La peor crisis carcelaria en la historia

24 de octubre de 2014 08:04 PM

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Por: Alejandra Bonilla Mora

La situación carcelaria en el país es tan crítica que ahora el Gobierno Nacional deberá pedir excusas públicas, mediante nota verbal, a un alemán, quien en 1997 vio seriamente agravado su estado de salud porque la cárcel de Barranquilla, en la que estaba recluido, no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La orden la dio el Consejo de Estado.

Esas condiciones llevaron a que el ciudadano alemán, preso por intentar llevar cocaína al exterior, tuviera que pasar “envuelto en su materia fecal y orina durante horas”, lo cual le ocasionaba graves conflictos con sus compañeros; en protesta, dejó de comer durante 42 días. En su momento la solución del Inpec fue el traslado del preso a La Picota, donde tampoco había condiciones para que fuera al baño. El agravamiento de su estado de salud obligó, por mediación de la Embajada Alemana, a llegar un acuerdo diplomático para trasladarlo a un penal en su país natal, lo que sucedió en 1998.

Fue precisamente en ese año en que la Corte Constitucional declaró en fallo de tutela la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en las prisiones del país, luego de verificar graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los internos. Sentencia que ordenó remediar la situación de manera urgente, pero que, a diferencia de otros fallos similares, no tuvo los efectos esperados, ya que la Corte no mantuvo la competencia para ir vigilando el cumplimiento de las órdenes impartidas.

16 años después el panorama de las cárceles del país sigue siendo tan grave que la Defensoría del Pueblo ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de decretar la emergencia carcelaria, para tomar medidas más efectivas. De hecho, el sindicato del Inpec está en paro y varios penales del país se abstienen de recibir más presos, porque simplemente ya no hay espacio.

La situación en los penales ha derivado en dolorosos hechos recientes. De acuerdo con cifras de la Defensoría conocidas por COLPRENSA, este año han muerto 27 reclusos incinerados o por quemaduras graves. 17 de estos en la cárcel Modelo de Barranquilla, en tragedia que enlutó a la ciudad el 27 de enero. Cinco más en un incendio del 15 de junio en la cárcel El Bosque de Barranquilla, uno en Bellavista (Medellín) el 29 de julio, dos en La Ternera (Cartagena) ese mismo día y otros dos en Cúcuta el pasado 8 de agosto.

Por si fuera poco, los dos muertos en Cúcuta y los 5 de El Bosque, estaban en Unidades de Tratamiento Especial (UTE), pues padecían trastornos psiquiátricos, pero sin que tuvieran la debida atención médica.

El riesgo que advierte la Defensoría es la inminencia de una tragedia en el penal de Quibdó (Chocó), pues por deficiencia de estructura, las redes eléctricas se encuentran expuestas y en permanente contacto con material inflamable.

COLPRENSA tiene en su poder una descripción de la problemática carcelaria elaborada por la Defensoría del Pueblo que da cuenta de cuatro elementos que coindicen en la mayoría de los penales del país. El primero de ellos, claro está, es el hacinamiento, que en algunos casos, como el de Riohacha, alcanza cifras del 450 por ciento, lo que implica que los reclusos cuentan con espacio vital que no pasa los 60 centímetros cuadrados.

De hecho, se indica que para el fallo de la Corte en 1998, el hacinamiento era del 30 por ciento. Luego, con el diseño de una política carcelaria en el 2002 hubo una reducción del hacinamiento histórico al 15 por ciento, pero ahora está en el 53 por ciento.

“En otras palabras, no faltamos a la verdad si aseguramos que nunca en la historia del país la problemática carcelaria fue tan grave como la que hoy debemos afrontar”, dice la Defensoría al indicar que entre 2003 y 2013 la población carcelaria aumentó en un 100 por ciento.

De acuerdo con su estudio, en Colombia hay 266 reclusos por cada 100 mil habitantes, esto es, más del triple que en Ecuador (86) y poco menos del doble que en Venezuela (169). La cifra es superior a las que hay en Perú (202), Bolivia (112), Paraguay (97) y Argentina (147).

El segundo problema estructural que aqueja a los penales es, de acuerdo con la Defensoría, una inadecuada u obsoleta infraestructura, pues la mayor parte de los penales funciona en establecimientos que no fueron concebidos como cárceles y que no tienen las condiciones para albergar a los internos con un mínimo de dignidad.

De hecho, ha sido la propia Corte Constitucional y la Judicatura las que en diferentes fallos han ordenado realizar obras en los penales para mejorar las condiciones de los presos.

Un fallo reciente, por ejemplo, señalaba cómo la visita conyugal en La Picota de Bogotá llevaba a que 158 reclusos tuvieran que turnarse una sola celda en un mismo día. Esa visita, constató la Corte, incluso se hacía en el piso, a la vista de todos, y en ‘cambuches’ improvisados. Otro fallo sobre la situación de desaseo para ese tipo de visita en Las Heliconias (Florencia, Caquetá) ordenó al Inpec y al Gobierno Nacional tomar medidas para que las nuevas cárceles que se hagan cumplan desde el principio con todas las condiciones básicas de infraestructura.

El tercer problema estructural tiene que ver con la atención en salud, que ha obligado a la Defensoría a interponer sendas tutelas para que los internos reciban los tratamientos adecuados, para que haya más de un enfermero, medicinas apropiadas y atención especializada para trastornos psiquiátricos y enfermedades graves.

Finalmente, el cuarto problema más grave diagnosticado por la Defensoría del Pueblo es la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados que sirvan para que los presos realmente puedan volverse a integrar a sus comunidades, una vez terminen sus castigos.

POR REGIONES

La Defensoría también trazó un panorama en regiones puntuales sobre la grave situación carcelaria, que ha constatado de acuerdo a las veces que ha tenido que intervenir.

MAGDALENA

El hacinamiento del 300 por ciento en la Cárcel de Santa Marta ha motivado tutelas; a ellos se suman las pésimas condiciones de habitabilidad y salubridad. En 2013 la Corte Suprema de Justicia ordenó que se definiera un plan de trabajo para reubicar internos, que se gestionara el dinero para mejorar obras e hizo un regaño generalizado al Gobierno Nacional en el sentido que cuando se hagan reformas legales se garanticen las partidas presupuestales para llevarlas a cabo y que las mismas no queden en letra muerta. El pasado 28 de julio, la Defensoría ofició al Minjusticia y a la cárcel para saber cómo se ha cumplido el fallo, sin que se tenga respuesta.

CHOCÓ

Una visita de julio de este año evidenció que desde mayo no había personal médico para los internos de la cárcel Anayancy (Quibdó), que no tenía farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes. Había acumulación de residuos hospitalarios en el mismo lugar donde los presos reciben atención. Una tutela ordenó que en un mes se resolviera el tema de atención en salud y que se continuara la licitación para modificar la infraestructura del penal, y dio al Inpec un año para resolver el hacinamiento existente, del 155 por ciento. Si no, no se podrán recibir más presos.

ANTIOQUIA

El 19 de agosto pasado el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Medellín ordenó a Caprecom EPS y al Inpec que de forma inmediata haga las acciones necesarias para que todos los presos tengan atención oportuna en salud, medicina especializada, otros medicamentos y servicios de odontología. Esto luego de que la Defensoría evidenciara que de 19 ERON –establecimientos de reclusión del orden nacional- que operan en el departamento, sólo siete contaban con personal médico. No había médicos especialistas, ni tratamientos sicológicos o siquiátricos para pacientes con enfermedades mentales, quienes en el mejor de los casos eran tratados por especialistas que hacían presencia en los establecimientos cada seis meses.

TOLIMA

En La Picaleña, de Ibagué, los patios 3, 6, 7, 8 y 10 del Bloque 1 del establecimiento se encuentran ubicados en pisos altos de la edificación y carecen de mallas de seguridad adecuadas que impidan que los internos caigan al vacío. Esto ha generado que seis personas hayan muerto por caídas, a pesar de que en mayo de este año un juzgado ordenó que se pusieran tales mallas. Hasta el momento, no se ha cumplido con el fallo.

ATLÁNTICO

La Defensoría Regional encontró una grave problemática de hacinamiento, infraestructura inadecuada y precaria prestación del servicio de salud en El Bosque, la Cárcel de Justicia y Paz "Modelo" y el ERE de Sabanalarga. Tras el incendio de enero de este año en La Modelo, que provocó 17 muertos y heridas a 38 personas, se interpuso una tutela en la que se quejaban porque el lugar podía albergar a 450 reclusos, pero tenía 1115, un hacinamiento del 265 por ciento. El Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla ordenó al Inpec que trasladara a internos; a Caprecom, que asignara personal suficiente para atender a los presos y que se hiciera una adecuación al área de atención médica. En cuanto El Bosque, la Defensoría Delegada pudo constatar condiciones degradantes que deben soportar los internos recluidos en las Unidades de Tratamiento Especial, pues los internos allí recluidos carecen de tratamiento sicológico o siquiátrico, no cuentan con instalaciones sanitarias, se ven expuestos a olores nauseabundos y son sometidos a tratos que atentan gravemente contra su dignidad humana.

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