Más allá de los cuatro puntos que anunció el presidente Juan Manuel Santos en la noche del lunes sobre la no aplicabilidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Gobierno ya tiene la hoja de ruta que empezará a desarrollar en tal sentido.
Por un lado, está un estudio con Lindsay Parsons, geólogo internacional y experto en asuntos de la Convención del Mar, quien tiene la misión de determinar completamente la plataforma submarina del país.
El estudio realizado por el experto aún no ha finalizado, por lo que el Gobierno no puede asegurar, al 100 por ciento, que la plataforma de Colombia se una con la de San Andrés, “sin embargo hay una alta probabilidad de que las dos plataformas se junten”, sostuvo una fuente del alto Gobierno.
Cabe recordar que el pasado 26 de junio Nicaragua entregó ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas una solicitud para que su plataforma continental se extendiera a 200 millas náuticas más allá de su costa. La discusión en dicha instancia es puramente técnica, por lo que Colombia deberá presentar los estudios que certifiquen lo dicho ayer por el presidente Santos, es decir que la plataforma del archipiélago se une con la de Cartagena.
El otro frente de la estrategia es el respaldo internacional. El presidente Juan Manuel Santos se la está jugando por hacer un frente amplio y fuerte que deje solo a Nicaragua con sus pretensiones expansionistas.
Un paso en tal sentido será la entrega de una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon donde denuncia, junto con Panamá, Costa Rica y Jamaica, las pretensiones de Nicaragua. Santos se la entregará Moon a finales de este mes cuando esté en Nueva York, aprovechando la asamblea anual de la ONU.
La estrategia del Gobierno no termina allí. La Zona Contigua Integral, a la que se le dio una relevancia importante en el discurso del Presidente el pasado lunes, tiene como fin dar a conocer que el Ejecutivo aún sigue teniendo jurisdicción sobre los cayos que la CIJ había dejado enclavados.
Sin embargo, la decisión no desconoce ni afecta los derechos económicos, solamente Colombia tiene jurisdicción fiscal y aduanera.
La última estrategia que aplicará el Gobierno será demandar ante la Corte Constitucional el pacto de Bogotá para que la corporación diga si un fallo de un tribunal internacional puede o no modificar los límites de la nación.
La posibilidad de un enfretamiento bélico está lejos y no se ha llegado a pensar como un escenario posible que se pueda dar.
MÁS APOYO AL GOBIERNO
Frente a la estrategia del Gobierno el Partido Liberal aseguró que hay que rodear al presidente en la presentación hecha el pasado lunes. “Es urgente frenar el expansionismo de Nicaragua en el Caribe y Colombia tiene que defender su soberanía”, dijo Simón Gaviria, jefe de la colectividad roja, tras una reunión con el presidente Santos el martes.
A su turno, el Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, resaltó la decisión gubernamental y añadió que se trató de una posición firme y serena en lo político, pero muy estudiada y profunda en lo jurídico.
“En este tema no se podía improvisar, ni dar bandazos, ni salir de manera acelerada a fijar una posición. El Gobierno lo ha hecho con ponderación, con seriedad y con responsabilidad”, precisó el legislador.
Por otro lado, Ricardo Abello docente de derecho internacional de la Universidad del Rosario reconoció en el anuncio del presidente Juan Manuel Santos una invitación a la negociación para poner fin al conflicto limítrofe con Nicaragua. Sin embargo, dice que tarde o temprano se tendrá que cumplir con el fallo.
Y agrega que el pronunciamiento del Gobierno no es un desacato ni un incumplimiento, “lo que él está diciendo es que para poderlo cumplir tenemos que cuadrar ciertas cosas y una vez que las hayamos cuadrado y miremos de común acuerdo cuáles son los parámetros y que haya un tratado, con eso lo cumplimos. En el fondo lo que se está diciendo es sí lo vamos a cumplir pero tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo se va a hacer”.
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