Colombia


“La implementación más urgente es la seguridad de los excombatientes”: ONU

El jefe de la Misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia habla de los retos de la implementación y el vínculo entre el proceso de paz y la protesta social.

COLPRENSA

18 de julio de 2021 01:00 PM

Luego de una tensa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de verificación de esa entidad internacional, dio a conocer el informe sobre el avance en materia de implementación el funcionario habló sobre los retos que enfrenta el acuerdo de paz logrado con las extintas Farc hace ya 5 años.

Según dijo el reto más importante de la implementación es la seguridad de los excombatientes. Por otro lado, se refirió al diálogo que se rompió entre el Gobierno y el Comité de Paro, respecto del cual sostuvo que lo que obligó a que se rompiera la mesa fue la falta de confianza.

¿Qué debe hacer el gobierno para garantizar la seguridad de los excombatientes debido al alto número de muertes que se han presentado?

Primero hay que reconocer que el gobierno constantemente busca medidas nuevas con el fin de reducir la inseguridad y prevenir este tipo de actos criminales, desafortunadamente al ver los datos se ha mantenido el número de excombatientes y líderes sociales asesinados en las comunidades.

A juicio nuestro lo que se puede hacer son tres cosas, una de carácter estructural, una de mediano y una de largo plazo. De carácter estructural es incrementar la presencia integral del estado en los territorios afectados por el conflicto, que llegue acompañada de servicios sociales, instituciones civiles que poco a poco fortalezcan la presencia estatal y esa es la mejor medida para proveer seguridad en esos territorios.

En el mediano plazo el propio acuerdo prevé un órgano cuyo principal mandato es el adelantar una política pública para el desmantelamiento de grupos criminales y redes de apoyo, es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que lo que debe hacer es reunirse frecuentemente, avanzar e implementar la política pública. De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el 60% de los asesinatos de los excombatientes han sido perpetrados por estos grupos criminales.

Y en el corto plazo seguir implementando medidas específicas que no son sostenibles a lo largo del tiempo, pero son importantes y ahí son diferentes instituciones las que actúan. La Defensoría que continúe y fortalezca su sistema de alertas tempranas, que haya una respuesta del Estado acorde a esas alertas tempranas que se reacciones cuando hay amenazas y que sigua dotando de recursos a la Unidad Nacional de Protección que es quien provee esquemas individuales a personas y grupos de personas y lugares donde hay amenazas.

A su juicio, ¿qué ha impedido que el Estado llegue a esas regiones apartadas? Se suponía que en principio lo que había impedido la llegada del Estado era la presencia de la extinta guerrilla de las Farc

La expectativa era esa y la sigue siendo con la desmovilización de las antiguas Farc. En muchos de los casos no se ha aumentado esa presencia estatal. Puede ser un tema de razones múltiples, de recursos, de cambios en políticas que no avanzan como se debe haber avanzado.

Sabemos que es un esfuerzo que no es corto y desafortunadamente no hemos visto avanzar demasiado esa presencia. La hemos visto avanzar en algunos casos con mayor presencia de la Fuerza Pública y en otros con la implementación de los programas del acuerdo, pero no de forma sostenida, comprensiva e integral.

Lo digo porque en esas zonas hay PDET, PNIS, pero esa presencia integral de distintos actores llegando al territorio no se ha hecho como se esperaba que se hiciera independientemente de las razones que tengan los gobiernos a quienes les ha tocado implementar estas medidas.

En la última sesión del Consejo de Seguridad la vicepresidente y canciller de Colombia indicó que se calculó mal el costo de la implementación del proceso de paz ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración?

Más allá de los cálculos es que este es un acuerdo de paz que dada la naturaleza y la naturalidad, pues no solo buscó desmovilizar a un grupo armado y reincorporarlo a la vida civil, sino que intenta atacar los problemas de raíz. En ese sentido el acuerdo tiene capitulos profundos como la ampliación de la vida democrática, de la vida política, la Justicia Transicional, si bien es cierto es ambicioso, afortunadamente, pero seguramente requiere esfuerzos mayores para su implementación, de todos los actores y el Estado.

Este acuerdo está planteado a 15 años y vamos a cumplir el quinto. Se ha avanzado en algunas cosas y lo hemos reconocido, hay otras cosas que no se han implementado y lo hemos señalado. Pero, esperamos que Colombia y los distintos gobiernos sigan poniendo su esfuerzo y sus recursos en este fin. La comunidad internacional también ha aportado muchos recursos que creo que es valioso rescatar. Este esfuerzo es de Colombia principalmente, pero está respaldado por la comunidad internacional que le apuesta al proceso de este país.

Usted dijo ayer que se ha avanzado en la implementación pero que es necesario acelerarla, ¿en qué aspectos se debe acelerar y en cuáles no se ha avanzado lo suficiente?

Lo más urgente es la seguridad de quienes han firmado el acuerdo de Paz y hay otros aspectos muy importantes en la reincorporación como avanzar en el tema de tierras y no solo avanzar en la adquisición y adjudicación de tierras en los ETCR sino fuera de ellos. De los casi 13 mil excombatientes acreditados alrededor de 3 mil están en esos lugares y más de 9 mil están fuera. Hasta ahora se ha avanzado y hay que reconocerlo en ese tema para los ETCR, que haya más tierra.

Y esta exigencia la hacemos porque eso que le da certidumbre y ancla la reincorporación en el tiempo y eso es importante para que el proceso sea sostenible, este es uno de los elementos importantes que consideramos que se fortalezca en esta última parte del año y principio de la siguiente.

Hace unos días la CIDH dijo que la situación de la protesta se ha agravado en Colombia por fallas en la implementación del acuerdo de paz, ¿está usted de acuerdo con que las dos situaciones tienen relación?

Hay una relación y es que uno de los puntos que los manifestantes reclaman y han reclamado claramente los jóvenes en las manifestaciones que se han dado desde noviembre de 2019 es la implementación integral del acuerdo de paz. Yo considero que no es que no se reconozcan los avances en algunos elementos, pero es importante la implementación integral. En estas manifestaciones hay muchos grupos distintos que se movilizaron, los integrantes del comité de paro, grupos de jóvenes, indígenas y hay elementos en el acuerdo para distintos grupos en Colombia.

Por ejemplo, los campesinos del Catatumbo han pedido la implementación del programa nacional de implementación de cultivos ilícitos y garantías de seguridad. Por otro lado, está por ejemplo el capítulo étnico muy importante para las poblaciones indígenas. Sí hay relación.

Además, esperamos que esta relación, que esperamos que esté y siga siendo positiva, que es la de canalizar muchas de las demandas incluidas la de los jóvenes y un capítulo que no ha avanzado mucho que es la ampliación de la participación política porque es importante darle cauce a las demandas ciudadanas y la implementación de ese capítulo no solo tiene relación, sino que ayudaría a canalizar muchas de esas demandas.

Usted participó en los diálogos entre el gobierno y el comité de paro ¿ve posibilidades de que el diálogo se vuelva a abrir?

El propio comité también optó por canalizar sus demandas en el Congreso por la vía legislativa privilegiando los espacios regionales y locales. Siempre hay que estar listos y dispuestos a apoyar cualquier iniciativa de diálogo, si las partes el gobierno y el comité, decidieran retomar los diálogos pues Naciones Unidas y estamos seguros que la iglesia con la que trabajamos de la mano, estaríamos prestos para apoyar un tema que es de los colombianos pero que la ONU siempre podrá facilitar.

Después de dos meses de terminado el diálogo ¿Qué cree usted que falló para llegar a un acuerdo entre ese sector de los manifestantes y el gobierno nacional?

Si bien la confianza se fue construyendo poco a poco ellos tuvieron algunas decisiones que afectaron la confianza entre ellos, de cara al futuro ese es el tema central no son temas sustantivos, que son muy complejos, pero en esa etapa era más de construcción y consolidación de confianza y yo veía que las partes pueden lograr entendimientos. Yo creo que eso fue lo que más afectó el ambiente y la posibilidad de llegar a acuerdos en ese espacio. Pero siempre esos espacios se pueden volver a rescatar.

¿Le preocupan los riesgos para los líderes sociales y para la implementación en general del acuerdo la cercanía de las elecciones en Colombia?

Más que preocuparme me ocupa, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que se tomen todas las medidas necesarias porque las elecciones son por naturaleza polarizantes, un momento en el que la ciudadanía lo hace, eso pasa en todos los países del mundo por eso es necesario tomar todas las medidas que se puedan tomar para que la polarización natural no se traduzca en violencia, actos hostiles, estigmatización y que no supere la lucha democrática y electoral. Colombia ha vivido procesos muy pacíficos últimamente desde las elecciones del 2018. Los pactos que se hacen de no violencia yo creo que pueden ayudar de cara a las elecciones es importante buscar esos espacios de convergencia y civilidad en las fuerzas políticas para buscar que este proceso sea inclusivo y se haga en calma.

Dice la Defensoría del Pueblo en un informe de este martes que este ha sido el año con mayor desplazamiento desde que se firmó el acuerdo de paz, ¿Por qué cree que se está dando este fenómeno en especial en lugares donde antes hacía presencia las Farc?

Aquí volvemos a la premisa inicial de que es necesario que el Estado aumente su presencia porque en esos espacios donde se desmovilizaron las antiguas Farc se han fortalecido, o han llegado grupos criminales o bien hay grupos que están en disputa por algún tipo de control territorial y eso afecta a las comunidades. Muchas veces lo que sucede es que segmentos de la población se han desplazado buscando mejores situaciones con más seguridad. El llamado de la Defensoría es importante y es un indicador de la situación de inseguridad y la necesidad de tomar medidas adicionales para proveer seguridad a las comunidades.