La situación que afronta actualmente el país para contener la propagación del COVID-19 le está pasando factura a las empresas colombianas que, a medida que avanza el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ven cómo aumenta el riesgo de insolvencia o quiebra, de la mano con la pérdida de empleos.
La problemática es para las empresas de todos los tamaños, especialmente las medianas y pequeñas, que le han pedido al Gobierno Nacional la adopción de medidas económicas reales y efectivas que les ayuden a sobrevivir a la crisis, la cual también podría dejar más de millón y medio de empleos perdidos, llegando casi al 20 % las cifras de desempleo, que hoy se encuentran sobre el 12 %.
Y es que los pronósticos en todos los sectores son poco alentadores. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en su más reciente Bitácora Económica, manifestó que para el 90,5 % de los empresarios las ventas cayeron en marzo producto de crisis del coronavirus. De estos, el 72,1 % considera que la reducción fue alarmante y el 18,4 % la calificó como importante.
Igual situación expone la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que reveló que el 51,35 % de los empresarios dicen que decrecerán producto de la difícil situación que están atravesando, mientras que 30 % tiene temor de irse a la bancarrota y poder mantener el capital humano, según explicó al diario La República la presidenta del gremio, Rosmery Quintero.
Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, la situación no es diferente, pues en entrevista con COLPRENSA aseguró que “seguramente muchas empresas” no podrán soportar el impacto que han generado las medidas adoptadas para contener y mitigar el COVID-19 en Colombia, por lo que invitó a los empresarios y al Gobierno “a pensar en cosas completamente nuevas y distintas”.
Ante ese panorama, el director de la firma Bustos y Cia. Consultores, Fernando Bustos, explicó que las empresas deben empezar a prepararse desde este momento y quienes prevén que tendrán una incapacidad inminente de pago o que ya se encuentran en mora en sus créditos, podrían pensar en acogerse al proceso de organización para salvarse.
“Para eso se creó la ley de insolvencia empresarial: para salvar empresas. El proceso de reorganización de pasivos constituye una poderosa herramienta altamente eficaz que permite la continuidad de la empresa en dificultades, le protege de demandas y embargos, congela todos sus créditos, incluso los impuestos y arrendamientos vencidos, de tal forma que podrá seguir trabajando y sobrevivir a la crisis y recuperar su equilibrio financiero”, señaló el experto.
Busto explicó que se necesitarán medidas eficaces para garantizar la liquidez de las empresas, ya que en el corto plazo ese será el principal problema, porque la reducción de las actividades durante la crisis junto con la escasez y el encarecimiento en algunos insumos y materias primas, necesariamente terminarán limitando la caja y la empresa tendrá que decidir qué obligaciones cubre.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Andi, quien le ha propuesto al Gobierno Nacional que las políticas públicas se concentren en la liquidez de las personas que han perdido la capacidad de producir ingresos, para lo cual el Estado debe volcarse a acompañarlos y apoyarlos.
“Las compañías también necesitan un apoyo de liquidez para poder mantener y proteger el empleo, pagarle a sus proveedores y lograr ser viables en el mediano plazo. Para eso se debería armar un gran programa, mediante el cual la banca, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el gobierno, las empresas y las personas logren establecer un período de gracia y rescate de la economía”, dijo Mac Master.
Según Bustos, las empresas que utilicen su liquidez disponible para pagar a tiempo los créditos bancarios hoy, pensando en obtener nuevos recursos más adelante, difícilmente recibirán los nuevos créditos cuando realmente los necesiten, ya que el sector financiero encontrará mayor riesgo en las empresas y sectores debilitados, y menores expectativas de crecimiento.
“Muchas empresas se quedarán sin caja para continuar y seguramente de aquí a finales de año entren en cesación de pagos”, señaló el experto en insolvencia y procesos de recuperación empresarial, quien agregó que las compañías “que se encuentran en mora o que prevean que en el corto plazo no podrán atender sus obligaciones a tiempo, deberían tener lista la solicitud para acogerse al proceso de reorganización de pasivos”.
Bustos fue enfático en afirmar que de esta forma los empresarios pueden “conservar la administración de sus negocios, protegerse de demandas y embargos, y seguir trabajando para recuperar el equilibrio después de la crisis. Ninguna empresa viable debería quebrarse o cerrar”.
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