Los siete grandes retos de la Fiscalía para 2013

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, contó cuáles son los retos y proyectos que se han trazado en la institución investigadora bajo su administración para el año que inicia.
Entre las iniciativas de Montealegre se encuentran siete puntos fundamentales a desarrollar en las regiones del país, entre ellos descentralizar la entidad y llevarla a esas zonas que tienen fenómenos delincuenciales diferentes y que por ende necesitan tratamientos distintos.
Así mismo, señaló el jefe del ente acusador la necesidad de prepararse para el postconflicto ante un eventual acuerdo de paz con las Farc y el ELN: la manera de llegar a la verdad, la justicia y la reparación sin que haya impunidad.
Para Montealegre otro de los grandes retos es conseguir la modernización en la entidad a través de la reestructuración a partir de las facultades que el Congreso le pueda entregar al Presidente de la República.
De igual manera, para el Fiscal General es necesario hacer algunos cambios en el Sistema Penal Acusatorio, no con el ánimo de retroceder, sino de corregir los errores de los ocho años que lleva su aplicación.

• Usted habla de grandes retos para este 2013. ¿Cuál es el propósito más importante que se ha trazado la Fiscalía?

Una de las principales iniciativas que tenemos para este año es impulsar en el Congreso de la República el proyecto de ley que le concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para reestructurar la Fiscalía General de la Nación.
Es un proyecto de ley que tuvo un primer debate en Comisión Primera de Cámara. Entre marzo y junio esperamos que surtan los tres debates que faltan y que el Congreso de la República apruebe estas facultades extraordinarias.

• ¿Qué se conseguiría con esa reestructuración?

En primer lugar, queremos crear una nueva cultura de investigación en la Fiscalía, es decir institucionalizar nuestra propuesta de política criminal consistente en que la Fiscalía tiene que avanzar hacia el análisis y el estudio de estructuras criminales que lleven a su desarticulación.
Son tres los objetivos que queremos conseguir con este nuevo enfoque: primero, cambiar la cultura y la forma de investigar para evitar fragmentaciones. En segundo lugar, afrontar los desafíos del nuevo proceso de paz con las Farc creando una nueva estructura que nos permita investigar, acusar y sancionar los grandes crímenes cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado, y en un tercer lugar, tenemos como colombianos que ser optimistas frente a la paz y nos debemos preparar para el postconflicto.

• ¿Cómo sería la preparación para ese postconflicto?

El postconflicto va implicar que gran parte de todas estas organizaciones criminales que han pertenecido a las autodefensas o que pertenecen a las Farc o el ELN y que forman la base de lo que serán los desmovilizados, si prospera el proceso de paz, vayan a integrar estructuras criminales como sucedió con la desarticulación de muchos grupos del paramilitarismo.
Independientemente de lo que pase con la finalización del conflicto armado colombiano, nosotros vemos con mucha preocupación que en las regiones del país la principal fuente de criminalidad son aparatos organizados, es decir que esa vieja estadística de que la mayor fuente de la criminalidad es la delincuencia individual, desapareció en Colombia.
¿Habrá perdón y olvido?
El marco constitucional para la paz establece que es un mecanismo de justicia transicional, y como mecanismo de esta justicia implica que con la finalidad de lograr la paz y la desarticulación de las Farc puedan existir ciertas concesiones de derecho penal que llevan a la posibilidad de la creación de penas alternativas, de suspensión condicional de la pena, de ejecución de la pena en lugares especiales, de concesión del principio de oportunidad, de creación de mecanismos de libertad provisional totalmente nuevos.
Existe la posibilidad de que para un máximo responsable que sea condenado por un delito de lesa humanidad se puedan crear penas alternativas a la privación de la libertad o impuesta la sanción de 50 ó 60 años, que pueda ser suspendida su ejecución en la medida en que exista una efectiva desmovilización de las Farc.
La paz tiene que estar sostenida sobre la base de que exista verdad, justicia y reparación. Así se pacte y se llegue a una solución negociada al conflicto, es fundamento indispensable que se dé la reconstrucción de la verdad, que se establezcan los responsabilidades al menos de las máximas jerarquías de las Farc en los hechos y que exista la reparación.

•  ¿Qué otros aspectos reuniría esa modernización de la entidad?

Otro objetivo de la modernización es hacer uso del concepto de Inteligencia trasladado a la investigación criminal. En este momento no tenemos una investigación centrada en Inteligencia criminal. Eso significa que el CTI pueda aplicar los conceptos de Inteligencia para la desarticulación de organizaciones criminales, porque en este momento la delincuencia además de ser organizada está interrelacionada con las demás organizaciones en el mundo.
LOS PROYECTOS DESTACADOS

•  Desde la Fiscalía se ha visto la necesidad de modificar el Sistema Penal Acusatorio. ¿Cómo sería ese trabajo?

Tenemos que crear una Gerencia del sistema acusatorio, estamos haciendo un análisis con la Corte Suprema de Justicia de cuáles son los grandes defectos del Sistema Penal Acusatorio desde el punto de vista administrativo, los grandes obstáculos que existen en el mismo proceso penal, no para retroceder, porque creo que hay grandes avances y no podemos dar reversa, sino por el contrario, corrigiendo los defectos que se han podido detectar en los ocho años de funcionamiento.

•  Usted ha mencionado que la justicia en Colombia es desigual y no se mide con el mismo rasero todos los procesos...

Hay una clara violación del derecho a la igualdad en la interpretación de las normas procesales y penales. El ciudadano por Constitución tiene un derecho fundamental a la igualdad y esto implica que tiene que haber una igualdad de criterios en la aplicación de la ley, y eso no existe en el Sistema Penal, porque cada fiscal o juez tiene su propia interpretación, es decir que una misma situación jurídica tiene valoraciones distintas.
Nos proponemos durante el primer semestre de este año expedir una serie de directivas interpretativas, de las cuales ya tenemos borradores y que van a ser las que orienten la investigación y la interpretación en unos temas muy neurálgicos para el país. Saber cómo debe contabilizarse la prescripción en graves violaciones a los derechos humanos, cuáles son los derechos que surgen para un ciudadano cuando ejerce la protesta social, qué es un derecho constitucional protegido, cuándo puede una protesta tener consecuencias jurídicas y cuándo no.
Vamos a seguir profundizando en directivas del principio de oportunidad, como se hizo en el año que terminó. Como fue en el caso de los Nule donde se sacaron unas primeras orientaciones, al igual que en el tema de preacuerdos.

•  ¿Cómo se delimitará la competencia de la Justicia Ordinaria y la Justicia Penal Militar?

Hay una reforma constitucional que consagra unos principios de delimitación de ámbitos de competencia. Notros tenemos que expedir unos criterios de interpretación de la Constitución con base en los cuales vamos a enviar procesos a la Justicia Penal Militar. Entre esas directivas, una muy importante es saber cuándo hay homicidio en persona protegida, cuándo es en combate o cuándo hay una ejecución extrajudicial.

•  Para usted es importante que quienes trabajen en la Fiscalía sean personas muy capacitadas ¿Qué se hará en ese aspecto?

Uno de los grandes proyectos para este año es la creación de tres escuelas para la Fiscalía. Una será para los miembros del CTI, otra para Fiscales y en tercera medida la integración de Medicina Legal como escuela de capacitación (…;) En las facultades extraordinarias se está solicitando que se cree un establecimiento público dependiente de la Fiscalía que pueda dar una capacitación, al menos una formación tecnológica que permita una profesionalización de los miembros del CTI, al igual que la capacitación de fiscales.
Nuestro proyecto es que este año tengamos la infraestructura para que funcionen las escuelas de capacitación del CTI y de fiscales. Pensamos, además, iniciar una gran modernización de la estructura de Medicina Legal.
RECUPERACIÓN DE BIENES

• Se ha señalado la importancia de que en 2013 recuperar los bienes de la delincuencia para que pasen a manos del Estado...

Entendemos que es importante no solo el establecimiento de responsabilidades como mecanismos de lucha contra la impunidad, sino que ese mecanismo tiene que ir acompañado de una política muy fuerte de recuperación de bienes para el Estado en caso de políticas delictivas. Este año presentaremos a consideración del Congreso un nuevo código de extinción de dominio a partir del 16 de marzo para fortalecer esa política.

• La entidad ha buscado que el monopolio que se mantiene dentro del proceso penal desaparezca ¿Qué se hará este año al respecto?

Vamos a trabajar en un proyecto de ley para la desmonopolización de la acción penal, que en casos que no sean de mayor complejidad el ciudadano pueda acudir directamente a los jueces en materia penal sin necesidad de la intervención de la Fiscalía.
PROYECTOS REGIONALES

• Una de las políticas bajo su administración es que la Fiscalía se debe descentralizar y llegar con más contundencia a las regiones ¿De qué manera se hará?

Nosotros tenemos varios proyectos regionales. El primero es que vamos a trabajar con un criterio de Fiscalía inteligente. Esto significa que el diseño de la política criminal no se pueda hacer con criterio unificado para todas las regiones del país, sino que la orientación de las investigaciones son diferentes en cada una de las regiones. Unas son las necesidades de lucha contra el crimen en la costa Caribe y otras las del sur de Colombia.

• ¿Habrá alianzas?

Queremos establecer unos mecanismos más fuertes de coordinación y de trabajo armónico entre Fiscalía General de la Nación y entidades territoriales. Darle eficacia a ese principio constitucional de colaboración armónica entre los diversos poderes. Queremos empezar a articular políticas públicas de lucha contra la criminalidad en temas de seguridad ciudadana con las diferentes alcaldías y departamentos. Priorizar de acuerdo a los problemas que tenga cada región.
Ya iniciamos cierta articulación con entidades territoriales, arrancamos con Bogotá, en donde estamos desarrollando un proyecto con el alcalde Gustavo Petro.

•  Qué más se va hacer...

Vamos a empezar con un programa regional que se va llamar 'Cuéntele al Fiscal', en el cual la idea es que el Fiscal General, el Vicefiscal o directivas de orden nacional conjuntamente con las territoriales vayamos a las regiones a escuchar los diversos sectores de la población, los gremios y la sociedad civil, para analizar los problemas de delincuencia en la región y ver cuáles son sus inquietudes y cómo podemos luchar contra ellas. Queremos volcarnos sobre las regiones y descentralizar la Fiscalía.

• En materia de seguridad ¿cómo se protegerá las regiones?

Ya iniciamos un proyecto muy importante en el nivel regional y queremos consolidar el de mecanismos que ayuden a la protección de la gran infraestructura colombiana. Hemos empezado con el apoyo a la infraestructura petrolera, que la Fiscalía actúe en términos reales de lucha contra la criminalidad que atenta contra la infraestructura petrolera y nuestro sector energético.
Queremos estrechar la colaboración armónica con la Fuerza Pública para que sea una estrategia muy bien consolidada en materia de lucha contra bandas criminales.
Y, en séptimo lugar, el modelo de priorización que hemos iniciado en Bogotá para graves violaciones a los Derechos Humanos poderla llevar paulatinamente a las regiones, como un mecanismos organizado en tema de la lucha contra el delito.