Colombia


Los desacuerdos del acuerdo con las Farc

COLPRENSA

10 de octubre de 2015 11:23 AM

Ante la avalancha de cuestionamientos sobre el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”.

En un comunicado conjunto indicaron que ayer se reunieron los negociadores en La Habana, “en un ambiente respetuoso y constructivo” y con presencia de los países garantes (Cuba y Noruega).

Informaron que los juristas volverán a debatir las posturas el próximo 17 de octubre y a partir de allí desarrollarán un cronograma de trabajo.

El meollo del asunto sigue siendo la trasescena del acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre, y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos en desarrollo.

Después salió a relucir que en realidad lo pactado se contempla en un documento más extenso de 75 puntos, que todavía está en etapa de construcción.

Los opositores sospecharon que la no publicación de ese texto más largo, significaba que el Gobierno quería ocultar algo. El expresidente y senador Álvaro Uribe, por ejemplo, indicó que con ello se pretendía esconder que no habría cárcel para los insurgentes.

El exmandatario ha moderado un poco su discurso frente al tema, aunque ayer volvió a declarar: “insistimos en la necesidad de que los cabecillas de las Farc vayan a la cárcel, así sea sentencia reducida o una granja agrícola con condiciones penitenciarias. La falta de cárcel engendra nuevos criminales, la falta de cárcel no disuade al criminal. Que no vayan a la cárcel los guerrilleros rasos es entendible, pero los cabecillas deben ir”.

Concluyó que “reparar a las víctimas no es castigo, es una obligación ética”.

La manzana de la discordia

El pasado jueves, el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, respondió a varios cuestionamientos de alias “Iván Márquez”, su homólogo de las Farc, quien insinuó que la contraparte estaba faltando a su palabra y que el sistema jurídico acordado no daba lugar a modificaciones sustanciales, pues ya “está cerrado”.

De la Calle le recordó que era por todos sabido que el acuerdo aún estaba en desarrollo.
“Al documento le falta”, le había dicho al propio “Iván Márquez”, antes de la firma del presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, el comandante de los insurgentes.

Para demostrarlo, enumeró cinco de los subtemas en los cuales todavía no hay definiciones: el secuestro, la extradición, las restricciones a la libertad, el tratamiento judicial a los agentes del Estado y el Tribunal de Paz (ver los recuadros anexos).

Durante el quinto encuentro del Consejo Nacional de Paz, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, manifestó este viernes que “lo que estamos viendo ahora respecto de lo que se ha acordado o falta por acordar, tiene muchísimo que ver con este tema. Necesitamos hacer pedagogía de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que viene”.

1. ¿EL DELITO DEL SECUESTRO PODRÍA SER OBJETO DE UNA AMNISTÍA?
FARC
El grupo ha defendido la tesis de que los delitos que la justicia les imputa se cometieron en el marco de su lucha rebelde contra el Estado. Así, acciones como el secuestro no deben entenderse aisladas y mucho menos con fines terroristas. En la década pasada tampoco hablaban de tener secuestrados, sino “prisioneros de guerra” o “prisioneros políticos”.

GOBIERNO
El 23 de septiembre pasado, cuando el presidente Santos anunció la firma del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, se leyó el comunicado conjunto de 10 puntos. El punto cuatro enumera las conductas que “no serán objeto de amnistía o indulto”, y en el listado aparece: “(...) delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad”.

2. ¿CUÁLES SON LAS GARANTÍAS FRENTE A LA NO EXTRADICIÓN DE LOS GUERRILLEROS?

FARC
E.U. solicita en extradición a más de 55 miembros de esa guerrilla, incluyendo a los del Secretariado, el Estado Mayor Central y cabecillas de frentes. Para sus negociadores es una condición primordial la garantía de que no serán extraditados. De hecho, pidieron que fuera liberado “Simón Trinidad”, quien paga en E.U. una pena de 60 años.
GOBIERNO
El presidente Santos había dicho públicamente que no extraditaría a los jefes de las Farc, por eso sorprende que aún no haya acuerdo total en este tema. El lío al parecer se presenta porque los guerrilleros que no confiesen a tiempo los hechos cometidos, serían juzgados por la justicia ordinaria, lo cual incluiría la activación de la extradición.

3. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LAS “RESTRICCIONES A LA LIBERTAD” DE LOS SUBVERSIVOS?

FARC
Este es sin duda el punto que más polémica levantó en la opinión pública. La guerrilla insiste en los desmovilizados que le cumplan al proceso no pagarán ni un solo día en una cárcel convencional, que no tendrán “el uniforme a rayas”, y que sus ofensas se pueden saldar con trabajo social en las áreas afectadas y otro tipo de reparación a las víctimas.
GOBIERNO
La imposibilidad de explicar con certeza en qué consisten estas sanciones, le ha acarreado problemas a Santos y sus negociadores. En todo caso, el tema podría ser definido a futuro por los integrantes de la Comisión Legislativa Especial para la Paz, que se crearía al ser aprobado un proyecto de ley del Gobierno que hoy cursa en el Senado.

4. ¿QUÉ TRATAMIENTO SE LE DARÁ A LOS AGENTES Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO?

FARC
Para este grupo, personajes como el expresidente Álvaro Uribe y varios altos mandos militares deberían ser juzgados por el Tribunal de Paz que resultará de los acuerdos de La Habana. Alias “Iván Márquez” dijo que había funcionarios que “se creen vacas sagradas porque detentan el poder” y que frente a ellos no debe haber impunidad.
GOBIERNO
De la Calle y Santos dicen que los acuerdos de Cuba no modificarán el fuero presidencial y, en cuanto a los militares que cometieron delitos en el conflicto, no se ha definido el mecanismo. El fiscal Eduardo Montealegre, en cambio, dice que ese Tribunal sí puede juzgar presidentes por hechos cometidos antes o después de su mandato.

5. ¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE PAZ ACORDADO EN LA HABANA?

FARC
Siempre han dicho que este proceso de paz es entre “partes iguales”, por tanto exigen ser tenidos en cuenta en la conformación del Tribunal. Así, sugirieron que delegados guerrilleros debían estar en la Comisión Legislativa Especial del Congreso que definirá el mecanismo de elección de los magistrados, algo que no cayó bien en el parlamento, y que aún es objeto de debate.

GOBIERNO

Antes de radicar el proyecto de ley en el Senado, la conformación de la Comisión Legislativa Especial fue discutida entre el Gobierno y las bancadas. Se preacordó que no habría gente de las Farc en ese equipo de 30 personas, se aceptó la presencia de jueces internacionales y que en su conformación debía respetarse la cuota de género de las mujeres. 

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