Luego de que Dejusticia interpuso ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria, la organización explicó los motivos por los cuales adelantaron esta acción.
“La razón: aunque nominalmente las tarifas de los impuestos directos son progresivas, en la realidad quienes más ingresos y patrimonio tienen no pagan las tarifas tributarias más altas, debido a numerosos privilegios tributarios”, señalaron en su documento.
Por eso, para la organización, por el peso excesivo de los impuestos indirectos, el sistema tributario no tiene capacidad redistributiva y consideran que los niveles de desigualdad antes de impuestos y después de impuestos son básicamente los mismos.
En cuanto a la violación del principio de progresividad por el sistema tributario, la organización consideró que es evidente, por lo cual, a su juicio, es inconstitucional el estatuto tributario que estructura y contiene ese sistema.
“No pretendemos la inconstitucionalidad del estatuto tributario por purismo constitucional o por buscar protagonismos. La razón es profunda: la falta de progresividad del sistema tributario es uno de los factores esenciales de que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo”, expresaron.
De acuerdo con Dejusticia, el país necesita un pacto fiscal, que permita la adopción de un estatuto tributario progresivo, que sirva de sustento a la búsqueda de una sociedad democrática y justa y acorde con su petición, la organización encontró que la inconstitucionalidad del estatuto tributario sería la oportunidad de lograr ese pacto fiscal.
“No pretendemos que la Corte deje sin impuestos al país, lo cual sería una catástrofe, ni que la Corte corrija las inequidades del estatuto tributario, pues esa labor corresponde al Congreso”, argumentaron.
Por lo que, en su demanda, pidieron a la Corte que difiera a dos años, prorrogables a cuatro, los efectos de esa declaratoria de inconstitucionalidad, con el fin de que en ese período el Congreso, a iniciativa del gobierno y en el marco de un debate nacional, adopte un estatuto tributario, que respete el principio de progresividad.
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