Los retos que tiene Colombia con la firma del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú, que tienen como objetivo brindar las condiciones propicias para proteger los entornos naturales y a los defensores de estos, así como contribuir a la protección del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y sostenible, fue oficializado este jueves por el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

(Lea aquí: Presidente Iván Duque anuncia que Colombia firmará el Acuerdo de Escazú)

El mandatario colombiano aseguró que el país se encuentra en un punto de cambios trascendentales en materia ambiental, debido al liderazgo que se quiere tomar en la agenda ambiental de la región, por lo que se requiere una visión integral y transversal con el fin de involucrar a todos los actores participantes en las decisiones en materia ambiental para que asuman compromisos fehacientes.

“Creo que el paso que damos hoy es también por reconocer que esta herramienta, el Acuerdo de Escazú, une. Producto de la Conversación Nacional que hemos abierto, para mí fue muy motivante escuchar tantas voces, aquí presentes hoy, decirnos: pensemos en Escazú; demos el paso a Escazú. Pues si ustedes piensan así y nosotros también, hay que dar el paso y no hay que demorarnos tanto”, dijo.

El acuerdo es el primer tratado regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

Este acuerdo, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, fue firmado por 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. No obstante, Colombia no se había querido sumar a este y solo hasta ahora, en medio de la Conversación Nacional, que se dio su firma.

El acuerdo consta de 26 artículos, los cuales tienen como ejes fundamentales el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y atención judicial en asuntos ambientales.

¿QUÉ REPRESENTA?

El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, manifestó que la firma de este acuerdo simboliza un avance significativo para el país, aunque varios aspectos contemplados allí ya los tiene la Constitución Política de Colombia.

“Va a obligarnos a fortalecer la legislación que existe a nivel de decretos, resoluciones y normas que existen para poner en marcha, en especial el artículo 79 de la Constitución, que establece el derecho a un ambiente sano y de la participación ciudadana en la evaluación de iniciativas que afecten el medio ambiente. No tenemos una normativa suficientemente potente para acceder a información sobre la materia”, dijo Rodríguez.

Por su parte, el experto ambiental Juan Pablo Ruiz afirmó que este es el primer acuerdo que relaciona derechos humanos y medio ambiente, por lo tanto, este es un avance muy importante.

“Lo más importante es que es un instrumento que sirve para prevenir conflictos ambientales, ya que es un marco de referencia para que las decisiones se adopten de una manera informada. Así mismo, el hecho de que sea pública la información constituye una rendición de cuentas y transparencia gubernamental”, enfatizó Ruiz.

Para Rodríguez, el acuerdo tiene un enfoque significativo en la protección de los líderes socioambientales en América Latina, debido a que esta es una de las zonas del mundo con mayor registro de asesinatos.

“El acuerdo de Escazú establece que los gobiernos deben velar por la protección de los líderes. Uno de los retos es garantizar que ellos no sufran de alguna vulneración a su integridad”, señaló el experto.

Recalcó que hace falta que Colombia y los países miembros del acuerdo ratifiquen el acuerdo. Para que esto suceda, el Congreso debe llevar a cabo el proceso para tal fin. “El acuerdo entra en vigencia una vez se haya ratificado por un número de países, ahí se vuelve de cumplimiento obligatorio en la ley colombiana”.

(Lea aquí: Duque pidió celeridad al Congreso para ratificar acuerdo de Escazú)

Por otro lado, Diego Andrés Lugo, profesor de la Universidad del Valle, señala que el reto más grande es hacer que el acuerdo concuerde y sea aplicable a la realidad que vive el país, pues hay factores ilegales complejos como el narcotráfico, la minería y el conflicto armado, que influyen aún en las condiciones ambientales en Colombia y que ponen en riesgo a los líderes ambientales.

“Por ejemplo, en el año 2018 la Corte Constitucional tumbó la interpretación de la norma que permitía que las consultas populares tuvieran un carácter mandatorio y vinculante. Ahí hay un limbo jurídico, porque estas no tienen un carácter formal. A través del acuerdo, el Gobierno tiene el reto de someter la interpretación de dicho mecanismo de participación”.