Colombia


Más denuncias de acoso en el Consejo Superior de la Judicatura

Otras cuatro personas dijeron que los magistrados sí tenían conocimiento de los casos de acoso laboral y sexual, pero siguen sin pronunciarse.

COLPRENSA

06 de septiembre de 2020 05:00 PM

Otras cuatro personas se animaron a relatar las experiencias de acoso que vivieron en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Afirman que los magistrados sí tenían conocimiento de los casos de acoso laboral y sexual publicados por Vanguardia. Los togados siguen sin pronunciarse.

Tras la publicación de la Unidad Investigativa de Vanguardia en la que tres mujeres relataron, bajo la reserva de su nombre, cómo es el ambiente de acoso laboral y sexual en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, nuevas denuncias llegaron al periódico.

Cuatro personas más decidieron contar sus casos, para confirmar las denuncias publicadas por este medio el pasado 17 de agosto, y explicaron que las prácticas de abuso de poder, las renuncias en masa y los hechos relacionados con acoso sexual sí son de conocimiento no solo de los magistrados, sino de varias personas que alguna vez trabajaron en la corporación.

Además de afirmar que estos hechos se han puesto en conocimiento de la Sala Plena, Vanguardia conoció un derecho de petición en el que se informaba sobre irregularidades en despidos y relaciones inapropiadas entre magistrados y subalternas.

Dos de las nuevas denuncias hablan además de comportamientos extralimitados y denigrantes que tendría la secretaria judicial de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Lucía Olarte Ávila, con sus empleados.

Cabe señalar que en la primera publicación de la Unidad Investigativa, la presidenta de la sala, Julia Emma Garzón, negó tener conocimiento de los casos denunciados o que se hubieran hecho públicos en la Sala Plena.

Como se hizo anteriormente, Vanguardia contactó a los funcionarios señalados y la Presidenta de la sala y les envió un cuestionario hace una semana a través de la oficina de prensa, pero al cierre de esta edición ninguno quiso hacer declaraciones.

Las preguntas iban dirigidas tanto a los magistrados Pedro Alonso Sanabria, Fidalgo Estupiñán y Camilo Montoya (los tres señalados de presunto acoso laboral y sexual), como a Yira Lucía Olarte (secretaria judicial) y Julia Emma Garzón (presidenta de la sala).

Más casos y testimonios

En las últimas dos semanas Vanguardia recibió varios testimonios, algunos de los cuales apuntan a que los casos de acoso no se limitaron únicamente a la Corte Constitucional o al Consejo Superior de la Judicatura, sino que también se dieron en otros despachos de la rama judicial.

Dentro de las denuncias recibidas por la Unidad Investigativa, hay cuatro personas a quienes identificaremos como Claudia, Mario, Yaneth* y Socorro* , que relataron las conductas de acoso laboral y sexual de las que ellos y otros compañeros habrían sido víctimas mientras laboraban en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Para Claudia*, el ambiente del piso séptimo del Consejo Superior de la Judicatura es pesado, pues los despachos de los magistrados Pedro Alonso Sanabria, Fidalgo Estupiñán Carvajal y Camilo Montoya Reyes (los señalados en el primer informe) están en ese piso y cualquier mujer que pase por esos pasillos tiene que soportar, cuando menos, miradas morbosas.

Si pasas por el pasillo en donde está (Fidalgo), te mira lascivamente y dice comentarios de carácter sexual a veces fuertes, siempre delante de todas las personas. Pedro llamaba a mujeres a su oficina y las intentaba besar o tocar. Para nadie es un secreto, Fidalgo y Camilo siempre viven invitando a todas las mujeres a tomar algo o a comer o a almorzar

afirma la mujer.

Socorro* relata que durante el tiempo que laboró en el Consejo subió y bajó de peso “y el magistrado (no quiso decir su nombre) me lo hacía saber. Si no eran mis piernas, era mi cintura, si no era mi cintura, era mi abdomen, pero algo en mí siempre cambiaba y él sin pena comentaba al respecto de manera morbosa, y yo lo permitía”.

Cuenta la mujer que para ese entonces su edad no superaba los 21 años y que, al ser su primer trabajo, no entendía que esos tratos no eran comunes ni correctos en el ambiente laboral.

“Pensaba que sus comentarios eran normales, pero cuando me encontraba fuera de su oficina me sentía humillada, observada y morboseada, luego pensaba que solo debía hacer como si nunca hubiese pasado, pero sí que pasaba y no era la única”.

Mario* sostiene que en el ámbito laboral eran conocidas las actitudes de Camilo Montoya. “Él sí tiene esas costumbres. Todos decían que él se llevaba a las ‘viejas’ a las comisiones, con el cuentico de que ‘vamos y la pasamos chévere”.

Este testigo también dice que si bien los comentarios morbosos por parte de los magistrados a mujeres son conocidos por los trabajadores del Consejo, “las mujeres que han sido víctimas de esos tratos no se han atrevido a hacer una denuncia”.

“Julia Emma (Garzón) se guarda la espalda con (Pedro) Sanabria, porque son del mismo corte. Magistrados que llevan 12 años. Ellos son los que mandan y se cuidan la espalda para mantenerse en el poder”.

Cabe recordar que esos dos magistrados ya cumplieron su periodo constitucional de ocho años, pero siguen en sus cargos, aunque un fallo de la Corte Constitucional acaba de decidir su salida (ver recuadro).

¿Pago a cambio de ‘compañía’?

Además de los comentarios inapropiados de carácter sexual que Claudia* escuchó en la entidad, por parte de los magistrados Sanabria, Estupiñán y Montoya, también recibió una propuesta inusual por parte de este último togado.

Esta funcionaria asegura: “Camilo (Montoya) es descarado e hipócrita. Dice que es cristiano, pero a mí y a tres personas más, de las que yo sé de primera mano, nos dijo que nos pagaba por compañía.

Es que tú me gustas, nosotros podríamos salir. Yo te puedo pasar una mensualidad para que me consientas y me quieras”, porque según él era algo que ‘en su casa le hacía falta’, decía

El magistrado Montoya, afirma la denunciante, hacía estos ofrecimientos de manera frecuente sin importar si la mujer era judicante (universitaria haciendo prácticas en la institución) o si laboraba para otro magistrado.

“En una ocasión a una judicante ya le habían dicho que le tenían puesto ahí (en el Consejo). A los días Camilo se le insinuó y le hizo el mismo ofrecimiento que a mí. Ella dijo que no, que no le gustaba ese tipo de acciones. Al día siguiente le dijeron que el nombramiento se había caído y nadie daba razón de por qué”, cuenta Claudia*.

Sanabria: relación entre jefe y empleada

Dos de los denunciantes le aseguraron a Vanguardia que el magistrado Pedro Alonso Sanabria sostiene una relación con una subalterna, trabajadora de la Secretaría Judicial de la Sala, que no es abogada, pero ejerce funciones como si lo fuera dentro del despacho de Sanabria.

“Muchos sabían de esa relación, pero el escándalo explotó cuando el magistrado decidió declarar insubsistente a un hombre, que trabajaba en la Secretaría. Nos enteramos que este abogado tenía también una relación con la pareja de Pedro Alonso”, comenta Claudia*.

Según cuentan Claudia* y Mario*, a raíz de ese problema, el declarado insubsistente envió dos derechos de petición pidiendo su reintegro porque en su opinión no había extorsión ni ningún problema de índole laboral que justificara su salida.

Sin embargo, esos derechos de petición, según los denunciantes, nunca fueron contestados por la Sala. “Ellos son pareja. Para nadie es secreto... Ella es una subalterna de todos los magistrados, porque cuando uno es de Secretaría se debe a los siete magistrados. Él la mantenía en su despacho y era la persona que viajaba con él”, dijo Mario*.

La oficina del magistrado, cuenta Claudia*, olía siempre a trago y la mujer, que aseguran es la pareja de Sanabria, “se encerraba con él a tomar, se encerraban con llave... todos sabíamos que en el despacho además de tomar sostenían relaciones sexuales”. Del magistrado Sanabria también se afirma que consume alcohol en horario laboral pues, dicen los denunciantes, obligaba a sus trabajadores a tomar con él a cualquier hora dentro del despacho.

“Él no entraba a Sala porque físicamente no podía. El escolta lo acompaña a tomar hasta las 3:00 a.m. y al otro día (le tocaba) llegar a la casa a las 6:00 a.m. a recogerlo, así él no fuera a salir. Lo vi borracho en la oficina, no se podía ni parar. Lo negaban cuando llegaban a preguntarlo. Invitaba a sus subalternos a tomar dentro del despacho y se quedaban ahí hasta tarde”, narra Claudia*.

El presunto acoso laboral

Sobre el tema de acoso laboral, los cuatro denunciantes le contaron a Vanguardia que pese a que el horario de trabajo está establecido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una hora de almuerzo, lo común es ver que desde magistrados auxiliares a trabajadores de menor rango como escoltas comenzaban sus labores desde las 6:00 a.m. y concluían pasadas las 9:00 p.m.

“A los escoltas les iba realmente mal. Trabajaban largas horas, eran humillados y denigrados”, dice Socorro*.

De acuerdo con Yaneth*, que se desempeñaba como secretaria de un magistrado, tanto ella como otros tres compañeros sufrieron de persecución laboral para cansarlos hasta que renunciaran o fueran declarados insubsistentes.

“Le manejaba las sentencias a Pedro Sanabria porque él estaba atrasado como dos o tres meses de sentencias. Me encargué de entregárselas a la Secretaría y de subirlas al sistema. Pero como debían acabar los cargos de descongestión, empezaron a decir que nosotros no íbamos. Yo llegaba a las 6:00 a.m. y salía a las 7:00 u 8:00 p.m. Teníamos una tarjeta y ahí estaba la prueba de que nosotros llegábamos a trabajar. Sin embargo, decían que nosotros no cumplíamos horarios. Nosotros denunciamos y no pasó nada”, comenta Yaneth*.

Ella y sus compañeros los declararon insubsistentes con el argumento de que no cumplían con el horario y el trabajo. “Pero todo era falso”, explica.

Socorro*, que es abogada, explica que su profesión durante el tiempo que laboró en el Consejo servía para “cargar maletas, servir tintos y alistar la ropa de un desconocido. Recuerdo que no era lo suficientemente atenta con el magistrado, como supuestamente se esperaba de mí, y otra mujer se acercó a decirme que cuando él necesitara agua, un café, jugo o simplemente quitarse el saco, yo debía estar presente para ayudarlo”.

Las profesionales del derecho que están en los despachos, explica Claudia*, pagan las facturas personales de sus jefes, hacen trámites de las esposas de los magistrados, inscriben a los hijos de ellos a la universidad. “Es verdad que toca hasta quitarles los zapatos cuando van a Sala”.

Su trabajo, cuenta Socorro*, también consistía en proyectar sentencias judiciales, labor que no podía completar en su jornada por lo que sacrificaba noches y fines de semana para finalizarla.

Dice la denunciante que “debía hacer cinco proyectos semanales y además debían quedar perfectos. Recuerdo a una compañera que la primera semana que llegó se encerró en el baño llorando. Le pregunté qué pasaba y me contó que le habían dado un expediente de cinco cuadernos con aproximadamente 500 hojas cada uno, que estaba a ocho días de prescribir. Con ese volumen mínimo debía escuchar unas seis audiencias, cada una de dos horas. Ella hizo el proyecto como le dio el tiempo y tras una larga humillación sobre su manera de escribir le dijeron que su trabajo no servía para nada y que había comenzado muy mal”.

Sobre este caso, Socorro* cuenta que la mujer, no mayor a 25 años, auxiliar judicial, tenía en sus manos la decisión de suspender de la profesión a un abogado. “La nombraron sin tener experiencia laboral relacionada, sin conocer cómo se escribía y sin siquiera saber cómo era un expediente judicial (lo cual se adquiere con experiencia) y en la primera semana de trabajo le exigieron impecabilidad en un proyecto como si lo hubiese hecho un magistrado auxiliar, a quien le pagan siete veces más y quien debe tener experiencia profesional de mínimo 10 años”.

Los magistrados se empeñan en sacar 20 proyectos a la semana, denuncia Claudia*, pero no entienden o “no les importa” que la carga laboral para la cantidad de personas por despacho sea desproporcionada.

“La carga es muy alta. Los magistrados auxiliares le pagan extra a los judicantes para que les ayuden porque el tiempo no alcanza. Ellos llegan a las 6:00 de la mañana y salen con regularidad a las 10:00 de la noche. Porque el decir de los magistrados titulares es sacar muchos expedientes para que no los critiquen y se vea que trabajan”, dice Claudia*.

Las denuncias contra Yira Lucía Olarte

Dentro de las nuevas denuncias obtenidas por la Unidad Investigativa, se nombra a Yira Lucía Olarte Ávila, la secretaria judicial de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

De Olarte se asegura que es la “peor jefe de todo el Consejo”, pues maltrata a sus empleados de manera mental y física, los obliga a trabajar largas horas, no permite que hablen por teléfono en horario laboral y para recibir algún tipo de permiso los empleados deben soportar gritos.

“Los grita y los humilla. Hay gente que después de entrar a trabajar con ella presentan cuadros de estrés, de pánico, lloran todo el tiempo. Los compañeros le dicen a ese maltrato psicológico ‘la inauguración de Yira Lucía’. Hasta le ha pegado en manos y cabeza a subalternos. Sobre ella sí hay quejas sobre acoso laboral. Todos conocían ese maltrato. Julia Emma (Garzón) lo sabía”, dice Claudia*.

Mario* cuenta que la Secretaría es un espacio amplio, sin embargo, los gritos de la jefe se escuchaban en todos los cubículos.

“Gritaba ‘usted es un inútil’, ‘usted no sirve para nada’, ‘este es mejor que usted’ delante de todos. ‘Yo no sé usted qué hace aquí’, dice seguido en tono despectivo. Y también amenaza y dice ‘aunque usted es cuota del magistrado tal, voy a hablar con él para decirle que usted no sirve para nada’, y a gritos, pero horrible Cuenta el hombre que a aquel trabajador que llegara después de las 8:00 de la mañana le hacía una directriz la cual le daba como un aviso. A la 1:00 de la tarde se salía a almorzar y a las 2:00 de la tarde ella ya estaba en la puerta esperando porque no podían llegar tarde.

“Si uno dejaba una hoja encima del escritorio se lo comía a gritos porque no le gusta el desorden. Para permisos casi todo era por escrito, y era bien complicado porque la señora casi siempre estaba de mal genio”, dice Mario*.

Pero extrañamente, aseguran Mario* y Claudia*, con las mujeres que eran “consentidas de los magistrados no había ningún inconveniente. A la hora que quisieran salir y entrar podían hacerlo”.

Sobre los presuntos casos de acoso, Claudia* y Mario* afirman que Olarte sí sabía de las pretensiones de los magistrados Sanabria, Estupiñán y Montoya con mujeres que trabajaran en el Consejo.

“Si Pedro (Sanabria) le decía a Yira ‘dígale a tal niña que me acompañe a un almuerzo o una fiesta’, ella les daba permiso toda la tarde para que lo acompañaran. Ahí sí no había problema con que no cumplieran horarios”, cuenta Claudia*.

Olarte tiene la costumbre, narran los denunciantes, de pasar constantemente por los puestos a ver si sus trabajadores estaban laborando.

“Uno lo pensaba tres veces para ir al baño. No podía hablar ni con la mamá, para pedir permiso era aguantar gritos, pero las muchachas que salían con los magistrados, volvían a las 6:00 p.m. por sus cosas y no les decían nada”, añade Claudia*.

“Ella les decía a las mujeres de la Secretaría, las que veía como con ganas de ‘ascender’, que se le ofrecieran a los magistrados, que fueran buenas con ellos. Ella no quiere perder... Entonces debe tener contentos a los magistrados, sobre todo a Pedro (Sanabria). ¿Y cómo los tiene contentos? Prestándose para que ellos pretendan a las mujeres que les gustan”, dice Mario*.

Una fuente aseguró que en el despacho se habla que Yira Lucía Olarte es una de las que suena para integrar la Comisión Nacional que reemplazará la Sala Disciplinaria y que ella y el magistrado Alejandro Mesa Cardales serían fichas de Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria.

Sala Disciplinaria: el despacho que se niega a desaparecer

El despacho donde surgieron estas denuncias de acoso laboral y sexual contra varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es la Sala Disciplinaria.

Se trata del mismo despacho que el Congreso determinó debía desaparecer y ser reemplazado por un nuevo órgano, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, según el Acto Legislativo 2 de 2015, conocido como la Reforma de Equilibrio de Poderes.

Hoy, cinco años después, esa transición no se ha dado en gran parte porque el mismo Congreso no ha adelantado la ley estatutaria que regulará la comisión.

En enero pasado, el Consejo de Estado hizo un llamado al Gobierno para que presente siete ternas al Congreso, con el fin de elegir a los magistrados que deben integrar la Comisión de Disciplina Judicial, pero la Sala Disciplinaria se opuso y al final dichas ternas nunca fueron presentadas.

Además, dos magistrados de la Jurisdicción Disciplinaria, Julia Emma Garzón (presidenta) y Pedro Alonso Sanabria (uno de los señalados) llevan 12 años en esos cargos, superando el periodo de ley de ocho años.

Corte dice que deben salir de sus cargos

Precisamente, la semana pasada, la Corte Constitucional se pronunció sobre la interinidad de estos dos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En una decisión que fue unánime, se determinó que Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón “deben salir de inmediato de sus cargos”, pues ya cumplieron su periodo.

Además, se advierte un posible “bloqueo institucional e inconstitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Esa fue la conclusión de la Sala Plena de esta alta corte, que estudió y falló una tutela a favor del Consejo Superior de la Judicatura, para iniciar el proceso de conformación de ternas, con el fin de reemplazar a esos magistrados que ya cumplieron su periodo en la corporación.

Falta ley estatutaria

Tanto Garzón como Sanabria llegaron a la Sala Disciplinaria en el 2008 y habían terminado su periodo en el 2016. No obstante, permanecían en sus cargos a la espera de que se conformara la Comisión de Disciplina Judicial y se eliminara la Jurisdicción Disciplinaria a la que pertenecían.

Esto solo se puede dar una vez el Congreso expida la ley estatutaria que regulará la comisión. Se trata de una ley que debió tramitarse en 2015, pero esta es la fecha en la que no se ha debatido y tratado ni en el Senado ni en la Cámara.

Además, se conoció que los magistrados Camilo Montoya Reyes, Fidalgo Javier Estupiñán y Magda Victoria Acosta están nombrados en provisionalidad desde 2016. Los dos primeros son señalados de presunto acoso laboral y sexual.

Con la decisión de la Corte Constitucional, se aprueba un acuerdo que firmó el Consejo Superior de la Judicatura para integrar las ternas y así elegir a los magistrados que entrarán a reemplazar a Sanabria y Garzón y posiblemente a los demás togados.

Ya se radicó denuncia en la Comisión de Acusaciones

Tras la publicación del informe de la Unidad Investigativa de Vanguardia, Pablo Bustos, de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, indicó que radicó la respectiva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano encargado de investigar a los aforados.

Bustos dijo que el avance del proceso dependerá de la capacidad que tengan para demostrar los señalamientos realizados, de los testigos y particularmente de que quienes se atrevieron a hacer las denuncias estén dispuestos a atender el requerimiento judicial.

La Red de Veedurías, explicó Bustos, está en la disposición de entrevistar a las presuntas víctimas para asegurar la validez de las evidencias presentadas y así hacer justicia ante los hechos señalados por los denunciantes.