Colombia


Lupa a 117 financiadores de campañas que obtuvieron contratos por coronavirus

En una tercer entrega, la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría anunciaron las nuevas decisiones en materia penal, fiscal y disciplinario contra funcionarios que atenten contra los recursos públicos en época de COVID-19.

COLPRENSA

17 de junio de 2020 08:44 PM

En el marco del programa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, Francisco Barbosa, fiscal general, anunció que ante un juez de garantías solicitarán medidas de aseguramiento contra los alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), San José de Miranda (Santander) y El Charco (Nariño).

Los mandatarios locales Jorge Augusto Tobón Castro, Édgar Augusto Gallego Arias, Donaldo Ortiz Cárdenas y Víctor Candelo Reina, respectivamente, son presuntamente responsables de actuaciones irregulares en el marco de las contrataciones en época de pandemia.

En otras determinaciones del ente acusador, Barbosa anunció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.

Además, el jefe del búnker anunció las imputaciones que se realizarán contra 17 personas, entre funcionarios y contratistas. Entre ellas se encuentra la secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo; el representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora; y el exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.

Del mismo modo, llevarán ante los estrados judiciales al director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes; el supervisor de contrato, capitán del Ejército Hárold Cárdenas Mesa; el jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz.

También a la contratista de Medellín, Luisa María Zapata Castiblanco, como al exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga; la exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil; y el secretario de Educación e Integración Social de Necoclí (Antioquia), Elías Manuel Carmona Ramírez.

Igualmente, la contratista en Necoclí (Antioquia), María Luisa Cuesta Machuca estará ante los estrados judiciales, así como el secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa (Antioquia), Daniel Fernando Alcaraz Múnera, sumado al director Administrativo de Planeación en Barbosa (Antioquia), Hugo Aldemar Suárez Osorno.

Barbosa señaló que también el conductor de la Empresa Social del Estado (ESE) del Perpetuo Socorro en Villavieja (Huila), Jesús Aníbal Camacho Manrique; la jefe de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey; el contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez; y la docente y contratista en El Charco (Nariño), Jorge Eliécer Suárez Gamboa, serán llevados ante un juez.

EN LO DISCIPLINARIO

El procurador Fernando Carrillo, quien también participó de los anuncios hechos por el fiscal, anunció que en materia disciplinaria la Procuraduría priorizó 2376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos.

El Ministerio Público, en al menos 813 casos, ordenó la apertura de un expediente disciplinario, de los cuales 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo, 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada y tres funcionarios de la gobernación de Quindío.

Carrillo recordó que como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

Adicionalmente, expuso que adelantan 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca; y El Doncello, Caquetá.

Por regiones, en la Andina se adelantan 337 procesos en 215 municipios; en la Caribe 136 en 95 municipios; en la Pacífica 83 en 57 municipios; en la Orinoquía 20 en 18 municipios; y en la Amazonía 17 en 11 municipios.

De los 337 procesos en la Región Andina, 185 municipios de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Antioquia enfrentan el mayor número de procesos, 70, 64 y 52, respectivamente, lo que equivale a un 55 %.

En la Región Caribe, de los ocho departamentos que la componen, Sucre (30), Córdoba(29) y Bolívar (20) enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.

En la Región Pacífica, de los cuatro departamentos, Nariño (43) y Valle del Cauca (23), concentran el 79 % de los expedientes disciplinarios por presunta irregularidades relacionadas con la pandemia por la Covid-19.

En la Orinoquía, de los 20 procesos que se adelantan, 12 corresponden a 11 municipios de Meta y en la Amazonía de los 17 procesos, 15 tienen relación con 9 municipios de Caquetá.

Así mismo, se adelantan 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades, de las cuales 125 se encuentran en indagación preliminar, 12 en investigación y en un caso se formuló pliego de cargos.

En total se adelantan 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado (ESE), 25 entidades del orden nacional, 18 territoriales, 17 a concejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías, 1 comisaría y la Asamblea Departamental de Arauca.

LA CONTRATACIÓN Y LAS CAMPAÑAS

Carrillo Flórez también puso la lupa sobre las contrataciones adelantadas en época de COVID-19 que, presuntamente, relacionarían aportantes tanto jurídicos como naturales en las campañas políticas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

“La Procuraduría atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas”, señaló Carrillo.

A su juicio, estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2 % de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia.

Así las cosas, el Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los 12.500 millones de pesos con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los 4,7 mil millones.

Adicionalmente, en su labor investigativa, el ente de control identificó 147 contratos, por valor de 47.028 millones de pesos, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a ocho de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman 43.494 millones.

“El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas”, aseguró el jefe del Ministerio.

LAS INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO

Tras un mes del último reporte de las ‘ias’, la Procuraduría reportó que formuló pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por la valor de 4.463 millones de pesos.

Los cargos también cobijan a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.

El mandatario deberá responder por qué en el proceso no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas, ni realizado el análisis del costo de transporte y logística, lo que habría generado un mayor valor del contrato y un detrimento en el patrimonio público.

Para el caso de los secretarios se cuestiona su participación en la etapa precontractual del proyecto sin tener en cuenta los valores más favorables y los costos de transporte y logística.

Desde el 15 de mayo, el gobernador de Arauca enfrenta una audiencia de juzgamiento disciplinario por las presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por 570 millones de pesos, suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Al gobernador se le reprochó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.

En otras decisiones, Carrillo aseguró que citó a juicio disciplinario al alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y la secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, por presuntas irregularidades en un contrato que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por 99 millones.

EN LO FISCAL

El contralor Carlos Felipe Córdoba, por su parte, anunció que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de 2121 millones de pesos, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema COVID-19.

La decisión también vincula al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por 193 millones de pesos y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por 112 millones de pesos.

Además de ello, el órgano fiscal no escatimó en abrir proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare que vincula 236 millones de pesos, el Municipio de Girardot-Cundinamarca, por 54 millones, y la Alcaldía de Chiriguana, Cesar, por más de 24 millones.

Córdoba explicó que en el caso que se surte contra el gobernador del Tolima, vincula sobrecostos en la ejecución del contrato 0494 del 26 de marzo, por 5500 millones de pesos, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda S.A.S., cuyo objetivo era la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio.

“Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de 4.002.515.000 pesos y el precio de compra del contrato de 5.154.077.411 pesos (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)”, agregó el ente de control.

En este caso, además del gobernador Orozco Valero, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, la Secretaria de Salud del departamento del Tolima, Adriana Alexandra Marquéz Ramiréz, y la firma Sierra Pineda S.AS., representada legalmente por Jose Atanibal Sierra Avila,.

Respecto del proceso de responsabilidad fiscal contra alcalde de Cartagena William Dau, Córdoba reseñó un presunto daño al patrimonio público derivado, principalmente, de posibles sobreprecios en la ejecución del contrato de compra suscrito entre el Distrito de Cartagena y la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda., por 1.215.500.000 pesos, que tenía por objeto el suministro de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención.

“La Contraloría determinó que hay una diferencia entre los precios a los que el Distrito contrató el suministro de los insumos sanitarios y de protección y el precio promedio de los mismos en el mercado. Estos elementos debían ser entregados al Distrito, según lo estipulado en el contrato, a más tardar el 30 de abril del mismo mes y año”, señaló el ente de control.

Esta determinación también cobijó a Álvaro José Fortich Revollo, en calidad de Director del DADIS, y la empresa contratista Ventas Distribución y Marketing Ltda., representada legalmente por Irán Gabino Borja Monroy.

En cuanto al proceso de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral, el ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $112 millones como consecuencia del daño al patrimonio derivado del presunto sobrecosto determinado en el contrato 460, suscrito con Sandra Patricia Gaviria Hurtado, para la compraventa de víveres, específicamente, 6.245 kits.

Por estos hechos fueron vinculados al proceso la Secretaria de Gobierno y Administración Departamental Claudia Jimena Arango, y Gaviria Hurtado en calidad de contratista.