Colombia


Los planes de la Policía para mejorar su imagen y evitar violaciones a los DD. HH.

El coronel (r) Luis Alfonso Novoa, nuevo director de Derechos Humanos de la Institución, plantea los cambios que se proponen desde el Gobierno para evitar la violación de los derechos ciudadanos.

COLPRENSA

12 de septiembre de 2021 02:30 PM

Por Karen Ortiz

Una difícil situación de imagen y desconfianza ante los ciudadanos enfrenta la Policía Nacional desde hace algunos años. No obstante, desde el 9 de septiembre del año pasado, cuando a manos agentes de esa institución falleció el ciudadano Javier Ordóñez, se intensificó la problemática para la institución.

Este año, desde que inició el paro nacional también se registraron eventos de brutalidad policial a lo largo del país, por lo que, incluso, la CIDH recomendó al Gobierno Nacional separar a la Policía del Ministerio de Defensa, tras evidenciar un posible enfoque militar en el manejo de derechos humanos.

La comisionada y presidente de ese organismo, Antonia Urrejola, aseguró que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”, e hizo un llamado para superar la polarización. “Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11 % de los eventos de protesta se derivaron en disturbios, la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos, tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo.

Un estudio del Observatorio de la Democracia, de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, encontró que solo en Bogotá la caída en la confianza en la Policía por parte de los ciudadanos pasó de 40,6 % en 2010 a 24,6 % en 2020. Mientras que la desconfianza en la institución, en cambio, asciende en 2020 a 56,3 %.

En ese marco, la Policía presentó esta semana al que será el nuevo director de derechos humanos de esa Institución, el Coronel (r) Luis Alfonso Novoa, quien ocupará un nuevo cargo como respuesta a la ciudadanía a la violación de derechos a los ciudadanos.

En conversación con Colprensa aseguró que la creación de este cargo es fundamental para el país, pues eleva de categoría una oficina que figuraba en la inspección general y que ahora tiene el nivel de dirección.

- ¿Cuál es la importancia de este nuevo cargo para la Institución, qué significa para la Policía?

La importancia del cargo es el nivel que le está dando el Gobierno y la Policía Nacional a los derechos humanos, porque derechos humanos era una dependencia de la inspección general y ahora es una oficina asesora con carácter de dirección, que depende del despacho del director general de la Policía Nacional y que facilita muchos procesos de orden político interno, pero también de recursos para poder hacer promoción y la defensa de los derechos humanos, al interior de la Policía Nacional, como parte del servicio que le brinda a los Colombianos.

Con esta dirección, cambian muchas cosas en la Institución, porque hay unos nuevos lineamientos que permiten fortalecer el trabajo en derechos humanos que se realiza aquí a nivel central, pero también en comandos de policía metropolitanos y los departamentos nacionales.

Va a haber un desarrollo más amplio y un respaldo mucho más fuerte, porque hay más recursos y es una decisión interna, que sí o sí, nos fortalece para brindar a las poblaciones vulnerables un mejor servicio que garantice los derechos de los ciudadanos.

- La creación del cargo responde a todo el inconformismo ciudadano, para nadie ha sido un secreto que desde hace muchos años la imagen de la Policía va de picada, hay unos retos muy grandes. ¿Cómo va a enfrentar esos retos?

Si, la Policía ha venido trabajando el tema de derechos humanos, pero creo que el proceso de transformación también incide en esto. El proceso de transformación que se inició el año pasado, por parte del director general, tenía como eje el tema de derechos humanos. Pero, los últimos hechos y particularmente el 9 y 10 de septiembre del 2020 y lo que ha ocurrido en el presente año durante la jornada de protesta, creo que generaron la determinación de fortalecer, desde el punto de vista organizativo, el tema de derechos humanos en la Policía Nacional, creando esta dirección.

- ¿En qué se va a basar ese fortalecimiento, qué va a cambiar, qué había mal y qué aspectos tiene que mejorar la Policía con la creación de esta dirección?

Hay dos líneas estratégicas para fortalecer el trabajo en derechos humanos, la primera es el acercamiento con las comunidades, creemos que hay un alejamiento, en algunos casos ruptura y queremos tener una muy buena relación y un diálogo permanente con los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, con la población LBGTI, con los gremios y con la prensa. También queremos hablar con los jóvenes y la población universitaria.

Queremos recuperar ese diálogo, de tal manera que podamos resolver los problemas de una manera muy civilizada, escuchándonos y que también nos escuchen, pero planteando soluciones que permitan una convivencia en medio de la exigibilidad de derechos, que normalmente la gente realiza. Creemos que hay escenarios que facilitan ese diálogo y no necesariamente son los escenarios donde haya una confrontación y un empleo de fuerza.

- ¿Ese diálogo ayudaría a recuperar la confianza que la mayoría de ciudadanos ha perdido en la Institución?

Sí, yo creo que el diálogo facilita muchas cosas. Escuchar al otro permite conocer lo que están pidiendo, pero también conocer los problemas que en territorio se presentan, a veces hay cosas que en el nivel central se desconocen, pero cuando uno acude a escuchar a las comunidades ya palpa la realidad y tener esa realidad tan tangible permite hacer soluciones concertadas y obviamente con las comunidades.

Yo vengo de Naciones Unidas, duré 10 años en esa oficina y obviamente nuestra tarea era esa, facilitar en ocasiones el diálogo entre el Gobierno y las autoridades, eso da resultado.

Entonces, ese es uno de mis propósitos, esa una primera línea de trabajo y aquí va a resultar supremamente importante el proceso y la mesa nacional de garantías, que es una mesa tripartita, de Gobierno, organizaciones de derechos humanos y comunidad internacional.

Esta mesa surge en el año 2009, precisamente a raíz de agresiones y asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y tiene la gran particularidad de que de alguna manera recoge todas las organizaciones que hay en el país. Ya hay capítulos a nivel regional, hay mesas regionales de garantías y queremos que en ese escenario podamos tener una intervención y participación que nos facilite tener el pulso de lo que ocurre realmente en las regiones y qué es lo que se necesita fortalecer.

- Esta semana el Consejo de Estado emitió un fallo en donde ordena que el Esmad se capacite en derechos humanos, ¿ahí existe un problema?, ¿el Esmad no se está capacitando cómo debería? ¿en qué tienen que mejorar ustedes como Institución?

La decisión que tomó el Consejo de Estado en uno de sus apartes indica que se debe capacitar al Esmad en derechos humanos, de hecho, ellos vienen siendo capacitados, pero creemos que se debe fortalecer esa capacitación.

Yo mencioné el día que me estaba posecionando que vamos a incluir dentro de la doctrina del empleo de la fuerza que realiza la Policía y particularmente el Esmad, tres documentos que ha expedido el sistema de Naciones Unidas.

Uno de ellos es la observación general 37, que habla del derecho a la reunión pacífica en el desarrollo del artículo 21, del pacto de derechos civiles y políticos y esa observación general 37 del comité de derechos humanos, que facilitan que las autoridades político-administrativas, también tomen medidas preventivas.

Así mismo, determinan la manera en que deben actuar los funcionarios de la fuerza de seguridad, en este caso la Policía, para garantizar el derecho a la protesta y para evitar que personas que cometen actos de violencia puedan ser neutralizas y que no se les permita estar en esa protesta, porque obviamente interfiere con quienes lo están haciendo de manera pacífica.

Queremos cuantificar a partir de esos tres instrumentos, que son la observación general, los 10 principios para el empleo de la fuerza y un instrumento de la Oficina de la alta Comisionada de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el empleo de armas menos letales en la gestión de la reunión pacífica.

- ¿Cómo van a hacer para que eso no quede solo en documentos, sino que se lleve a la práctica?

Todos esos lineamientos queremos incluirlos en la parte táctica, que es donde creemos que se debe fortalecer, porque una cosa es tener los documentos ideales dentro de la doctrina y otra la actuación que en la calle deben realizar los policías del Esmad o los policías de la vigilancia urbana y rural.

Entonces, vamos a trabajar muy duro en la parte táctica, para que lo que se diseña como doctrina sea una realidad y minimizar de alguna manera esas intervenciones de fuerza que realiza hoy el Esmad.

- Los ciudadanos consideran que hay mucha impunidad, las cifras lo respaldan. Vemos que el caso de Javier Ordóñez pasó hace un año, ese día hubo 10 muertes más, pero hoy solamente un patrullero de la Policía está judicializado por esos hechos, hay una percepción de impunidad muy alta. ¿Cómo van a trabajar en eso?

Si, de hecho, internamente se han tomado determinaciones frente a los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020. La Policía, por iniciativa propia, abrió un gran número de investigaciones. Se iniciaron 97 procesos disciplinarios en la Policía Nacional, 92 de ellos se hicieron de oficio, quiere decir, que por iniciativa de la Policía se comenzaron estas investigaciones y se hizo un barrido de redes, en la red de información que llegó de fuentes abiertas y se abrieron investigaciones. Lo anterior lo quiero resaltar porque es iniciativa de la Policía Nacional.

Además, hay cinco investigaciones por quejas formales que se hicieron, ahí resultaron vinculados 108 uniformados de la Policía. Ahora bien, frente a eso decir que ese universo de quejas, resultaron sancionados 18 policías.

De esos, 68 procesos resultaron sin responsabilidad, porque no hubo quien aportara información o se constituyera parte para decir que habían sido afectados y en 11 casos se remitieron las diligencias a la Procuraduría, por el tema por del poder preferente. O sea, ha habido una acción de la Policía Nacional.

. Pero, no hay ninguna condena...

Claro, pero ese no es un tema que resuelve la Policía Nacional. Nosotros ponemos a disposición los documentos y la Fiscalía General de la Nación es la que asume las investigaciones de carácter penal. Digamos, en el caso de Ordóñez actuaron muy rápido y nosotros no podemos inmiscuirnos, pero estamos abiertos a hacer los aportes de investigación que se requieran.

- Muchos ciudadanos consideran que estos no son hechos aislados, que esto fue algo sistemático. Son 10 personas muertas en una noche de las que estamos hablando. ¿Hubo alguna orden, hay alguna persona investigada por esto?

Aquí órdenes de dispararle a la gente no existen. La doctrina no tiene contemplado que ningún superior o subalterno le dispare a la gente, hay procedimientos para la atención de disturbios y aquí cada policía es responsable por lo que haga en actos del servicio. El tema penal se sale de las manos de la Policía, el director general no es fiscal, ni juez, es un tema de la justicia.

Pero si quiero decirles, que una vez se presentaron estos hechos se hicieron inventarios de la munición que tenía asignada el personal de servicio para esa época y se abrieron investigaciones precisamente por pérdida de material de guerra.

Hay cinco investigaciones por pérdida de munición y todo este inventario le fue entregado a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones penales y las que tienen por poder preferente la Procuraduría. Estamos totalmente abiertos a lo que haya que hacer.

En mi posesión esta semana expresé el interés de crear un espacio, una instancia de pulso para que las investigaciones disciplinarias y penales avancen, entonces queremos hacer eso, no entre policías, sino que haya una participación también de la comunidad y si las personas afectadas también quieren hacerlo, que lo hagan.

Vamos a invitar al Ministerio Público, porque entendemos que la gente quiere justicia y que no haya impunidad, es interés de la institución aclarar esos hechos.

Aquí nadie ha ordenado disparar, nadie está tapando absolutamente nada, las competencias disciplinarias que se tienen se han puesto en ejecución, lo que nos han ordenado entregar, tanto la Procuraduría como la Fiscalía se ha hecho, aquí no hay ningún interés de que no avance la investigación, por el contrario, esa instancia que vamos a crear va a tener esa facultad para mirar qué problemas hay, si es que no ha habido aporte de información, si han pedido información y nadie la entregado, entonces queremos hacer eso para que avance y, obviamente, se aclare penal y disciplinariamente la conducta de los policías involucrados en estas investigaciones.

- ¿Qué reflexiones le han dejado esas investigaciones, qué va a cambiar a partir de todo esto que ha sucedido?

Es evidente que aquí no se dan órdenes de agredir ni dispararle a la gente y está contemplado en los reglamentos y en la doctrina policial, pero sí entendemos que hay una debilidad en la parte táctica. Quienes tienen que actuar en la calle tienen problemas de formación o de entender qué es lo que tienen que realizar en su trabajo y, precisamente, el fortalecimiento de la doctrina va por esa vía, poderla dejar testeada con los estándares de derechos humanos y aplicarlas en la parte táctica para que estas conductas no se vuelvan a repetir.

Esto no tiene porqué suceder en un cuerpo de Policía, son hechos que son lamentables y el director expresó que pedía perdón por ellos y obviamente las directrices del Gobierno y la dirección general es fortalecer esto, pero también apoyar en el esclarecimiento de los hechos, para que sea una garantía de no repetición el hecho de que haya justicia, que se sepa qué fue lo que pasó para que eso también sirva de referente frente a los policías y sepan qué es lo que no pueden hacer cuando ocurren este tipo de situaciones, particularmente en las jornadas de protestas.

- ¿Habrá algún tipo de cambio en la formación de los policías?

Sí, vamos a hacer una revisión de la malla curricular, para mirar si la transversalización de los derechos humanos es una realidad, pero también estamos pensando en que haya una certificación de la formalización y capacitación de los derechos humanos de los policías. Estamos mirando para que esa certificación sea realizada por alguien externo, ojalá de una institución educativa de fuera del país, de tal manera que el policía se vea obligado realmente a apropiarse de los principios y estándares de derechos humanos, para que los ponga en práctica en el servicio de policía, creo que es un buen mecanismo que va a obligar a que los policías entiendan que el tema de los derechos humanos es un tema connatural a la función policial.

- ¿Cuál es el reto más grande que enfrenta usted en este nuevo cargo?

Acercar a la comunidad con la Policía. La legitimidad está dada en esa buena relación que existe entre las personas de estas comunidades y la Policía, si hay una buena relación creo que va a fluir todo. Donde el policía entiende que tiene unos límites y que esos límites precisamente son el respetar y garantizar los derechos de las personas, yo creo que en esa medida la gente va sentir mayor respeto por el funcionario de policía.

- ¿Qué hay detrás de esta dirección, cuantas personas trabajan con usted, qué cambios a nivel estructural vienen con este nuevo cargo?

Tenemos 81 oficinas de derechos humanos, en diferentes unidades del país, y esas oficinas pasan a depender de esta dirección de derechos humanos, entonces, tenemos unos lineamientos en temas de capacitación que estamos fortaleciendo.

En el tema de protección a población vulnerable y en los temas de cooperación con órganos de control, con la Fiscalía y entidades de carácter internacional como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que es la que día a día está mirando cómo se comporta el Estado frente al cumplimiento a los estándares de derechos humanos.

Hay un informe anual que saca esta oficina y vamos a revisar los informes anuales para mirar esas recomendaciones que se han hecho, qué nivel de avance llevan, para mirar qué temas se tienen que reforzar.

Vamos a hacer un plan estratégico de derechos humanos para el siguiente cuatrienio y es un plan que lo queremos hacer de manera incluyente y con la participación de la sociedad civil. Entonces, la primera etapa es que vamos a hacer una gran encuesta a nivel nacional, donde vamos a hacer unas preguntas específicas de acuerdo a la Política que tiene el Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos y la política que tiene el Gobierno, así como los estándares.

Vamos a hacer unas preguntas a diferentes personas, estudiantes, población LGBTI, los indígenas, los afros, a los periodistas para que a partir de esta gran encuesta que vamos a hacer, en las cinco regiones que tiene el país, hacer una nota conceptual para mirar cuales son los temas estratégicos que la ciudadanía quiere que desarrollemos en un plan estratégico de derechos humanos, ¡queremos escucharlos!

Aparte de la encuesta queremos ir a las regiones, este acercamiento y percibir directamente en el territorio, nos permite afianzar relación, pero también conocer los problemas para solucionarlos.

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