11 lineamientos estratégicos para combatir el crimen organizado, definió el Ministerio de Justicia junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los lineamientos contienen acciones puntuales para afectar el crimen organizado y sus actividades relacionadas con el narcotráfico, economías criminales y delitos que afectan la seguridad de los colombianos.
Según el Ministerio, esta estrategia hace parte del Plan Nacional de Política Criminal 2021 – 2025 de la Política contra las drogas Ruta Futuro.
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“Con esta estrategia se concretan acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de investigación, judicialización, juzgamiento y sanción penal de las conductas delictivas y los agentes criminales que operan a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el crimen organizado, que se involucra con el mercado de drogas ilícitas, exacerba la violación de los derechos humanos, la comisión de crímenes y el desarrollo de otras economías ilegales, que a su vez impiden el desarrollo de las comunidades y su transición a la legalidad”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.
Por su parte Pierre Lapaque, Director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur explicó que, el objetivo “está centrado en fortalecer las capacidades de las entidades del sector justicia en materia de investigación, judicialización, juzgamiento y sanción penal efectiva de actores y dinámicas estratégicas de las organizaciones criminales, relacionadas con las drogas ilícitas, así como las demás rentas y delitos que se relacionan con este fenómeno”.
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Con esta estrategia se generarán acciones contundentes como el aumento de la presencia y disponibilidad de la Rama Judicial en los territorios donde se tendrá un juzgado instalado, una unidad básica en medicina legal y despachos fiscales especializados con jurisdicción y acción en las seis principales regiones afectadas por el crimen organizado: Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Chocó, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales Aledaños, Pacífico nariñense y Arauca.
Así mismo, dentro de estos lineamientos se busca aumentar la disponibilidad de la infraestructura y cupos carcelarios en las regiones anteriormente mencionadas y priorizadas. Se estima que a mediano plazo se generarán 30 cupos de alta seguridad para la ejecución de penas, 5 en promedio, por cada región.
Igualmente, el aumento de la presencia de las entidades del Sector Justicia en los territorios con lo que se espera adecuar el funcionamiento de seis unidades móviles en las regiones donde se llevará a cabo la implementación de esta estrategia de seguridad contra el crimen organizado.
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Para poder garantizar que estos lineamientos se cumplan exitosamente en la operabilidad , se hará un plan piloto en la región del Catatumbo, donde se trabajará en el diseño y la implementación de “Ciudadelas Judiciales”, un programa orientado a la presencia permanente del Sector Justicia en estos territorios.
Estas estructuras estarían habilitadas para: Despachos de fiscales especializados, laboratorios para análisis de material probatorio, espacio para almacenamiento de material probatorios, despachos judiciales con control de garantías, casas fiscales y cupos para detención preventiva.
De igual forma, estos lineamientos estratégicos están dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal, la modernización técnica y tecnológica y el fortalecimiento del recurso humano. Contiene acciones que tienen como alcance capacitar a 600 funcionarios y respondientes en las seis regiones de la estrategia.
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