a su vinculación laboral: trabajos domésticos, de cuidado y trabajo sexual (...). Las mujeres siguen siendo más vulnerables a abusos económicos y sexuales.”
“Prefiero ver la frontera como un espacio de tensión: con esto me refiero que es un espacio de movilidades y controles; de oportunidades y de restricciones; de violencia, de abuso, pero también es un espacio de lucha y de resistencia”, concluyó una de las ponentes.
A todo este sinnúmero de adversidades en la frontera se enfrentan Danelly y sus hijas Estefanny y Milaidy, y al menos otros 60 mil migrantes que diariamente, obligados por la necesidad, se internan por los pasos ilegales, incumpliendo los controles de las autoridades y desafiando el peligro que representan tanto los grupos al margen de la ley como la pandemia. Pagar unos pesos por llegar a su destino es la única forma de garantizar a los migrantes el tránsito por la frontera nortesantanderana, paso que alguna vez fue el más vivo de América Latina.
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