Tras la captura de Aida Merlano el país revivió la novela de Casablanca, el hogar de la excongresista en Barranquilla, donde se orquestó la compra de 73 mil votos para su llegada al Senado. También revivió el escándalo de su fuga de un consultorio odontológico, justo hace cuatro meses, en Bogotá.
Eran las 9:40 de la mañana, cuando el pasado lunes 27 de enero fue sorprendida por la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (Faes), en el piso 11 de un edificio en Maracaibo en el estado de Zulia. Junto a ella estaba Jacob Manuel Vargas Silvera, quien fue miembro de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) de Merlano en el Senado y que hoy además sería la pareja sentimental de la excongresista.
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La justicia venezolana llegó a la vida de ambos con la intención de llevarlos delante del Ministerio Público bolivariano para responder por tres cargos que les fueron imputados ayer por la Fiscalía: asociación para delinquir, uso de documento falso y usurpación de identidad.
En la imagen de la captura, se ven por lo menos tres documentos de identidad, seis tarjetas bancarias, siete celulares, un computador y dos pelucas rubias, que corresponderían a la identidad prófuga de Merlano.
Cuatro caminos
La cuestión es compleja. Los caminos de Merlano de regreso a Bogotá para que cumpla con la condena de 15 años que la Corte Suprema le dictó en septiembre de 2019 por compra de votos son difusos y aumentarían la tensión diplomática que se vive entre Colombia y Venezuela.
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El primero, y el más sonado entre Cancillería, Procuraduría, Ministerio de Justicia y Fiscalía es el de la extradición. En palabras del profesor de derecho internacional de la U. del Rosario, Walter Arévalo, se trata de un mecanismo bilateral entre Estados donde uno de los países le envía una persona requerida judicialmente al otro país donde se cometió el delito.
“El problema en este caso es que por el reconocimiento que se le ha hecho al gobierno de Guaidó, la solicitud se haría ante esa autoridad y no a Nicolás Maduro. La dificultad es que Guaidó tenga en verdad control efectivo sobre las autoridades que son capaces de proceder con el proceso de extradición, quienes en este momento están en su mayoría controladas por Maduro”, explica.
El gobierno colombiano ha insistido a través de todos sus funcionarios que el trámite se hará en línea directa con Juan Guaidó, quien ayer afirmó que le pedirá a Interpol que colabore con el gobierno colombiano.
Al respecto, Maduro calificó la posición del gobierno colombiano como “una ridiculez”. El mandatario venezolano agregó que es necesario mantener relaciones diplomáticas pese a las diferencias políticas: “La política extremista en el campo internacional con Venezuela lo que ha traído es atraso en el tema de seguridad y de cooperación entre los dos países”.
Deportación
Esta es la segunda opción, un derecho de los Estados de expulsar a un extranjero de su territorio por algún crimen o conducta. Así lo explica Arévalo, quien afirma que “en el caso de Aida, las autoridades podrían deportarla por haber violado el régimen migratorio o por permanecer en el territorio venezolano de manera ilegal”. Esto implicaría que sea el mismo Maduro quien tome la decisión de devolverla a Colombia.
Hasta ahora estas dos alternativas ponen el balón en el terreno de Maduro. Por un lado, la deportación tendría que venir de la purísima voluntad de Maduro, y por otro, con la extradición, Duque tendría que dialogar con Maduro, el cual podría aprovechar para que el mandatario colombiano se vea obligado a reconocerlo, explica De Michele.
El asilo
Pero existe un tercer camino: que Merlano solicite asilo político. De acuerdo con Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la U. Del Rosario, ella podría presentarse como una perseguida política y Venezuela tendría que evaluar las razones para determinar la supuesta persecución política.
Sin embargo, el procurador Fernando Carrillo, señaló la dificultad de las tres opciones. “Imagínense lo tortuoso que sería un proceso de extradición o deportación. Es importante que actúe la comunidad internacional con organismos como Interpol, Naciones Unidas o la OEA. La señora no es una perseguida política, ella cometió los peores delitos de corrupción que uno se pueda imaginar”, sentenció.
Finalmente, a Merlano le queda la opción de ser sentenciada, con absolución o condena, en Venezuela. Según Prieto, la detención podría ser preventiva si es por la circular roja de Interpol o por una condena por el presunto hecho de falsedad de documento, pero no por el ingreso ilegal a Venezuela, pues no es un crimen, sino una violación administrativa, lo que precede a la deportación.
Cabos sueltos de la fuga
El primero de octubre de 2019 la custodia del Inpec sintió la ausencia de la exsenadora en el consultorio odontológico del Centro Médico La Sabana, quien se había dado a la fuga por una ventana, con una cuerda que colgaba de la pata de una mesa. Abajo, una moto la esperaba para huir, y a su paso, dejar varios cabos sueltos.
Para esa fecha Aida tenía un nivel de seguridad reducido, además no era el primer tratamiento que se hacía allí y tres días antes recibió la visita de su compañero Jacob en su celda.
¿Quién autorizó la reducción del nivel de seguridad? ¿Quién dio vía libre para el tratamiento estético? y ¿quién permitió las visitas? Esas son algunas de las preguntas que le hizo la Corporación Excelencia en la Justicia al Inpec a través de un derecho de petición.
En concreto, se señala a la directora de la cárcel El buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez, y al comandante de Vigilancia de ese momento, Alexander Álvarez Cárdenas.
Con respecto al interrogante sobre las visitas, el Inpec respondió que Merlano “estaba sancionada con la suspensión del ingreso de visitantes por tener graves e irrespetuosas actitudes contra las autoridades, menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión y otras faltas contra el régimen interno del establecimiento”.
Y cual paradoja, el nombre de Aida, de origen árabe, significa “la que regresa”, pero el panorama dificulta que pueda hacerle honor a su nombre .
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