El pasado 9 de abril se conmemoró en Colombia el ‘Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado’, una fecha en la que, hasta el 2011, se conmemoraba el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, pero que tomó un nuevo sentido en el calendario con la promulgación, en junio de ese año, de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
A propósito de esta conmemoración, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uavi, indicó que, hasta el momento, el Estado ya ha indemnizado a casi un millón de víctimas en el país y que, debido a la emergencia del Covid-19, se hizo un avance en los pagos de las indemnizaciones de los meses de abril, mayo y junio. No obstante, advirtió que es importante buscar recursos adicionales para cubrir el desbalance presupuestal que tiene la Ley 1448.
¿Cómo está la atención a las víctimas en el país en este momento?
Estamos llegando ya a los nueve millones de víctimas en el Registro Único. Tenemos 8.951.000 y se siguen presentando hechos victimizantes en el territorio, los últimos que estamos atendiendo son en el Alto Baudó, donde se produjo un desplazamiento masivo, y en Nariño. Hoy podemos decir que estamos llegando al millón de víctimas indemnizadas. ¿De qué depende? De la documentación que entreguen las víctimas para los pagos y de los criterios de focalización que tenemos. La Resolución 1049 focaliza a los mayores de 74 años, personas con discapacidad o con enfermedades terminales o de alto costo.
¿Y qué atención le están dando a las víctimas durante esta emergencia del Covid-19?
Por la pandemia, le solicitamos al Ministerio de Hacienda que nos adelantara los recursos del PAG de los meses de abril, mayo y junio. Son $95.000 millones en atención humanitaria y $420.000 millones en pagos de indemnizaciones, más de medio billón de pesos para poder cumplirles a las víctimas que más lo necesitan. Hay que entender que no va a alcanzar para hacerle giros a todas, pero bajo el criterio de subsistencia mínima, estamos cruzando con las bases de datos de las alcaldías ya que el esfuerzo lo estamos haciendo a nivel nacional, departamental y local.
Saliéndonos de la emergencia, una de las prioridades para este año era tramitar la prórroga de la Ley de Víctimas. ¿Cómo va ese tema?
La Corte Constitucional declaró la prórroga automática de la Ley 1448 por diez años e hizo un llamado al Gobierno para que le dé cumplimiento al Artículo 208, que establece que el Legislativo, con apoyo del Gobierno, proceda a esa prórroga. Si nosotros no hacemos nada ni el Legislativo tampoco, ya la ley automáticamente está prorrogada y lo que tenemos que hacer es cumplirla para darle garantías a las víctimas.
¿O sea que la parálisis del Congreso por el Covid-19 no ha afectado esa decisión de prorrogar la ley?
En cierta forma sí, porque la Corte dijo que, con un estudio técnico, debemos fortalecer la atención a las víctimas, así que estamos revisando cuatro iniciativas sobre el tema presupuestal, porque la Sentencia 254 de la Corte de 2013, estableció que el desplazamiento debe tenerse en cuenta para ser indemnizado, pero cuando la ley nació no era así. Este hecho corresponde al 90 % de las víctimas que están en el Registro Único y desfinancia automáticamente la ley, por lo que es importante buscar recursos nuevos que nos permitan avanzar en los pagos de las indemnizaciones, que es la medida más costosa de la implementación de la Ley 1448. Hablamos de $45 billones, entonces tenemos que buscar recursos adicionales de los victimarios, de las Farc y de los bienes que hemos recibido por la Ley de Justicia y Paz. Tenemos 1600 bienes que estamos administrando a través del Fondo de Reparación a Víctimas, pero no tienen extinción de dominio para poderlos monetizar, lo que es una limitación. Hay un desbalance presupuestal que hay cubrir.
¿Y qué otro aspecto de la actual ley quieren modificar y por qué?
Queremos darle prioridad a la población víctima en los programas sociales y que vayan siendo direccionadas a la reconstrucción de su proyecto de vida a través de esa oferta institucional. También queremos fortalecer la articulación de la Uavi. Como Unidad de Víctimas, somos los coordinadores del Sistema de Atención a la Población Víctima a nivel nacional, pero solo de buena voluntad. El Ministerio Público ha identificado que no tenemos cómo apretar a un alcalde o una institución que no esté cumpliendo la Ley 1448, entonces tenemos que lograr que esa oferta institucional dé respuestas a las necesidades de las víctimas.
¿Algún otro punto?
Con el Acuerdo de Paz nacieron tres entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y nosotros somos la cuarta, pero necesitamos articular ese sistema para que las sentencias que salgan de él nos permitan darle respuesta a las víctimas a través del marco legal establecido en la Ley 1448. ¿Qué ha sucedido? La JEP nos informa que ha establecido que hay un sujeto de reparación colectiva que debe ser incluido en la Unidad para las Víctimas y nosotros tenemos un mecanismo de valoración que no lo están teniendo en cuenta. Entonces, estamos pidiendo que, a través de esta ley, podamos articular el sistema. Les hemos explicado a las víctimas estas iniciativas, pero no vamos a presentar un proyecto de ley nuevo: ya hay dos que pasaron por la Cámara, así que vamos a presentarlas a través de proposiciones, en la Comisión Primera del Senado.
Dice que siguen llegando víctimas. ¿Hay una fecha límite para ello?
El Registro sigue abierto para hechos recientes. Pero si alguien nos dice ‘yo soy víctima de un hecho que sucedió hace diez años’, está en todo su derecho de colocar la declaración ante el Ministerio Público y, mediante un proceso de valoración, nosotros establecemos si queda incluido o no. Les pedimos la fuerza mayor o el caso fortuito por el cual no colocó su declaración en su momento y hay víctimas que argumentan que entonces el actor ilegal estaba en el territorio y les daba miedo, pero que ya lo capturaron o lo dieron de baja.
¿Cuántas víctimas hay en el exterior y cómo se las está reparando?
Al 29 de febrero tenemos 25.492 víctimas registradas en el exterior y muchas, por el Covid-19, nos están solicitando que las tengamos en cuenta para volver al país porque donde están se le está dando prioridad a los conciudadanos. La única medida que ellos reciben es el pago de la indemnización y nos han solicitado que avancemos en eso. Por ello, de los 50.100 pagos de indemnizaciones que vamos a hacer, vamos a revisar cuántos de ellos cumplen con los criterios de priorización que tenemos en la Resolución 1049.
A propósito de que hay víctimas en el exterior, ¿quién puede considerarse una víctima?
Aquí tenemos el registro de los connacionales, pero algunas organizaciones nos hablan de un subregistro de 40.000 víctimas en el exterior y eso lo estamos trabajando muy de la mano con Cancillería, porque ellos manejan la política pública de atención en el exterior, pero allá lo único que reciben por parte de la Unidad de Víctimas es el pago de la indemnización y para poder agilizarlo estamos haciendo acercamientos con organismos internacionales como Acnur para buscar estrategias que nos permitan poderles brindar una atención a través de esos convenios que tenemos con el Consejo Noruego. Ese mecanismo nos dio muy buenos resultados en Ecuador, donde logramos que se hiciera un proceso de atención.
La mayoría de las víctimas del país no tiene Internet. ¿Cómo las están contactando en la cuarentena?
Nos ha tocado potencializar el canal telefónico. Tenemos la línea 4261111, que es un fijo gratuito, también el 018000 911119 y el 7965150. Este último era institucional y lo habilitamos para que entren llamadas y activamos un mecanismo que permite dejar nombre y teléfono para que los orientadores, en las horas de la noche, puedan dar respuesta. Habilitamos hasta el fax y se han atendido más de 600 solicitudes por esa vía. Ahora, a la víctima que está en la finca y tiene un celular básico, le mandamos mensajes de texto con el código 87305 para que nos envíe la solicitud, con nombre, cédula y número de celular receptor.
Lo importante es que hagan un uso racional de esas herramientas y que no caigan ante los tramitadores porque hemos identificado que muchas solicitudes nos están llegando de un mismo número y es porque están aprovechando para cobrarles hasta diez mil pesos por ese trámite a las víctimas. Lo segundo es que hemos eliminado barreras: la atención humanitaria tocaba reclamarla personalmente para mayores de 70 años, pero ahora, con la fotocopia de la cédula y con la cédula original y una huella se está pagando en el banco. Estamos asumiendo riesgos porque hay personas haciendo listados supuestamente autorizados por la Unidad, lo cual es falso porque nosotros tenemos la información de las víctimas en nuestras bases de datos. Lo que pretendemos es poderle llegar al mayor número de víctimas y para que por lo menos una familia víctima tenga un recurso que le permita solventar este aislamiento obligatorio.
¿Cuáles son las víctimas que en este momento pueden acceder a esa atención humanitaria y a esa indemnización?
Según la Resolución 1049, aquellas que tengan una enfermedad terminal o de alto costo, que tengan discapacidad certificada y adicional y los mayores de 74 años que están en el Registro Único de Víctimas y, para atención humanitaria, a las víctimas que sientan que, a pesar de estar en el Registro, tengan carencias en alojamiento y alimentación. Sabemos que todas las víctimas que están en el Registro, esos casi nueve millones de colombianos, no necesitan la atención humanitaria, porque tienen un vínculo laboral y un salario. Entonces, el llamado es que le den la oportunidad a la población que vive del día a día y que necesita que le podamos llegar con la ayuda humanitaria, que no nos desgastamos, porque yo sé que si a uno le dicen que le van a consignar $800.000, que es el promedio de la atención humanitaria, pues a ninguno nos sobra, pero esos dineros sí le pueden llegar a una familia que presta un servicio, pero que bajo estas circunstancias no puede salir a la calle y tiene un núcleo familiar que necesita atención.
Sobre la entrega de ayudas
Ante la circulación de falsos mensajes, la Unidad para las Víctimas advirtió que es la única entidad autorizada para comunicar a los beneficiarios sobre los pagos de asistencia humanitaria e indemnizaciones.
Al respecto, la entidad informó que, en el marco de la emergencia que vive el país por el Covid-19, el mecanismo de notificación de la disponibilidad de la entrega de asistencia humanitaria se hará a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto a través del código 87305.
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, dijo que “los giros de ayudas a las víctimas se harán bajo la modalidad de pago directo, los cuales pueden ser cobrados por ventanilla en las oficinas del Banco Agrario”.
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