Colombia


La petición de la iglesia al Gobierno por crisis humanitaria en el Chocó

La Iglesia Católica y otras organizaciones denunciaron una grave crisis de derechos humanos en este territorio y en el Occidente de Antioquia.

COLPRENSA

18 de noviembre de 2021 02:10 PM

Tras realizar seis misiones humanitarias a lo largo de 2021 en seis municipios del departamento del Chocó (Alto Baudó, Murindó, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Medio San Juan), y en tres municipios del Occidente de Antioquia (Frontino, Dabeiba y Vigía del Fuerte) la Iglesia Católica, organizaciones étnico- territoriales, agentes humanitarios internacionales y organizaciones sociales, denunciaron una grave crisis de derechos humanos en estos territorios.

Lo anterior, de acuerdo con estas organizaciones, se presenta desde 2016 tras la firma del acuerdo de paz, donde, los territorios y las comunidades campesinas, negras e indígenas del Chocó y del Occidente de Antioquia han continuado en la dinámica del conflicto armado, el cual, después de la dejación de armas de las FARC, se ha reconfigurado.

Además las organizaciones denunciaron que en estos territorios “se hace evidente una paz que no llegó y un conflicto que, en algunas regiones, está poniendo al límite la existencia misma de estas comunidades”.

Las organizaciones revelaron además que tras las misiones humanitarias que realizaron, se puede concluir que “la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven la población del Chocó y el Occidente de Antioquia, tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales y ante la cual, el Estado colombiano y el Gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social”.

Lo anterior porque en las misiones humanitarias se encontraron algunas constantes como asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonal en caminos, cultivos de pancoger y en algunos casos dentro de las mismas zonas pobladas.

Las organizaciones agregan que en estos territorios se presenta una fuerte disputa territorial entre actores armados, especialmente entre el ELN y el Clan del Golfo; aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las FARC, las cuales se centran en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.

Pero también, denuncian las organizaciones, hay un fuerte abandono estatal en todos los niveles e instancias, pues el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de acceso a la salud, educación, formal e informal, condiciones de trabajo digno, seguridad social vivienda culturalmente a apropiada, productividad, comercialización, recreación y deporte y el Ejército y la Policía tampoco tienen control territorial.

“Todo lo anterior, está destruyendo los tejidos culturales, organizativos y comunitarios; y sometiendo a las comunidades a la hambruna y a la exposición al exterminio físico y cultural. La vida de las comunidades negras, indígenas y campesinas está en alto grado de riesgo”, indicaron los organismos.

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Por esta razón pidieron a los actores armados el respeto a las normas del DIH y a las autoridades étnicas y su ejercicio de gobierno propio. También solicitaron al Gobierno retomar la vía del diálogo y la negociación política con todos los grupos armados ilegales, especialmente con ELN “con criterios de verdad y de coherencia, estableciendo un Cese Bilateral al Fuego, y asumiendo la propuesta del Acuerdo Humanitario” y garantizar el derecho a la libre movilidad y a la seguridad integral de lideresas, líderes, comunidades y organizaciones.

También pidieron que se atienda de forma integral la grave crisis humanitaria de derechos humanos, especialmente en derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que atraviesa el Chocó, que el Presidente de la República convoque lo más pronto posible a la Comisión Intersectorial para el Departamento, y que se cumpla de manera decidida con el Acuerdo de Paz, entre otras solicitudes.

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