La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a través del despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, acreditó en el Caso 04 a los Consejos Comunitarios del Río Curbaradó, Los Manatíes, Puerto Girón y La Larga Tumaradó.
Fueron tres autos con los que la magistrada y la sala determinaron estas acreditaciones colectivas en calidad de intervinientes especiales ante la JEP, lo que les permite ser reconocidas dentro de los procesos judiciales que se adelanten, podrán aportar pruebas e interponer recursos, presentar sus observaciones a las versiones de los comparecientes, ser informadas del avance de las investigaciones y de los procesos, entre otras garantías de participación.
Acreditación del Consejo Comunitario del Río Curbaradó
La JEP acreditó al Consejo Comunitario del Río Curbaradó, compuesto por 24 comunidades y aproximadamente 14.798 personas.
Para esta acreditación colectiva la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta, entre otras consideraciones, cómo estas comunidades se han visto afectadas por hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidio, masacre, delitos contra la libertad e integridad sexual.
Sumado a lesiones personales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y prolongada, trabajo forzoso, allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
También, se denuncia vulneración de sus derechos fundamentales como pueblo afrocolombiano a la autonomía, a la consulta previa, a la integridad cultural y al territorio.
Consejo Comunitario los Manatíes y del Consejo Comunitario Puerto Girón
En este caso se acreditó a los Consejos Comunitarios de los Manatíes y de Puerto Girón, cada uno, como sujeto y víctima colectiva, integrados por 152 y 313 personas, respectivamente.
Los hechos que tuvieron en cuenta para considerar esta acreditación colectiva tienen inicio desde principios de los 80 y se mantuvieron y agravaron con el tiempo hasta la firma de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Entre estos hechos se cuentan las disputas territoriales entre los Frentes 5, 34, 35, 57 y 58 de las FARC y el Frente 5 del EPL en la zona, que trajo consigo violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Consejo Comunitario de los ríos La Larga Tumaradó
También fue acreditado el Consejo Comunitario de los ríos La Larga Tumaradó (COCOLATU) como sujeto y víctima colectiva, integrado por 48 comunidades y aproximadamente 5.803 personas.
Entre las múltiples afectaciones padecidas por estas comunidades, la relación de hechos se centra en los que acontecieron durante los años 1996 a 1998, cuando tuvo lugar en el territorio la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia, presuntamente en coordinación con miembros del Ejército.
A juicio de la JEP estos hechos produjeron varias afectaciones y violaciones a los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas y a sus territorios. Una de las más graves, fue la ola de desplazamientos forzados que se presentó en las tres zonas que componen el territorio colectivo, por las acciones de violencia desplegadas por las AUC.
Luego de los desplazamientos, se denunciaron una serie de compras masivas de tierras por parte de particulares, en contra de las prohibiciones legales que protegen la propiedad colectiva de las comunidades negras y algunas han sido anuladas por los jueces civiles especializados de restitución de tierras de Apartadó.
Así va el Caso 04 de la JEP
El Caso 04 de la JEP, abierto el 11 de septiembre de 2018, prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la Fuerza Pública, desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.
Con las nuevas acreditaciones colectivas serían más de 35 mil las víctimas acreditadas en este caso. A la fecha, en el Caso 04 han rendido versión 17 comparecientes de la fuerza pública y 11 comparecientes de las Farc-EP, entre los que se encuentran los comandantes de los Frentes 5, 34, 58 y 57 que operaron en los municipios priorizados.
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