Colombia


“No es necesario refrendar el acuerdo de paz”: fiscal Montealegre

COLPRENSA

20 de enero de 2015 11:35 AM

Una gran polémica desató este martes el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, al anunciar que no es necesario refrendar un eventual proceso de paz, porque el presidente Juan Manuel Santos, puede darle dicha legitimidad.

Declaración que contradice al presidente Santos quien desde el comienzo de los diálogos de paz afirmó que el acuerdo final de lo negociado con las Farc en Cuba debe ser aprobado a través de un referendo por los ciudadanos.

"No es ni jurídicamente viable ni políticamente conveniente refrendar los acuerdos a los que se llegue en La Habana. No podemos someter a una consulta los 50 o 100 grandes acuerdos que se obtengan en La Habana. Sería un imposible constitucional", dijo el jefe del ente investigador en entrevista con W radio.

Según el Fiscal, lo acordado en La Habana se puede convertir en una ley estatutaria que debe ser aprobada por el Congreso y estudiada por la Corte Constitucional, tribunal que finalmente le dará el visto bueno si la norma se ajusta a la carta magna.

De otro lado, el jefe del ente investigador dio a conocer que está de acuerdo con el cese al fuego bilateral, antes del punto final del acuerdo de paz.

Esta propuesta se suma a lo anunciado el año pasado por el fiscal Montealegre, que dentro de la justicia transicional que el Gobierno espera aplicar en el posconflicto busca que “todos los guerrilleros desmovilizados, incluyendo a la dirigencia de las Farc, tienen que tener la oportunidad de participar en política y de que se abran para ellos las vías democráticas y electorales de participación”.

Para ello planteó la cuestionada tesis de que el narcotráfico podría pasar a ser un delito político, “no me cabe la menor duda de que el narcotráfico, cuando haya sido una herramienta, un instrumento dentro de la lucha armada de la insurgencia, puede entrar en el marco de la justicia transicional para efectos penales”, declaró.

El Fiscal dejó claro que la Constitución no prohíbe la inclusión del narcotráfico como delito político, y que por lo tanto deberá ser el Congreso quien determine “si es viable” tomar la decisión. 

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