2019 no solo será recordado por el bicentenario del Ejército, sino porque es el año en el que la institución atraviesa por una de sus más grandes crisis en medio de señalamientos de corrupción que involucran a generales muy cercanos a la comandancia y por los cuales avanzan investigaciones en la Fiscalía y se iniciaron otras en la Procuraduría. El panorama, quizás, es más incierto que el de las tropas que hace 200 años iban camino a protagonizar la batalla del pantano de Vargas.
Lo que se conoció este lunes llegó por parte del Ministerio Público. Fernando Carrillo, el jefe de la Procuraduría, dijo que se ordenó la apertura de tres investigaciones, todas relacionadas con los presuntos actos de corrupción por parte de los generales que fueron mencionados en la publicación de la revista Semana de su más reciente edición.
La primera relacionada con la presunta exigencia de dinero por parte del general Adelmo Fajardo, segundo al mando del Ejército, porque, al parecer, coaccionar a sus subalternos para que le consiguieran dinero para gastos personales y de familiares en viajes al exterior.
La segunda línea de investigación es en contra del general Jorge Romero de quien se dice estaría involucrado con la expedición irregular de salvoconductos para el porte de armas cuando estuvo al mando de la Cuarta Brigada, que tiene sede en Medellín. Romero, actualmente, hace parte del Comando de Acción de Apoyo Integral.
Esta unidad para muchos es desconocida, pero ha sido un pilar fundamental en el trabajo social que desarrollan los soldados del país y que ha llevado jornadas en beneficio de las comunidades más vulnerables. Es considerado el brazo no armado del Ejército y su comando fue creado en 2017 como un apoyo clave en lo que se llamó la consolidación del territorio tras la firma de los acuerdos de paz.
El tercer expediente en manos de la Procuraduría tiene como investigado al general Eduardo Quirós, al mando de la Contrainteligencia, sobre quien recaen sospechas por el supuesto ofrecimiento de dinero o largos permisos de vacaciones para quien entregara nombres y datos de las personas que filtraron documentos a los medios de comunicación sobre las irregularidades referentes a la polémica directriz de efectividad en las operaciones.
“De entrada hay que resaltar la gravedad de las denuncias, de las evidencias y de las pruebas que reposan en la Procuraduría”, dijo Carrillo Flórez al anunciar las aperturas de las investigaciones.
Según trascendió, los procuradores judiciales que están a cargo del tema analizan si oficiales del grado de mayores y coroneles habrían participado en actos de corrupción para presionar ascensos y nombramientos.
Desde la Procuraduría también se informó que en las pruebas que se ordenaron recabar está una revisión a los procedimientos que se surtieron en la Inspección del Ejército por el presunto requerimiento de dinero por parte de oficiales, el traslado de copias a la Fiscalía y las actuaciones surtidas en la oficina de Personal del Ejército.
La sospecha es las actuaciones en la Inspección del Ejército estuvieron engavetadas durante mucho tiempo y que no se realizaron los trámites correspondientes. El tema no es de poca monta ya que en el tiempo en el que se presume que no hubo tales procedimientos, la Inspección estuvo a cargo del general Nicacio Martínez, hoy comandante de las tropas.
SILENCIO INCÓMODO
Desde el mismo sábado cuando se conocieron las denuncias se insistió por una respuesta por parte de Martínez Espinel, pero la misma se conoció solo hasta la madrugada de este lunes a través de un mensaje en Twitter.
En uno de los puntos de la carta de tres páginas recalcó que cuando estuvo al frente de la Inspección no tuvo conocimiento de denuncias en contra de los generales mencionados en la publicación. Pero reconoce que atendió una inspección judicial por parte de la Fiscalía “por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada, de los que no conozco los detalles, los supuestos implicados y el avance de la investigación”.
Situación que cuesta creer, pero difícil de comprobar, ya que en el generalato de cualquier fuerza prima la solidaridad de cuerpo y son muchos los secretos que se comparten en especial en temas relacionados con investigaciones.
Al consultar a la Fiscalía por dichas investigaciones, Fabio Espitia, actual encargado del búnker, dijo que hay unas pesquisas que se iniciaron “desde junio del año pasado por parte de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se corrió traslado de esa investigación a Medellín”.
Espitia aclara que en estos expedientes se presume que hay una eventual participación de miembros de la Fuerza Pública, pero no precisó qué tipo de actuaciones procesales han surtido trámite en torno a este episodio.
Pese a que ha pasado un año sin que se conozcan decisiones de fondo sobre el caso, Espitia se defiende y asegura que “la Fiscalía ha sido extremadamente diligente ya que en menos de un año se logre una investigación tan compleja en temas de contratación dentro de las Fuerzas Armadas. Ha sido una investigación bastante rápida”.
Espitia, pese a la “rapidez” que habla de esta investigación, no se compromete a dar tiempos de posibles conclusiones de esta investigación para cerrar uno de los episodios más oscuros del Ejército.
Lo que también ha llamado la atención, no solo en la opinión sino dentro de las propias filas es el silencio tan extraño del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien no ha salido a respaldar al oficial al que le confió el manejo de las tropas del Ejército.
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