Tras la aprobación de la Reforma a la Justicia, se conoció una carta que envió el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a su compañero de gabinete, Wilson Ruiz, por la inconveniencia fiscal de la norma que el mismo Gobierno pidió aprobar en el Congreso.
Según la misiva, debido a que la pandemia ha incrementado, de forma sustancial, el déficit fiscal y el endeudamiento público, “surge la necesidad de la implementación de medidas de política fiscal orientadas a aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público para así estabilizar y reducir la deuda pública (...) Por todo esto, este ministerio le solicita revisar la conveniencia de adoptar este tipo de iniciativas que si bien pueden representar beneficios para el sector justicia podría verse afectada la estabilidad económica y fiscal de la nación”.
Así mismo, el ministro se muestra dispuesto a implementar de forma gradual las iniciativas, teniendo en cuenta la recuperación y la reactivación económica del país, dice la carta enviada al despacho del actual jefe de la cartera el pasado 9 de junio.
Pese a que no hay una respuesta formal por parte del Ministerio de Justicia, se conoció que la reforma a la justicia se incluyó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del país y en los compromisos allí establecidos.
De hecho tras la aprobación de la norma, el ministro Ruiz explicó que la norma busca superar el déficit en la atención de procesos judiciales. “En 2020 el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1.897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1.521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17 % de egresos y un déficit en resolución del 19,3 %”.
La norma incluye todos los elementos necesarios relacionados con la adopción del expediente digital, para facilitar la labor judicial y mejorar la productividad de los despachos judiciales. También, para permitir al Consejo Superior de la Judicatura crear juzgados itinerantes, con el fin de solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país que presenten déficit de cobertura en la prestación del servicio. Y para el desarrollo, operatividad y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
También fija los lineamientos para el fortalecimiento de la carrera judicial con garantías para empleados y funcionarios, respetando los cargos por provisionalidad o itinerancia. Igualmente, las normas de concurso de méritos, el registro de elegibles y el respeto a derechos de los empleados de carrera.
Sin embargo, los críticos de la norma sostienen que lo que se hizo fue crear burocracia y repartirla en todo el país, cargos nuevos, que sea de paso, fueron los que motivaron la carta del Ministro de Hacienda.
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