Esta audiencia que se desarrolló de manera virtual, inició pasadas las 10:00 de la mañana, con la intervención del general, quien decidió mandarle un saludo a las comunidades negras de la región donde operó y les dijo: “que seguirá aportando, para que se sepa la verdad, porque fue una comunidad altamente maltratada, sacrificada y desarraigada”.
El oficial, quien es culpable ante la justicia ordinaria por sus probados nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras fue comandante de la Brigada XVII del Ejército, aceptó que en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, San Juan y San Pedro de Urabá, había grupos paramilitares, cuando él llegó en 1995, “para nadie es un secreto que hacia Córdoba, había una escuela de formación de este grupo armado al margen de la ley” y agregó que ellos “no se mostraban pero si estaban”.
En esta audiencia, la magistrada Nadiezhda Henríquez también le preguntó si ¿consideraba a los paramilitares como enemigos?, a lo que respondió que sí, que “eso es indiscutible” y agregó que los combatió mediante la misma estrategia que atacó a los demás grupos armados, “porque todos eran delincuentes”, pero dijo que no recuerda ninguna operación en concreto, pero que los resultados están.
Agregó que los paramilitares tenían mucha infiltración en las fincas, “allá había mucha complicidad de ellos” y fue en ese momento que la magistrada aprovechó para cuestionar sobre la relación entre estos grupos armados al margen de la ley con el Ejército, en donde se contradijo.
“Yo no podría decir eso. Que hubiera alguien que les colaborará, que entrara o que tenían un amigo paramilitar es diferente a decir que estaba infiltrado, pero probablemente en todas partes se ha hablado de situaciones de esa magnitud”, aunque reiteró que nunca tuvo relación con los paramilitares.
Cada vez que se le preguntó sobre este tema, se mostró molesto, incluso cuando la magistrada le dijo que existen documentos de confesos paramilitares y dijo que adelantó siempre investigaciones con respecto a los paramilitares.
Y frente a la misma pregunta, pero en relación con la Policía y el DAS, dijo que “eso no es extraño, porque eso se ha dicho siempre, inclusive hasta el más alto nivel”, y reiteró que ese tema lo quiere hablar luego.
Tras esta declaración, la magistrada lo increpó sobre informaciones que están en manos de la jurisdicción, que dicen que del Río “se abstenía o prohibía atacar paramilitares de la región”, a lo que el general dijo que es totalmente falso y dijo que esa información proviene de una personas que estaba en el Ejército, pero tenía relación con las Farc.
Con respecto a la creación de las Convivir, aceptó que dio su concepto favorable para este fin, pero que esto fue una imposición del “Comandante General, el Ministro, y nos hacían reuniones para controlar el cumplimiento de esas órdenes”.
Bajo esta misma línea la magistrada le cuestionó y le mostró un documento firmado por el oficial en el cual, solicitaba apoyo de armamento para esta estructura, es decir: “cinco subametralladoras, 10 pistolas, 10 revólveres y 15 escopetas de repetición”.
Sin embargo, y pese a que la magistrada le repetía en varias oportunidades que su firma estaba ahí, Rito Alejo del Río dijo que la firma sí parece ser la suya, pero que las fechas no coincidían.
La magistrada también le preguntó porque es conocido como el ‘Pacificador de Urabá’, a lo cual dijo que no sabe de dónde salió ese apodo, pero se siente feliz, porque le hicieron muchos homenajes.
Agregó que procuró con las comunidades, en especial con las comunidades indígenas, reemplazar los cultivos de coca por cultivos legales a cambio de protección.
Con respecto a las bajas múltiples que se presentaron fuera de combate, Rito Alejo del Río dijo que la Fiscalía logró determinar que el Ejército no fue el causante de estos hechos.
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