La anulación de la elección del contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, tras el estudio de una demanda por parte del Consejo de Estado, sigue generando polémica en diferentes sectores políticos del país, que buscan determinar qué ocurrió para que el proceso tenga que empezar de nuevo y casi desde ceros.
La decisión del Alto Tribunal se conoció el pasado jueves 25 de mayo, desatando toda una tormenta política. La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que el trámite que avanzó en el Congreso de la República estuvo viciado, pues se desconocieron normas para la elección del jefe del organismo de control que debe velar por el patrimonio del Estado.
Entre los argumentos se menciona el desconocimiento de los artículos 126 de la Constitución Política, el 21 de la Ley 5 de 1992, y los artículos 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, debido a que se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación. 30.000 mujeres en Colombia usan papel higiénico para la menstruación
Además, el fallo señala que se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral; y se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida, al introducir cambios a los criterios de la convocatoria inicial del proceso de elección y variar de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes.
También resalta que, aunque el Congreso invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera, como ocurrió en este caso, ni mucho menos de la variación de la convocatoria inicial del proceso.
La jurisprudencia de la Corporación ha sido clara al establecer que “la convocatoria constituye la ley de este tipo de procesos, por lo que no pueden cambiarse las reglas establecidas, sin justificación y, mucho menos, cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso”.
A esto se suma que la sesión plenaria en que Carlos Hernán Rodríguez resultó elegido no fue convocada con la antelación establecida en la ley.
¿CULPA DEL GOBIERNO DE DUQUE O DE PETRO?
La elección del Contralor General de la República para el periodo 2022-2026 arrancó desde el 9 de marzo de 2022, cuando la Universidad Industrial de Santander presentó la lista de aspirantes habilitados, cuyos perfiles fueron estudiados por una comisión accidental del legislativo, que tenía la misión de escoger los 10 nombres que tendrían reales posibilidades de llegar al cargo.
Cabe recordar que, en ese momento, el Congreso de la República contaba con mayorías del gobierno de ese momento, bajo la administración del presidente Iván Duque, quienes tenían la potestad de adelantar el proceso, que estaba fijado para que se diera la elección el 3 de agosto de 2023, aunque finalmente se realizó ocho días después.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se mantuvo en su posición y aseguró que el proceso ya estaba viciado desde su llegada y la de Roy Barreras a las presidencias del Congreso de la República, como consecuencia de dejar en firme un contralor que tenían elegido. Lluvias tumbaron el techo de una estación de servicio en Guayabal
“Era un proceso que está viciado desde el inicio. Cuando llegamos nos encontramos con dos fallos de tutela, uno proferido por el Consejo Superior de Medellín, 12 de julio; y otro por el alto Tribunal de Cundinamarca el 14 de julio, nosotros nos posesionamos el 20 de julio, justamente obligando al Congreso a rehacer las listas por los vicios que se habían cometido con anterioridad de unas mesas directivas que, por dejar amarrado un contralor, aceleraron el proceso “, dijo Racero.
También aseguró que intentaron corregir dentro del marco de sus posibilidades acatar los fallos de los tribunales de Medellín y Cundinamarca, por tanto, considera que habían actuado en derecho, por lo que solicitarán al Consejo de Estado una aclaración sobre las razones para solicitar rehacer todo el proceso para esta elección.
Por su parte, el presidente del Senado en su momento, Roy Barreras, a quien también el Consejo de Estado le anuló su elección como Senador de la República por doble militancia, señaló que la mesa directiva solo acató los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el Tribunal de Medellín, que les ordenaba hacer nuevas listas.
También se cuestionó sobre cuál hubiera sido el escenario si hubiesen desacatado los fallos de tutela. “Además del arresto, habrían dicho que queríamos quedar con la lista viciada anterior para poner contralor de bolsillo. Malo si se acataba, malo si no se acataba. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto. Ya se verá”.
Pero Juan Diego Gómez, expresidente del Congreso y quien defendió su gestión, aseguró que mientras estuvo en el proceso de elección del Contralor General de la República no tuvo problemas y que estos comenzaron cuando el Pacto Histórico asumió las presidencias del legislativo con Roy Barreras y David Racero.
“Lo habíamos advertido: cambiar la terna que dejó la mesa directiva para la elección del Contralor General podía alterar el procedimiento y viciarlo. Así lo ratificó el Consejo de Estado, y es lamentable que Roy Barreras y David Racero hayan cambiado las reglas de juego y le hayan puesto un componente de incertidumbre a este gobierno, que tanto intranquiliza a los colombianos”.
CRONOLOGÍA DE UNA ELECCIÓN ANULADA
Lo que mal empieza, mal termina, dice por ahí un viejo y conocido refrán, que se ajusta precisamente a todo lo que rondó la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República para el periodo 2022-2026.
Rodríguez ganó la elección en el Congreso con 260 votos en el senado y 166 en la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 2022, venciendo a María Fernanda Rangel, quien fue, hasta antes de su renuncia inesperada, la candidata más fuerte durante varias semanas. Sin embargo, el enredo político y jurídico venía de meses atrás.
Desde antes que terminara el periodo del gobierno de Iván Duque, las controversias estaban a la orden del día en la elección del Contralor General de la República y en el que incluso la orden de un tribunal ordenó rehacer el proceso.
Esto se dio el 14 de julio del 2022, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió una demanda interpuesta por una ciudadana y ordenó que se rehiciera la lista de elegibles para el cargo, ya que consideró que la misma violaba la equidad de género y los derechos colectivos a la moralidad administrativa.
“Las personas que componen la lista de elegibles tienen inhabilidades para ser nombrados en el cargo o incumplían con los requisitos para este y fueron seleccionados”, señalaba el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Robo en casa de Laura Sarabia: exniñera denuncia malos tratos
“Tampoco se observó el mérito que propugna respetar el Congreso de la República, máxime porque no hay razón válida para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje y no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos, incluso con el incumplimiento de requisitos formales para el cargo”, expresaba.
El presidente del Congreso en ese momento, senador Juan Diego Gómez, convocó a reunión de la comisión accidental para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó recomponer la lista de diez elegibles.
Esa lista se conoció el 16 de julio, a través de la congresista Katherine Miranda, con nombres como Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda Téllez, Carlos Fernando Pérez Gélvez, María Fernanda Rangel, Elsa Yasmín González Vega, Diana Carolina Torres García, Karol González Mora y Mónica Certaín.
Los líos judiciales, las presuntas irregularidades de los elegibles y hasta la renuncia de la abogada Karol González, dos días después de conocerse la lista definitiva, obligaron al entrante presidente del Senado, Roy Barreras, a aplazar la elección para el 18 y no el 3 de agosto, como estaba previsto.
Aunque había nueva lista, Barreras anunció el 28 de julio que se volvería a integrar una nueva lista de candidatos con base a los méritos y la paridad de género.
“Después de revisar las circunstancias jurídicas y de revisar los fallos, hemos decidido acatar las sentencias judiciales en dos elementos que son clarísimos: la paridad de género y la calificación de mérito, además de dar todas las garantías para clasificarlos”, a lo que se sumó la renuncia de Karol González.
Con la presunta finalidad de subsanar los errores que se cometieron en el pasado, Barreras anunció el primero de agosto la resolución que reconstruía la Comisión Accidental, que era el cuerpo de congresistas que se encargaría de subsanar y sanear jurídicamente el proceso y definir el listado de los diez elegibles.
“Vamos a subsanar jurídicamente las falencias señaladas por los tribunales en conformación de la lista anterior y cumpliremos lo que ordenan los jueces en materia de paridad de género, ponderación del mérito, entre otras”, afirmó Barreras, asegurando que la mayoría de los congresistas que formaron la anterior Comisión ya no están en el legislativo.
Ante este intempestivo cambio, el 2 de agosto la representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, aseguró que ese mecanismo anunciado por los presidentes Barreras y Racero, era la primera ‘jugadita’ que el petrismo quería hacer en el Congreso.
Para Pedraza, es falso lo que dijeron los dos congresistas, “porque tanto el criterio de la equidad de género, como el criterio de la meritocracia, fueron corregidos y contemplados en la última lista conformada por el Congreso de la República”. Ese proceso al que se refiere la congresista lo hizo el Congreso saliente el 18 de julio, en cumplimiento de los fallos judiciales que así lo dispusieron.
Pedraza precisó que “la bancada del Gobierno pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir, que violemos la ley, para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo Gobierno, como lo es Julio César Cárdenas, que fue funcionario del próximo presidente Gustavo Petro”.
Esto mismo lo alertó el jurista Francisco Bernate, quien consideró que él mismo estaría llevando a viciar todo el proceso de elección del Contralor General que entraba a reemplazar a Carlos Felipe Córdoba, al punto que el futuro elegido podría quedar en entredicho para ejercer y le demandarían su elección.
“Se ha creado una comisión que no se ha establecido en la ley, que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo tan importante y lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte elegido”, anunciaba Bernate en el año 2022.
En una rueda de prensa realizada por los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, ataron la elección del nuevo contralor general de la República a un acuerdo de la coalición de gobierno. Asimismo, dejaron en claro que ha habido “turbulencia” en todo el proceso, porque todo el proceso arrancó torcido, pero que con el nuevo procedimiento se estaban subsanando las diferencias jurídicas que han sido reportadas por dos fallos de jueces en días pasados.
Superado ese proceso que fue muy controvertido, el 4 de agosto de 2022 se anunció una nueva lista de cuatro mujeres y seis hombres, los cuales serían los que alcanzaron la más alta votación entre los trece candidatos, de los cuales fueron seleccionados: Elsa González, María Fernanda Rangel, Diana Torres, Mónica Certaín, Carlos Rodríguez, Andrés Castro, Víctor Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno y Luis Carlos Pineda.
Finalmente, con esta nueva lista se prosiguió en la elección para el nuevo Contralor. De los 10 candidatos que estaban en lista, María Fernanda Rangel era la más opcionada para el cargo, hasta la pérdida de apoyo de varios partidos a menos de dos días de la elección final y que dio como resultado final la elección de Carlos Hernán Rodríguez.
Como si fuera un presagio a lo que está sucediendo ahora en 2023, el mismo Carlos Rodríguez, el 19 de agosto de 2022, criticó la forma de elección del cargo y solicitó un cambio en la misma.
“La elección del contralor está marcada por unas dinámicas que están dadas por el Congreso de la República, es imposible ser elegido como contralor si no se conversa acorde a esas dinámicas políticas y esas dinámicas políticas deben ir más allá que una simple repartija burocrática, más allá de convertirse la Contraloría en un instrumento o para alcahuetear o para perseguir opositores”.
Ad portas de cumplir nueve meses en el cargo, las críticas que se escucharon durante y después de la elección retumban en la política colombiana, en el que resulta insólito tantos errores cometidos por los mismos senadores y representantes que analizan el futuro de la política en Colombia.
Con la solicitud expresa del Consejo de Estado de empezar desde cero una nueva convocatoria para el nombramiento de un contralor que cumpla con el lapso final de la administración, aumentan las dudas sobre este nombramiento, los cambios que se deben hacer y el manejo que los senadores les están dando a las leyes en Colombia.
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