Mindefensa responde al llamado de la Defensoría por erradicación de cultivos

01 de junio de 2020 10:26 PM
Mindefensa responde al llamado de la Defensoría por erradicación de cultivos
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa. // COLPRENSA

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El Ministerio de Defensa respondió este lunes al llamado que hizo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, sobre los procedimientos que se vienen adelantando para la erradicación de cultivos ilícitos, para que se garanticen los derechos humanos, se eviten las confrontaciones y se aseguren condiciones de vida digna a la población campesina.

En su respuesta, la cartera liderada por el ministro Carlos Holmes Trujillo aseguró que la erradicación se realiza “bajo parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos”, al tiempo que explicó que los miembros de la fuerza pública se encuentran capacitados para aplicar y garantizar estos parámetros a través de entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza.

“Cualquier actuación por fuera de estos parámetros es investigada por las autoridades competentes”, recalcó el Ministerio, al tiempo que señaló que comparte “la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la acción de los grupos armados ilegales que presionan a las confrontaciones y conminan a los pobladores a movilizarse en contra de la Fuerza Pública”.

La cartera resaltó que los cultivos ilícitos son tipificados en el Código Penal, por lo que es “deber de la Fuerza Pública” contrarrestarlo, ya que es “el combustible de las economías ilegales que financian y propician el crecimiento de organizaciones criminales que afectan la seguridad nacional, llevan violencia a los territorios y destruyen el medio ambiente”.

También recalcó que “es deber del Estado colombiano y de la Fuerza Pública cumplir con la Constitución y la Ley y evitar que lo anterior ocurra, utilizando todas las herramientas disponibles en el marco jurídico vigente para eliminar los cultivos ilícitos del territorio nacional”.

EL LLAMADO DEL DEFENSOR

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Alfonso Negret, hizo un llamado vehemente frente a las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, para que se garanticen los derechos humanos, se prevengan las confrontaciones entre la fuerza pública y la comunidad, y se asegure las condiciones de vida digna para la población campesina.

“Se viene observando y documentando desde hace algunos días los impactos y las condiciones a través de las cuales se están llevando operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en algunos territorios del país”, manifestó Negret, al tiempo que resaltó la emergencia de protestas sociales que han escalado en enfrentamientos entre la fuerza pública y la población.

También recalcó la preocupación por “como los actores armados ilegales, en algunas oportunidades, se encuentran presionando las confrontaciones y conminando a los pobladores a movilizarse, incluso a población no cultivadora, que no tiene relación con los territorios objeto de esta medida”.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo presentó algunas consideraciones y entregó algunas recomendaciones:

- La economía derivada de la producción y comercialización de drogas ilícitas afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y la población campesina en la ruralidad del país. Dicha economía sostuvo por años el conflicto armado y hoy es responsable de su reconfiguración y la generación de otras formas de violencia.

- El narcotráfico, y particularmente el cultivo de hoja de coca, es un negocio injusto, que no redistribuye la riqueza, somete a los campesinos a condiciones precarias de trabajo y remuneración y niega la posibilidad de dignificar la vida en el campo a través de la garantía integral de los derechos humanos, especialmente los sociales, económicos y culturales.

- La solución definitiva al problema de la producción y comercialización cuenta con una ruta diseñada en el Acuerdo Final de Paz, consistente en la sustitución de los cultivos como medida principal y la erradicación como medida subsidiaria, que la Defensoría del Pueblo reconoce como adecuada y ajustada para garantizar los derechos humanos de las poblaciones campesinas cultivadoras.

- La erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito hace parte de las medidas acordadas para solucionar definitivamente el problema de la producción y comercialización de las drogas ilícitas. Por lo tanto, es una medida legítima con la que cuenta el Estado colombiano. Su implementación requiere asegurar que, preferentemente, se hayan agotado las posibilidades de realizar sustitución. La producción de drogas ilícitas y especialmente su cultivo, no es un medio adecuado ni efectivo para garantizar el derecho a la alimentación ni a la vida digna de las comunidades rurales del país. Por el contrario, es un medio que asegura y profundiza la inequidad, la pobreza y la violencia.

- Dar celeridad a la implementación de los Programas de Sustitución Voluntaria en los territorios, ampliando su cobertura para la atención de aquellas familias y comunidades rurales que han manifestado su voluntad de acogerse a la política de sustitución voluntaria, contenida en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, priorizando su puesta en marcha en el contexto actual de pandemia, toda vez que la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos agropecuarios se constituye en uno de los derroteros principales de actuación por parte del Gobierno nacional.

- Garantizar articulación al interior del Gobierno nacional, especialmente con el sector Defensa, para garantizar el carácter prevalente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en los términos contemplados en el punto 4 del Acuerdo Final.

- En caso que se determine objetivamente la procedencia de la medida de erradicación forzada, se debe garantizar que los operativos se realicen con pleno apego a los derechos humanos.

- Asimismo, debe contarse con una ruta para garantizar la estabilización socioeconómica urgente de las familias que hayan resultado o resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa.

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